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Legitimidad política y consumo
Revista
YACHAQ
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N
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y lo privado —lo cual constituye un hecho comple-
tamente nuevo en el contexto cultural democrático
contemporáneo, desde la neta diferenciación entre
ambos espacios que forjó y culminó la Modernidad
liberal— y que, como dice Agamben, se ha erigi-
do en la auténtica matriz oculta del espacio que se
presenta como político en la actualidad, en este
caso, referido bajo la siniestra metáfora del campo
de concentración. Con ello se alude al fenómeno
del confinamiento de las personas, sin ninguna
clase de presupuesto ni de garantía judicial, en es-
pacios concretos y cerrados, por su adscripción a
un colectivo genérico determinado por encima de
su individualidad propia. Este tópos aniquila la di-
ferencia entre lo público y lo privado dejando a la
persona al albur de las condiciones y del funciona-
miento sistémico de este espacio, sin que le quepa
la posibilidad de oponerse y, mucho menos, de re-
sistirse. Es importante aquí plantearse la siguiente
cuestión: ¿dónde puede encontrarse aquí lo político
—incluso, en su noción liberal—, como expresión
de la autonomía y de la libertad de la persona?
Mucho tiene que ver con ello la también actual,
podríamos decir, desnaturalización del lenguaje, el
cual ha sido objeto de una flagrante expropiación
por la vía de su hipertrofia; en última instancia, de su
vaciamiento. De nuevo nos viene aquí a la cabeza
el Foucault de Las palabras y las cosas, en su diag-
nóstico del extremo nominalismo que constituye
todo discurso —especialmente, el político— en las
sociedades democráticas en las que vivimos. Cier-
tamente, esto supone el relegamiento de lo político
a la mera esfera del gesto; como dice Agamben «a
la esfera de los medios puros totalmente a parte de
cualquier relación con sus fines, y que ha devenido
hoy la esfera propia de lo político» (p. 10).
Bajo estas ideas generales, pretendo reflexio-
nar aquí sobre las consecuencias que está teniendo
todo esto en el plano de la legitimidad política —a
mi juicio, la auténtica «piedra de toque» de lo polí-
tico, al menos desde la modernidad, que como es
sabido, es el momento en que se consuma la sepa-
ración entre los distintos órdenes del conocimiento
y de la acción humana— en nuestras democracias
actuales. La noción de «legitimidad política» es aquí
fundamental, ya que nos permite designar y esta-
blecer el auténtico y profundo tópos de lo político.
II. LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMIDAD POLÍ-
TICA HOY
Cada vez se habla menos de la legitimidad
en el ámbito de la filosofía política y jurídica actual.
La problemática que entraña esta noción se viene
solventando hoy mediante la apelación genérica
al procedimentalismo deliberativo democrático, el
cual, en términos generales, viene a reducir la legi-
timidad política a la mera legalidad procedimental.
He aquí la razón definitiva para cerrar cualquier de-
bate sobre lo político, so pena de ser tildado como
extrademocrático o antidemocrático si uno se ubica
fuera de estos límites. De este modo, se cancela
unívocamente cualquier tentativa de buscar otras
razones (Gómez, 2014).
Partiendo de aquí, la reducción de la legitimi-
dad a la legalidad consensuada hic et nunc supone
limitarla a una idea —podríamos decir— minimalis-
ta; esto es, a su consideración meramente cuan-
titativa desde indicadores empíricos basados en
criterios de medición. Son, pues, las encuestas, los
estados de opinión, las tendencias demoscópicas,
los cálculos y análisis de los datos electorales, etc.,
las que marcan, fundamentalmente, las pautas de
la legitimidad política postmoderna actual, de modo
que las políticas, las normas jurídicas y las institu-
ciones son legítimas cuando están respaldadas por
una actitud positiva de los ciudadanos en el marco
de las reglas del juego democrático. Lo legítimo se
ve, así, como algo en buena medida, coyuntural, re-
lativo, incluso, fungible.
Sin embargo, de este modo creo que se está
traicionando de raíz la misma noción de legitimidad,
la cual supone, por el contrario, la permanente ne-
cesidad de razones, de fundamentos lo suficiente-
mente sólidos y dinámicos para justificar la creencia
en el poder político y, consecuentemente, la obe-
diencia a sus normas. Por definición, la legitimidad
política implica apertura en la consideración y en
el ejercicio de lo político. Por lo tanto, es inevitable
plantearse de inmediato las siguientes cuestiones:
¿acaso no es esta la lógica del funcionamiento del
mercado y de su motor principal, el consumo?, ¿va-
len solamente el consumo, y los modos en que se
induce y se opera el consumo, como patrones de
relación y de vínculo entre las personas, para sos-
tener una determinada legitimidad política?, ¿cabe