Revista YACHAQ Nº 16

Publicada el 31 de enero del 2024

Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho

(CIED)

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

ISSN: 2707- 1197 (en línea)

ISSN: 1817 - 597 (impresa)

Fecha de recepción: 07/08/2023

Fecha de aceptación: 28/01/2024

[pp.35-55]

! !

Prognosis de pena: el límite

dúctil de la prisión preventiva

Sentencing prognosis: the ductile limit of remand

detention

Renzo Joel Chaiña Durán1

Resumen: La prognosis de pena es un presupuesto de la prisión cautelar

basado en la ulterior aplicación efectiva de una pena de cárcel, el legislador

peruano estableció recientemente que el pronóstico debe superar los 5 años,

no obstante, al día de hoy es posible evitar la prisión frente a penas probables

de mayor quantum. El aporte examinó si es adecuada la modificatoria del

presupuesto en cuestión, habiéndo para ello procedido a analizar literatura y

normativa nacional e internacional. Se observó que, al margen del quantum

de prognosis al que se arribe, la prisión preventiva es inaplicable si es posible

que al final del proceso no se disponga la carcelería, siendo que la previsión

legal del quantum adquirió autonomía y opera como un límite al poder

coercitivo, aplicable en casos en que la pena probable es incluso privativa de

la libertad, pero de menor duración, por lo que esta regla no puede ser

suprimida, más sí fortalecida.

Palabras clave: Prisión preventiva, prisión provisional, prognosis de pena,

gravedad de la pena, proporcionalidad.

Abstract: The prognosis of imprisonment is a requirement of remand

detention that is based on the subsequent effectiveness of a prison sentence,

the Peruvian legislator recently established that a prognosis of 5 years must

!!"#$%&'! &(! )&'&*+,$! -.(/01&(%02&$! 3! 4,/&'&$! 45627*,$! 8,'! 20! 9(7:&'$7/0/! /&2! 40;$! <0$*,=! >7260,=!

?$80@0A!10&$%'0(/,!&(!B7&(*70$!4&(02&$!&(!20!9(7:&'$7/0/!C0*7,(02!"03,'!/&!D0(!"0'*,$=!E710=!4&'5A!

&F'&$0/,!/&!20!?$*.&20!/&!)&'&*+,!/&!20!9(7:&'$7/0/!C0*7,(02!/&!D0(!G(%,(7,!G60/!/&2!B.$*,=!4&'5H!

BI/7F,!/&!JKBL)M!+%%8$MNN,'*7/H,'FNOOOOPOOOQPRSQTPUQOV!

B,''&,!&2&*%'I(7*,M!'&(W,H*+07(0X.(1$1H&/.H8&!

36 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán !

! !

be exceeded, nevertheless, nowadays it is possible to avoid imprisonment in

the face of probable higher sentences. The paper examined the

appropriateness of the modification of the budget in question, having

proceeded to analyze national and international literature and regulations for

that purpose. It was noted that, regardless of the quantum of prognosis

reached, remand detention is inapplicable if it is possible that imprisonment

will not be ordered at the end of the trial, being that the legal provision of

quantum acquired autonomy and operates as a limit to coercive power,

applicable in cases where the probable penalty is imprisonment, but shorter,

therefore, this rule cannot be abolished, but improved.

Keywords: Remand detention, pretrial detention, imprisonment prognosis,

severity of the prison sentence, proportionality.

INTRODUCCIÓN

Con cierta razón el Derecho Internacional desconfía de toda forma de privación

de la libertad (Castro, 2018). La cárcel punitiva es un fiasco respecto a sus propósitos

(Mathiesen, 1987/2003) y la prisión cautelar alcanzó puntos patológicos en su aplicación

práctica (Ferrajoli, 1989/1995), dando ambas lugar al hacinamiento carcelario que, a su

vez, se presenta como el más grave de los problemas que aquejan a la mayoría de los

países americanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2011).

Un contexto como este hizo imperativo que los discursos legitimadores y

supuestos habilitantes de la cárcel hayan sido puestos en continua tela de juicio,

produciéndose el punto más álgido del debate en torno a la prisión preventiva, al ser

considerada el problema por antonomasia del proceso penal (Andrés, 1997), su institución

maldita e intolerable (Binder, 2011), pues, además de compartir la naturaleza penosa de

la condena (Beccaria, 1764/2015), es aplicada en contra de personas en situación de

inocencia.

Muestra de lo anterior es que el desarrollo literario en la materia fructificó. El

estado de la cuestión es abundante y se enfoca en prácticamente todo lo que puede decirse

sobre la prisión preventiva, pero reflexiona con menor vehemencia a la prognosis de pena,

quizá por su aparente simpleza.

El incruste de la prognosis de pena en la prisión cautelar es, sin embargo, de

incuestionable importancia, permite verificar que la coerción no resulte tan o más grave

que la pena que probablemente corresponda imponer a las resultas del proceso (CIDH,

2009) y, de este modo, evitar una situación de irremediable desproporcionalidad e

inconstitucionalidad.

En lo que interesa al plano local, el artículo 268.b) del Código Procesal Penal, de

2004, normó originariamente a la prognosis de pena con una previsión cuantitativa

superior a los 4 años de privación de la libertad (Código Procesal Penal, 2004, Art. 268.b),

siendo luego modificado por el novísimo Decreto Legislativo N.° 1585, que ubica el

umbral penológico por encima de los 5 años en el afán de aliviar la clamorosa situación

nacional de hacinamiento carcelario (Decreto Legislativo N.° 1585, 2023).

Como manifiesta la Corte Suprema (Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, 2019),

la regla que prevé el quantum de la prognosis aterriza la antes mencionada cláusula de

! !

La proporcionalidad de la prisión sin condena puede ser vista desde tres

perspectivas: (a) proporcionalidad entre la medida cautelar y la sanción, en cuya virtud la

primera no puede ser más gravosa que la segunda; (b) proporcionalidad —como relación

racional— entre la medida y el fin que persigue, por la que el segundo no puede ser

desmedido a la luz de las ventajas que supone la primera; y, (c) proporcionalidad entre la

medida y los elementos de convicción que la sostienen, y los hechos imputados (Gialdino,

2014), en que no cabe una restricción iusfundamental tan severa frente a la imputación de

ofensas poco serias o de bagatela.

El presente trabajo se afinca en la primera de tales concepciones —entre la medida

cautelar y la punitiva—. Desde aquella se dicta que la violencia ejercida con la medida

de coerción no ha de superar a la de la propia pena, pues los procesados no pueden recibir

un peor trato que los condenados (Binder, 1999).

Para completar tal fórmula es preciso recordar que la prisión cautelar implica que

se anticipen los efectos de la sentencia condenatoria (Asencio, 1986), por lo que, entre la

prisión preventiva y la pena privativa de la libertad existe comunidad de naturaleza, al ser

idénticos los bienes personales afectados y el modo de restringirlos (Andrés, 2003).

Que la prisión preventiva alcance los mismos efectos y sea ejecutada de la misma

forma que la prisión punitiva impone como tamiz constitucional de aplicación que la pena

a imponer en una eventual condena no sea menos grave que una de carcelería efectiva

(Moreno, 2017), negándose la validez de la medida cautelar si, luego, podría sentenciarse

una consecuencia penal de menor restricción, ya que esta última se vería superada por la

cautela6.

El origen de esta cláusula de proporcionalidad se remonta aún al iluminismo del

siglo XVII que, enfocando su atención a la más severa de las prácticas previas a la

sentencia, la tortura construyó como presupuesto implícito que “ninguna medida cautelar

puede revestir una gravedad o intensidad semejante a la de una medida punitiva” (Bovino,

2005, p. 35)7.

Dicho postulado tiene vigencia actual y entra en consonancia con los

pronunciamientos de la región. En el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) derivó el requisito de

proporcionalidad de la prisión preventiva del artículo 8.2° de la Convención Americana

de Derechos Humanos (1997); habiendo luego la CIDH especificado en el informe del

caso de los hermanos Peirano Basso que, en clave a los artículos 5° y 6° de la Convención,

la prisión del presunto inocente no debe igualar a la pena, en cantidad o calidad, por lo

que deviene en inaplicable cuando la sanción prevista frente al delito materia de

imputación no es privativa de la libertad o cuando los datos del caso habilitan, en

abstracto, impedir la ejecución de una eventual condena (2009), rechazándose de esta

manera que, la reclusión cautelar pueda disponerse si a la postre no existirá una pena de

&!?2!'0W,(017&(%,!(,!&$!&_*2.$7:,! /&!20! 8'7$7I(!8'&:&(%7:0H!f018,*,!*06';0! 0827*0'!.(0!*,180'&*&(*70!

'&$%'7(F7/0!$7!$&!0/:7&'%&!Y.&!20!*0.$0!8.&/&!*,(*2.7'!*,(!.(0!*,($&*.&(*70!/&!1&(,'!7(%&($7/0/!Y.&!20$!

'&F20$!/&!'&$%'7**7I(!Y.&!8',:7&(&(!/&!20!*,180'&*&(*70=!*,1,!20!$.$%7%.*7I(!,!&_&(*7I(!/&!8&(0H!

'!E,$!8&($0/,'&$!/&2!72.17(7$1,!(,!820(%&0',(!.(!60'&1,!&$8&*;Z7*,!80'0!20!8'7$7I(!8'&:&(%7:0=!/0/,!Y.&!

80'0!0Y.&2!&(%,(*&$!20$!1&/7/0$!8.(7%7:0$!&'0(!8,'!2,!F&(&'02!1#$!F'0:&$!Y.&!20!8'7:0*7I(!/&!20!276&'%0/!

a>,:7(,=!VOO]bH!

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

proporcionalidad al ordenamiento adjetivo, pues está basada en la probable aplicación

efectiva de la cárcel y no de otra medida, por excederse el alcance de la suspensión de la

ejecución de la pena —originariamente para penas de hasta 4 años, ex artículo 57° del

Código Penal (1991)2—.

A pesar que en el acuerdo precitado se vincula a la prognosis con la suspensión

de la ejecución de la pena3, en el catálogo normativo peruano existen otras figuras que

pueden ser denominadas medidas de evitamiento de la cárcel o, simplemente, alternativas

o sustitutivos penales, y comparten la consecuencia de bloquear este tipo de pena (Prado,

1998).

A lo largo del tiempo el marco normativo de las medidas de evitamiento fue

variando y con aquel las consideraciones que sustentaban el quantum de la prognosis de

pena solo por encima de los 4 y, ahora, 5 años. En virtud del Decreto Legislativo N.°

1585, es actualmente posible que se aplique una conversión de pena frente a penas

privativas de la libertad de hasta 12 años (Decreto Legislativo N°1585, 2023).

En similar sentido, cabe sortear la cárcel mediante un acuerdo reparatorio

(Zepeda, 2018) o principio de oportunidad4, que en función a los incisos 6 y 8 del artículo

2° del Código Procesal Penal (2004), son de aplicación a múltiples delitos dolosos y todos

los culposos5, algunos de los cuales encuentran penas abstractas de privación de la libertad

significativamente mayores a 5 años que, al pretender aplicarse a los casos concretos,

pueden determinar una pena probable igualmente superior, pero evitable a través de la

abstención del ejercicio de la acción penal.

Lo descrito pone en cuestión si, con modificatoria incluida, es realmente adecuado

que se exijan los tan aludidos 5 años. El presente aporte tuvo por objeto abordar esta

situación problemática, buscando dar respuesta a la interrogante de si, bajo el escenario

planteado, es necesario variar la regulación de la prognosis de pena suprimiendo o

modificando su umbral penológico.

Para ello, se procedió a analizar la literatura y normativa nacional e internacional

pertinente a la materia, y formular una solución coherente a las notas particulares de la

legislación peruana que, sin soslayar el fundamento constitucional de la prognosis de

pena, defienda la autonomía del umbral penológico como medio de control al uso de la

medida de coerción personal más severa y su modificatoria solo para favorecer la libertad

de los procesados.

PROPORCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

"!4'&:7$7I(!Y.&!Z.&'0!%0167[(!7(*'&1&(%0/0!8,'!&2!)&*'&%,!E&F7$20%7:,!C\!Q]R]M!^0!]!0@,$!&(!2,$!$.8.&$%,$!

,'/7(0'7,$!3=!&_*&8*7,(021&(%&=!0!R!0@,$!*.0(/,!&2!0.%,'!&$!8'710'7,!3!%&(;0!1&(,$!/&!V]!0@,$!/&!&/0/!02!

1,1&(%,!/&!20!*,17$7I(!/&27*%7:0`aVOVUbH!

#!4',6062&1&(%&!8,'!$&'!20!1&/7/0!1#$!&182&0/0!80'0!&2./7'!20!&c&*.*7I(!/&!20!8&(0!8'7:0%7:0!/&!20!276&'%0/H!

$!"&*0(7$1,$!Y.&!%7&(&(!$.8.&$%,$!/&!0827*0*7I(!/7Z&'&(%&$=!8&',!016,$!%'060(!&2!&c&'*7*7,!/&!20!0**7I(!

8&(02! 3! 20! *,(%7(.0*7I(! /&2! 8',*&/717&(%,=! 8,'! 8'7:72&F70'! &2! 7(%&'[$! /&! 20$! :;*%710$! 3! 20! $71827Z7*0*7I(!

8',*&$02!aB,'%&!D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!G*.&'/,!42&(0'7,!OePVOQeNBLdPQQSbH!

%!40'0!20$!Z7F.'0$!*.28,$0$!&_7$%&!.(!62,Y.&,!2&F02!%'782&=!$7!(,!22&F0!0!0827*0'$&!&2!0*.&'/,!'&80'0%,'7,=!&2!

0'%;*.2,! ]VP>HU! B4! aQeeQb=! 1,/7Z7*0/,! 8,'! &2! )&*'&%,! E&F7$20%7:,! CH\! Q]R]! aVOVUb=! 10(/0! Y.&! 20!

*,(:&'$7I(! /&! 8&(0! 8'&:02&W*0! $,6'&! 20! &(*0'*&20*7I(! &(! 20! 1&/7/0! /&! 2,! 8,$762&=! /&67&(/,=! 0/&1#$=!

*,(:&'%7'$&!%,/0!8&(0!718.&$%0!8,'!/&27%,!*.28,$,!Y.&!$&0!7F.02!,!7(Z&'7,'!0!S!0@,$H!

38 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

cárcel o si, existiendo la posibilidad de imponer esta y no otra consecuencia, la cautela

alcanzará los mismos efectos, finalidades y naturaleza que la sanción8.

Criterio último que fuera replicado por la Corte IDH, pero con menor desarrollo,

cuando en la sentencia del caso Barreto Leiva vs. Venezuela sancionó: “una persona

considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada”

(2009, fundamento 122).

En lo que atañe al nivel local, existe también un reconocimiento pleno a la cláusula

de proporcionalidad. De ello da cuenta la Casación N.° 626-2013, Moquegua cuando

proscribe la prisión cautelar del que podría ser condenado a una pena privativa de libertad

suspendida —fundamento trigésimo segundo— y considera a la prognosis de pena como

un elemento de proporcionalidad —fundamento cuadragésimo primero— (Corte

Suprema de Justicia de la República).

Y, luego, zanjando cualquier resquicio de duda el Acuerdo Plenario N.° 01-

2019/CIJ-116, al expresar:

El artículo 268 del Código Procesal Penal, desde el sub principio de

proporcionalidad estricta fijó un mínimo legal de carácter objetivo, cuantitativo,

en función a la pena privativa de libertad previsible para el caso concreto —no de

simple conminación penal abstracta—. Estipuló, al respecto: «Que la sanción a

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad», bajo el

entendido implícito que más allá de cuatro años de pena privativa de libertad

siempre será efectiva (así, artículo 57 del Código Penal). (Corte Suprema de

Justicia de la República, fundamento 35)

NATURALEZA DE LA PROGNOSIS DE PENA

Si bien puede parecer que la prognosis de pena es la menos conflictiva de las

exigencias jurídicas de la prisión preventiva, presenta problemas operativos de tal

envergadura que niegan un consenso sobre lo que es o debería ser.

En líneas generales, la prognosis conlleva una estimación anticipada o pronóstico

de la pena que resultaría a la conclusión del proceso y se inserta en los ordenamientos

como motivo o límite a la prisión cautelar.

Hablar de la prognosis de pena como motivo, en el fondo, es afirmar que asume

la connotación de indicador de peligro procesal, a su vez, basado en una máxima de

experiencia: la fuga del encausado para evadir la ejecución de una eventual condena dado

el elevado pronóstico concreto de la pena (Del Río, 2020); en cambio, cuando se alude a

la prognosis como límite, el presupuesto solo sirve para reducir los casos en que la medida

puede ser aplicada (Del Río, 2016), correspondiendo verificar de forma separada si

existen motivos o razones para ejercitar la restricción iusfundamental.

Puede igualmente seguirse una corriente ecléctica, como en el caso español, donde

una pena probable igual o superior a los 2 años es un indicador —no definitivo— de

peligro procesal —por la gravedad del delito—, pero también supone que no corresponde

dictar la prisión provisional cuando el pronóstico es inferior (Virseda, 2015), pues sería

(!D.8.&$%,!&(!&2!Y.&!*,''&$8,(/&!*027Z7*0'!0!20!8'7$7I(!$7(!*,(/&(0!*,1,!.(0!0.%[(%7*0!8&(0!0(%7*780/0!3!

(,!*,1,!1&/7/0!*0.%&20'H!

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

aplicable una medida sustitutiva9; pese a lo cual, cabría de todos modos ordenar la

coerción personal sin atención al límite temporal (Rifá et. al., 2006), por muy leve que

sea la pena probable10 (Bellido, 2015) , en caso concurran circunstancias como la

pluralidad de los hechos imputados o los antecedentes del encausado (Asencio, 2003).

En el Perú la prognosis opera únicamente como límite, dado que, si no se supera

el pronóstico mínimo requerido, no procede —en ningún supuesto— analizar el peligro

procesal ni, mucho menos, imponer la medida de coerción (Corte Suprema de Justicia de

la República, Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116). A ello se añade que, el

ordenamiento cuenta con un indicador específico que permite valorar cómo incide el

quantum de la pena probable en el peligro procesal y es denominado “gravedad de la pena

que se espera como resultado del procedimiento” —artículo 269.2 CPP (2004)—.

Existe una diferencia clara entre ambas, la prognosis de pena es parte del fumus

boni iuris y la gravedad de la pena, del periculum in mora (Gálvez, 2017). Por ende, la

gravedad de la pena se evalúa de forma posterior (Del Río, 2016), no es un elemento de

proporcionalidad (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación N.° 626-2013,

Moquegua) e impacta en el peligro procesal, último para el que no es determinante, pero

disminuye su grado de cognición —de gran probabilidad a probabilidad prevalente—

(Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116).

Al margen de lo indicado por el artículo 268° CPP (2004), que trata genéricamente

a todas las exigencias de la prisión cautelar bajo la denominación de “presupuestos

materiales” y por la Corte Suprema, que diferencia entre presupuesto, y motivos o

requisitos, siendo el primero la “sospecha fuerte”11 y los segundos, la prognosis de pena

y el peligro procesal (Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116), corresponde, entonces,

calificar a la prognosis de pena como un auténtico límite a la prisión preventiva y no como

indicador de peligro procesal, o motivo o razón de ejercicio de la cautela.

Conforme a lo anterior, es notable que la prognosis de pena sigue la perspectiva

de proporcionalidad entre la medida y la sanción12; y, se erige en un muro de contención

al poder cautelar-coercitivo del Estado, un límite penológico (Del Río, 2016), cerco

(Roque, 2016) o elemento negativo que no funciona para nada más que identificar los

casos en que de ninguna manera puede existir la coerción más severa, siendo su

superación indiferente para justificar la necesidad de cautela y, en última instancia, la

privación de libertad13.

FORMAS DE DETERMINACIÓN

)!G$;! 17$1,=! 20! 8'&:7$7I(! &(! V! 0@,$! ,6&/&*&! 0! ,%',! 1,%7:,! 8',*&$02=! 20! 718,$76727/0/! /&! &(c.7*70'! 02!

8',*&$0/,!&(!$.!0.$&(*70!a);0W=!VOVQA!g0'*;0=!VOVQbH!!!

!*!G2!'&$8&*%,!&$!72.$%'0%7:,!&2!&$%./7,!/&!G20'*I(!$,6'&!20$!/&*7$7,(&$!/&!20!B,'%&!D.8'&10!&$80@,20!&(!

*0$,$!&(!Y.&!(,!&'0!8,$762&!&_*2.7'!6&(&Z7*7,$!02%&'(0%7:,$!0!20!&c&*.*7I(!/&!20!8&(0!60c,!20!Z,'10!8'7:0%7:0!

/&!276&'%0/!aVOQObH!

!!!)&!,*.''&(*70!/&2!/&27%,!3!80'%7*780*7I(!/&2!718.%0/,H!

!"!4.&/&!0Z7'10'$&!7F.021&(%&!Y.&!20!F'0:&/0/!/&!20!8&(0!&$80@,20!$&!*7'*.($*'76&!0!.(0!8&'$8&*%7:0!/&!

8',8,'*7,(027/0/!&(%'&!20!1&/7/0!3!&2!+&*+,!718.%0/,H!

!#!D71720'!8,$7*7I(!&(*.&(%'0!&2!8'&$.8.&$%,!/&!Z.(/0/,$!3!F'0:&$!&2&1&(%,$!/&!*,(:7**7I(!/&2!/&27%,!3!

:7(*.20*7I(!/&2!718.%0/,!h0'%;*.2,!VSRH0b!B44!aVOOibh=!%,/0!:&W!Y.&=!'&*,'/0(/,!20!Z7(027/0/!*0.%&20'!

/&!20!'&$%'7**7I(!0!20!276&'%0/=!$.!*,(*.''&(*70!&(!(0/0!c.$%7Z7*0!20!&(*0'*&20*7I(!$7(!*,(/&(0H!

40 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

El ordenamiento procesal establece penas-tipo abstractas y concretas (Del Río,

2016). La estimación que entraña la prognosis puede ser llevada a cabo considerando

únicamente el mínimo de la pena prevista en la ley penal para el delito imputado, esto es,

bajo un criterio abstracto; o, la pena que correspondería aplicar luego de meritadas todas

las circunstancias específicas del caso, es decir, adoptando un criterio concreto.

1. Criterio abstracto

En el criterio abstracto se considerará satisfecha la prognosis de pena en función

al mínimo de la pena conminada en la ley para el delito imputado (Roque, 2016). Postura

que encuentra respaldo en que establecer la modalidad y gravedad de la conducta

imputada requiere anticipar una suerte de mini-juicio, en desmedro de los derechos del

imputado (Salgado et. al., 2020).

La CIDH defiende este criterio de cómputo (2009), al sostener que el pronóstico

de pena ha de fundarse en el mínimo del marco penológico o en la más leve de las

consecuencias penales previstas para el delito imputado, ya que proceder en un sentido

distinto supondría que se analice la pena concreta y circunstancias —también concretas—

del hecho imputado, transgrediéndose con ello la presunción de inocencia, la

imparcialidad del juzgador y el derecho de defensa; pese a lo cual, podría sopesarse algún

dato fáctico particular siempre y cuando permita estimar una respuesta punitiva menor.

En base a lo último, el criterio abstracto puede ser matizado solo a favor del reo,

al habilitarse la valoración de las circunstancias concretas que pudieran disminuir la pena

por debajo del mínimo legal. Una reducción en este sentido puede ocurrir en el Perú con

la aplicación de las atenuantes privilegiadas14, causales de disminución de punibilidad15,

bonificación premial o procesal16 (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación

N.° 66-2017, Junín), y otros supuestos de índole supralegal17.

2. Criterio concreto

En el criterio concreto se parte de la pena prevista por ley, para luego meritar las

circunstancias específicas del caso, bajo una suerte de adelantamiento del juicio de

culpabilidad. Por este criterio se decanta el ordenamiento peruano (Corte Suprema de

!$!G5(!(,!2&F7$20/0$!aB,'%&!D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!B0$0*7I(!CH\!SSPVOQT=!d.(;(bH!

!%!?$%0$! 7(*7/&(! &(! 2,$! &2&1&(%,$! /&! 20! &$%'.*%.'0! /&2! /&27%,=! &(%'&! &220$! $&! &(*.&(%'0! 20! %&(%0%7:0=!

'&$8,($06727/0/! '&$%'7(F7/0! 8,'! 20! &/0/=! '&$8,($06727/0/! '&$%'7(F7/0! 8,'! 20$! &_71&(%&$! 718&'Z&*%0$! /&!

'&$8,($06727/0/! 8&(02=! &'','! /&! 8',+767*7I(! :&(*762&=! &'','! /&! 8',+767*7I(! *.2%.'021&(%&! *,(/7*7,(0/,!

:&(*762&!3!*,1827*7/0/!$&*.(/0'70!aB,'%&!D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!B0$0*7I(!SSPVOQT=!d.(;(bH!

!&!4,'!*,(Z&$7I(! $7(*&'0=!*,(*2.$7I(! 3!%&'17(0*7I(!0(%7*780/0$=! 3!*,206,'0*7I(! &Z7*0W!h0'%;*.2,$!QSQ\=!

UTV\=!iTQ\!3!iT]\!B44!aVOOib=!'&$8&*%7:01&(%&hH!

!'!f02&$!*,1,!20!0827*0*7I(!/&!2,$!8'7(*787,$!/&!7(%&'[$!$.8&'7,'!/&2!(7@,!aB,'%&!D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!20!

K&85627*0=!K&*.'$,!/&!C.27/0/!CH\!TSQPVOQR=!G8.';10*b=!8',8,'*7,(027/0/!aB,'%&!D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!

20! K&85627*0=! G*.&'/,! 42&(0'7,! ?_%'0,'/7(0'7,! CH\! QPVOQSNBLdPQQSA! f'76.(02! B,($%7%.*7,(02=! &_8H! CH\!

OOiQUPVOVQP4jBNfBb=!3!*,18&($0*7I(!8,'!/720*7,(&$!7(/&67/0$!3!&_%'0,'/7(0'70$!/&2!8',*&$,!aB,'%&!L)j=!

QeeTb=!8,'!+0*7(017&(%,!*0'*&20'7,!aB,'%&!L)j=!VOQRb!3!8,'!*.2806727/0/!/&$%'.*%7:0!aB,'%&!D.8'&10!/&!

d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!K&*.'$,!/&!C.27/0/!CH\!QOUUPVOQ]=!d.(;(bH!G$;!17$1,=!&(!*0$.;$%7*0!/&!:7,20*7I(!

$&_.02!$&!+0(!7(:,*0/,!,%'0$!*7'*.($%0(*70$!*,(!$71720'!&Z&*%,=!*,1,!20!.(7/0/!Z017270'!aB,'%&!D.8'&10!/&!

d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!K&*.'$,!/&!C.27/0/!CH\!STePVOVO=!G8.';10*b=!3!&2!*,($&(%717&(%,!/&!20!:;*%710=!

$.! /&$0'',22,! 8'&*,W! 3! 20$! '&20*7,(&$! $&(%71&(%02&$! Y.&! +.67&'0! 8,/7/,! 10(%&(&'! *,(! &2! 0F&(%&! aB,'%&!

D.8'&10!/&!d.$%7*70!/&!20!K&85627*0=!K&*.'$,!/&!C.27/0/!eOVPVOVO=!E710!D.'bH!

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

Justicia de la República, Casación N.° 626-2013, Moquegua, Acuerdo Plenario N.° 01-

2019/CIJ-116).

A efectos de llegar a la prognosis concreta, entonces, se ha de acudir a los

múltiples criterios de estimación previstos en el CP (Neyra, 2015; San Martín, 2020) y a

otros factores que también pudieran servir para determinar la pena, en especial los de

índole procesal y supralegal.

Como indica Oré, el juez tiene que verificar el grado de ejecución del delito y de

participación del imputado, la existencia de un concurso delictual o de leyes, la

concurrencia de supuestos de responsabilidad restringida, atenuación o agravación, o

exención de pena, todos los criterios de individualización de la pena, y demás

circunstancias, todo ello en clave a los hechos imputados y la base probatoria que aún se

encuentra en evolución (2016).

QUANTUM

A pesar de las grandes diferencias entre cada criterio de determinación y que el

abstracto resulta más favorable a la libertad —por partir del mínimo legal y permitir su

reducción, mas no su incremento—, en ambos se hace uso del número de años probables

de la condena. Sin embargo, es posible que el quantum varíe o sea suprimido18 por

consideraciones como la efectividad de la pena probable, la pena a partir de la cual se

infiere que el delito es grave y, en general, la necesidad de disminuir el uso de la prisión

preventiva, tornándose dúctil el límite que entraña la prognosis de pena.

A modo referencial, el Código Procesal Penal argentino (1991) no tiene ningún

dato cuantitativo para el presupuesto, mientras que el alemán —Strafprozeßordnung—

(1950) prevé umbrales de 6 meses y 1 año solo en relación a algunos supuestos taxativos

y el español —Ley de Enjuiciamiento Criminal— (1882) regula un umbral general de 2

años, que anteriormente fue de 3 y —luego— 6 años.

En lo que incumbe al caso peruano, el artículo 4° de la Ley N.° 28726 (2006), que

modifica el artículo 135.2 del Código Procesal Penal, de 1991, impuso como presupuesto

del mandato de detención —homólogo a la prisión preventiva— una prognosis de pena

superior a 1 año de privación de la libertad y/o la habitualidad del agente, regulación que

perdió operatividad con la Ley N.° 29499 (2010).

Posteriormente, el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1585 (2023) incrementó

la prognosis de pena del artículo 268° CPP a una superior a 5 años. Derrotero que no es

del todo sorpresivo si se toma en cuenta que, por un lado, la ratio essendi de la

modificatoria fue deshacinar y dar cumplimiento a la STC del caso Pocollay (Tribunal

Constitucional, exp. N.° 05436-2014-PHC/TC), que declara el estado de cosas

inconstitucional en materia carcelaria, habiendo ocurrido algo similar en Italia, que

incrementó su prognosis de 4 a 5 años (Codice di Procedura Penale, 1988), tras la

sentencia piloto del caso Torreggiani, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

se pronuncia sobre el mismo fenómeno (Turturro, 2021).

Y, por otro lado, que a la fecha de redacción del presente se encuentra en trámite

legislativo el Proyecto de Ley que refuerza la constitucionalidad y optimiza la aplicación

!(!D,(!8',8.&$%0$!/&!$.8'&$7I(!F&$%0/0$!/&$/&!&2!4&'5!20$!/&!>.'F,$!aVOO]b!3!D02I(!aVOQRbH!

42 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

de la prisión preventiva en la lucha contra la criminalidad (2023), en cuyo artículo 3° se

propone el incremento de la prognosis a un quantum superior a los 10 años de privación

de la libertad.

MEDIDAS QUE EVITAN LA CÁRCEL

El CP peruano recoge las siguientes medidas de evitamiento de la cárcel:

sustitución de pena, conversión de pena, suspensión de la ejecución de la pena, reserva

del fallo condenatorio y exención de pena (Prado, 1998).

Por imperio del principio de proporcionalidad debe privilegiarse la libertad frente

a la prisión en forma de medida cautelar y de pena, al ser de ultima ratio en los sistemas

procesal y de sanciones (Cid, 2010; Morillas, 2016; Turturro, 2020). En consecuencia,

todas y cada una de las medidas de evitamiento antes mencionadas adquieren un carácter

prevalente a la pena de privación de la libertad, debiendo ser también meritadas para la

prisión preventiva si se busca dar cumplimiento a la cláusula constitucional de

proporcionalidad.

La previsión de un quantum superior a los 4 años de pena privativa de libertad

acuñada en el texto originario del CPP peruano no obedeció a un capricho del legislador.

Considerando la normativa penal material existente a la fecha en que se promulgó el CPP

—22 de julio de 2004—, existe una clara relación entre el quantum de la prognosis de

pena y los límites penológicos previstos para aplicar las medidas de evitamiento.

Las entonces vigentes normas del CP (1991) regulaban que se podía aplicar: (a)

la sustitución para penas privativas de la libertad de hasta 4 años —artículo 32° CP bajo

la modificatoria implementada por el artículo único de la Ley N.° 27186 (1999)—; (b) la

conversión a multa para penas de 2 años, o a prestación de servicios a la comunidad o

limitación de días libres para penas de 4 años —artículo 52° CP también bajo la

modificatoria implementada por el artículo único de la Ley N.° 27186 (1999)—; (c) la

suspensión de la ejecución para penas de 4 años —texto original del artículo 57° CP—;

(d) la reserva del fallo condenatorio para penas de 3 años —texto original del artículo 62°

CP—; y, (e) la exención para penas de 2 años —texto original del artículo 68° CP— .

De tal manera, cuando se sancionó el artículo 268° CPP no existía medida de

evitamiento alguna que sea aplicable frente a penas privativas de la libertad que superen

los 4 años, resultando lógico que la prognosis de pena sea también ubicada por encima de

este quantum, a lo que se agrega que, ninguno de los dispositivos citados estipulaba

supuesto de exclusión alguno, por lo que cuando la pena privativa oscilaba entre el

mínimo de 2 días —artículo 29° CP (1991)— y los 4 años, era siempre posible que alguna

de las medidas cobre vigencia.

No obstante, la sucesión de leyes penales en el tiempo trajo sendas modificatorias

del marco normativo de las medidas antes acotadas, resaltando los cambios relativos a la

conversión de pena y a la propia prisión preventiva, pues se variaron sus umbrales

penológicos.

El Decreto Legislativo N.° 1322 (2017), reguló a la vigilancia electrónica personal

como una pena aplicable a través de la medida de conversión, estableciendo en su artículo

5.1.a) que esta procede «para el caso de los condenados, que tengan impuesta una

sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no mayor a ocho (08) años».

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

Más adelante, en virtud del Decreto Legislativo N.° 1514 (2020)19, se incorporó

el artículo 52-B al CP, que prevé que una pena concreta situada entre los 4 y 10 años de

privación de la libertad podrá ser convertida a la pena de vigilancia electrónica personal,

y una pena concreta situada entre los 7 y 10 años de privación de la libertad, a las penas

conjuntas de vigilancia electrónica personal y prestación de servicios a la comunidad o

limitación de días libres, tanto para el supuesto de conversión al momento de la condena,

como para la conversión en ejecución de sentencia.

Finalmente, el artículo 52-B CP fue modificado por el Decreto Legislativo N.°

1585 (2023), que asignó a los dos supuestos antes enunciados los marcos penológicos de

no más de 10 años y de 10 a 12 años, respectivamente.

Si ello es así, en la actualidad se regula como nuevo límite máximo para la

conversión de pena a los 12 años de privación de la libertad y es, en consecuencia, posible

eludir la pena de cárcel en procesos con pronósticos que alcancen este quantum20.

La conversión no es el único supuesto que eventualmente negaría que un delito

para el que se prevé una pena de cárcel superior a los 5 años llegue en efecto a merecerla.

Es necesario acudir al artículo 2° CPP, que recoge las figuras de principio de oportunidad

y acuerdo reparatorio, en cuya virtud el Estado se abstiene de ejercitar la acción penal

frente a delitos varios (2004), teniendo algunos de ellos penas conminadas dentro de cuyo

espectro se supera a la antes enunciada.

Bajo la literalidad de la ley, el acuerdo reparatorio —artículo 2.6 CPP (2004)—

puede concretizarse en relación a los delitos de: homicidio culposo, cuya modalidad más

agravada encuentra un marco penológico de 4 a 8 años de privación de la libertad —tercer

párrafo del artículo 111° CP—; lesiones leves, con 8 a 14 años —artículo 122.4 CP—;

lesiones culposas, con 4 a 6 años —artículo 124° CP—; apropiación ilícita, con 3 a 6 años

—segundo y cuarto párrafo del artículo 190° CP—; y, estafa, con 1 a 6 años —artículo

196° CP— (1991).

Así mismo, el principio de oportunidad —artículo 2.8 CPP (2004)— puede operar

en los delitos de: ingreso ilegal al territorio nacional de residuos peligrosos, con 4 a 8

años —primer y segundo párrafo del artículo 307-A CP—; ingreso ilegal al territorio

nacional de residuos peligrosos agravado, con 8 a 10 años —artículo 307-B CP—;

financiamiento de la minería ilegal, con 4 a 12 años —artículo 307-C CP—;

obstaculización de la fiscalización administrativa, con 4 a 8 años —artículo 307-D CP—

; y, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal, con 3 a

6 años de la misma pena —primer y segundo párrafo del artículo 307-E CP— (1991).

A pesar que el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad no son, en

puridad, sustitutos o alternativas penales, y a nivel práctico no existe consenso sobre su

aplicación a todos los delitos antes referidos, para los efectos de la prognosis de pena se

!)!D7!67&(!&2!)&*'&%,!E&F7$20%7:,!CH\!Q]Qi!aVOVOb!&$!.(0!(,'10!&:0*.0/0!&(!%7&18,$!/&!80(/&170!*,(!

17'0$!0!20!/&$*0'*&20*7I(=!0!/7Z&'&(*70!/&!20$!/&1#$!F&$%0/0$!&(!&2!17$1,!8&'7,/,!h)&*'&%,$!2&F7$20%7:,$!

CH\!Qi]e!aVOVOb!3!CH\!Q]QU!aVOVOb=!)&*'&%,$!D.8'&1,$!CH\!OOiPVOVOPd9D!aVOVOb!3!CH\!OO]PVOVOPd9D!

aVOVOb=! K&$,2.*7I(!G/17(7$%'0%7:0! CH\!OOOQQRPVOVOPB?P4d! aVOVOb=!&(%'&! ,%'0$h=! (,! %.:,! .(! Z0*%,'! /&!

0827*0*7I(!%&18,'02!'&$%'7(F7/,!3!$&!&(*.&(%'0!:7F&(%&!&(!%,/,!0Y.&22,!Y.&!(,!Z.&!%#*7%01&(%&!/&',F0/,!8,'!

&2!)&*'&%,!E&F7$20%7:,!CH\!Q]R]!aVOVUbH!

"*!D02:0(/,!2,$!$.8.&$%,$!/&!&_*2.$7I(!8'&:7$%,$!&(!&2!)&*'&%,!E&F7$20%7:,!CH\!QUVV=!1,/7Z7*0/,!8,'!2,$!

)&*'&%,$!E&F7$20%7:,$!CH\!Q]Qi!aVOVOb!3!CH\!Q]R]!aVOVUbH!

44 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

sigue la misma lógica: acudir a la prisión cautelar frente a estos casos resulta

desproporcionado en tanto en cuanto en el pronóstico existe una hipótesis distinta a la

pena de cárcel.

Cabe precisar en torno a estas dos figuras últimas que, si bien la

desproporcionalidad de aplicar la prisión preventiva obviando su existencia ha sido

parcialmente resuelta con el reciente Decreto Legislativo N.° 1585 (2023), que prevé a la

vigilancia electrónica como medida preferente frente a los delitos —dolosos—

acompañados de una pena no mayor a 7 años e indirectamente prohíbe la cárcel cautelar

respecto a todo delito culposo; se obvia la desproporcionalidad que subsiste en torno a

los delitos dolosos con pronósticos de pena superiores a los 7 años, pero evitables,

teniendo además un carácter —solo— discursivo en torno al desuso de la medida para los

pronósticos superiores a 5, e iguales o inferiores a 7 años, habida cuenta que la prisión

preventiva fue siempre subsidiaria.

IMPLICANCIAS DEL PRESUPUESTO

Se ha denunciado recurrentemente que las exigencias de la prisión preventiva se

analizan subjetiva y caprichosamente, situación que no es del todo replicable a la

prognosis de pena. Este presupuesto está más alejado de la subjetividad (Missiego, 2021)

y funge como una contención importante a la cautela procesal más grave, sin embargo,

no está libre de problematización, lo que se refleja principalmente en su naturaleza y

quantum.

La prognosis de pena es, en estricto, un límite y no un motivo de la prisión

preventiva, como cuestionablemente consideran la Corte Suprema peruana (Acuerdo

Plenario N.° 01-2019/CIJ-116) y autores como San Martín Castro (2020). Aquello supone

que no asume el rol de indicador de peligro procesal y que su análisis está desvinculado

del peligrosismo procesal, pues para tal fin se cuenta con el indicador de gravedad de la

pena.

Entender a la prognosis de pena como un motivo de la prisión preventiva

implicaría privar de toda operatividad al indicador de gravedad de pena y tender a la

encarcelación de todos los encausados por imputaciones de delitos con penas abstractas

superiores a los 5 años, lo que, dado el elevado quantum de las penas que prevé el

ordenamiento peruano, a su vez contravendría el rol excepcional y de ultima ratio de la

prisión sin condena.

Lo que sustenta la incorporación del presupuesto al derecho objetivo peruano es

la relación de proporcionalidad entre la medida cautelar y la sanción penal, que se ve

reflejada en la efectividad de una pena probable ulterior de privación de la libertad, como

se reconoció en el Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116 (Corte Suprema de Justicia de

la República). Bajo esa perspectiva, puede afirmarse con seguridad que si el ordenamiento

permite evitar la efectividad de penas de cárcel elevadas —de 15, 20 o más años—,

incluso en tales casos será inviable la encarcelación preventiva.

El presupuesto se vincula a todas las figuras que pueden negar la materialidad de

la cárcel, en el sentido más amplio de la expresión. Pese a que, por la sucesión de leyes

penales en el tiempo, pudieran discordar sus marcos de aplicación, no procede dictar una

prisión preventiva cuando es posible que a la decisión final acompañe una consecuencia

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

distinta al encarcelamiento.

Así, en todos los casos en que la pena probable supera los 5 años, pero resulta

viable bloquear la cárcel —sea por una medida de evitamiento como la conversión de

pena, o por otro supuesto que tenga el mismo efecto, como el acuerdo reparatorio o el

principio de oportunidad—, es un imposible jurídico que se dicte la coerción cautelar más

grave, por ser de abierta desproporcionalidad.

En cambio, si el pronóstico es menor o igual a los 5 años, pero es imperativo

imponer una pena de cárcel, no cabe el encarcelamiento provisional (Corte Suprema de

Justicia de la República, Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116), por más que se

verifique el fundamento constitucional, ya que lo opuesto transgrediría los principios de

legalidad, deferencia al legislador y, claro está, libertad personal21.

Por ende, la legislación del quantum adquiere cuotas de autonomía respecto a las

figuras que bloquean la cárcel. El umbral penológico opera bajo sus propias reglas y

puede favorecer a la libertad del reo incluso cuando no cabe la abstención del ejercicio de

la acción penal o el uso de las medidas de evitamiento.

¿SE DEBE SUPRIMIR O MODIFICAR EL UMBRAL PENOLÓGICO?

Dada la naturaleza de límite de operatividad del presupuesto, suprimir su quantum

entraña efectos negativos. Con ello, cabría dictar prisión preventiva en contextos en que

la pena probable es inferior o igual a 5 años, pero no existen figuras que nieguen la cárcel.

Lo acotado es manifiestamente contrario a la progresividad de las normas

vinculadas a derechos fundamentales y permitiría que se aplique la cárcel sin condena

para casos en que hasta ahora no es posible.

En lo que atañe a la variación. Aún si la pena probable es superior a los 5 años, la

prisión preventiva resulta desproporcionada cuando es posible evitar la cárcel,

pudiéndose superar con relativa facilidad la barrera de la ley procesal penal a través de

una lectura constitucional de las normas relativas a la prognosis de pena y determinación

de la pena concreta, sin que para ello se tenga que efectuar una modificación legislativa.

No es conveniente variar, sin más, el quantum de la prognosis de pena,

supeditándolo a las medidas de evitamiento, por cuanto la regulación de tales figuras es

tratada bajo un enfoque reduccionista, en que el legislador muestra tendencia a

suprimirlas y variar sus umbrales penológicos (Prado, 2019), lo que terminaría por

imponer a la prisión preventiva un parámetro por demás volátil e incierto; ocurriendo algo

similar en torno a los mecanismos de abstención del ejercicio de la acción penal, dada la

falta de consenso sobre su uso.

La situación se enrevesa aún más al tener en cuenta que, la pena probable y la

pena a ejecutar pueden ser estimadas a través de normas no legisladas y figuras distintas

"!!4.&/&!0''760'$&!0!&$%0!*,(*2.$7I(!%0167[(!&(!60$&!0!.(0!7(%&'8'&%0*7I(!$7$%&1#%7*0!/&!$,2,!'&F20$H!?2!

0'%;*.2,!<LLHU!/&2!f;%.2,!4'&2717(0'!B44!8',+;6&!7(Z&'7'!Y.&!*06&!20!8'7$7I(!8'&:&(%7:0!*.0(/,!20!8',F(,$7$!

&$!7(Z&'7,'!02!.16'02!8&(,2IF7*,=!8&',!20!8&(0!8',6062&!&$!/&!*#'*&2!&Z&*%7:0=!*.0(/,!&_8'&$0!Y.&!20!2&3!Y.&!

*,0*%&!20!276&'%0/!h0'%;*.2,!VSRH6b!B44=!&(!&2!&_%'&1,!Y.&!$&@020!Y.&!/&6&!$.8&'0'$&!2,$!]!0@,$h!/&6&!

$&'!7(%&'8'&%0/0!'&$%'7*%7:01&(%&=!Y.&/0(/,!:&/0/0$!20!7(%&'8'&%0*7I(!&_%&($7:0!3!20!0(02,F;0!&(!%0(%,!(,!

Z0:,'&W*0(!20!276&'%0/!/&2!718.%0/,!,!&2!&c&'*7*7,!/&!$.$!/&'&*+,$!aVOOibH!

46 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

a las medidas de evitamiento, adquiriendo relevancia la discrecionalidad de cada juez22.

Como ya sucedió (Corte Suprema de Justicia de la República, Consulta del exp. N.°

10541–2019, Puno), el aparato judicial podría considerar que las reglas que restringen las

medidas para un delito comprenden supuestos que no deberían —son supraincluyentes

(Schauer, 1991/2004), al mediar una laguna axiológica (Atienza, 2017)—,

correspondiendo —vía ponderación— desbloquear la alternación o sustitución penal.

Para armonizar el quantum normativo de la prognosis de pena con las figuras que

evitan la cárcel antes tendría que uniformizarse las reglas de aplicación de estas últimas,

extendiendo su alcance a todos los delitos y bajo un marco penológico inmutable, lo que

es, sin embargo, poco realista.

Sin perjuicio de lo anterior, al haber el umbral penológico peruano alcanzado

autonomía, debe defenderse su respeto de forma independiente a la cláusula de

proporcionalidad y, siguiendo al Derecho Internacional23 y la política constitucional

nacional24, buscar su modificación siempre para elevar el muro a sortear si se pretende

hacer uso de la prisión sin condena, paliar los efectos nocivos25 y dar mayor espacio a

otro tipo de figuras.

Es pertinente recordar que algunas de las medidas más eficaces para reducir las

cifras carcelarias pasan por limitar los supuestos en que se satisface el fumus boni iuris

de la prisión preventiva, sea a través del establecimiento de un catálogo de delitos

numerus clausus fuera de los cuales no procede aplicarla y/o mediante el endurecimiento

de la pena —probable— a partir de la que está es procedente (Gascón, 2010).

En consecuencia, resulta previsible que el rigor de la prognosis de pena y de las

medidas de evitamiento de la cárcel se torne inversamente proporcional al despliegue de

la prisión preventiva, por lo que, con su modificatoria se puede fomentar el desuso de la

""!?(!&2!4&'5!$,(!c.&*&$!/7$%7(%,$!2,$!Y.&!718,(&(!20!8'7$7I(!8'&:&(%7:0!3!&$%#(!*,(:,*0/,$!0!&$%710'!20!

8&(0! 8',6062&=! /&! 2,$! Y.&! &17%&(! $&(%&(*70! 3! %&'17(0(! 8,'! Z7c0'! 20! 8&(0! &c&*.%062&H! E0! 8',F(,$7$! 2&$!

*,''&$8,(/&! 0! 2,$! c.&*&$! /&! 7(:&$%7F0*7I(! 8'&80'0%,'70! h0'%;*.2,! Ve\! B44! aVOOibh=! 17&(%'0$! Y.&! 20!

/&%&'17(0*7I(!*,(*'&%0!0!2,$!/&!c.WF017&(%,=!$&0!&(!c.WF0/,$!.(78&'$,(02&$!,!*,2&F70/,$!h0'%;*.2,!VR\!

B44! aVOOibh=! 8./7&(/,! *0/0! .(,! %&(&'! .(! *'7%&'7,! /7$%7(%,! $,6'&! 20! *,($&*.&(*70! Y.&! &2! *0$,! 01&'7%0H!

?_*&8*7,(021&(%&!22&F0(!0!$&'!2,$!17$1,$!*.0(/,!2,$!c.&*&$!/&!7(:&$%7F0*7I(!8'&80'0%,'70!/7*%0(!$&(%&(*70!

/&!%&'17(0*7I(!0(%7*780/0!3!*.0(/,!2,$!/&!c.WF017&(%,!/7*%0(!8'7$7I(!8'&:&(%7:0!&(!k$&F.(/0!7($%0(*70l!

h0'%;*.2,$!iSR\!3!Uee\!B44!aVOOib=!'&$8&*%7:01&(%&hH!!

"#!?2!)&'&*+,!L(%&'(0*7,(02!10'*0!*,1,!80.%0!0!2,$!?$%0/,$!Y.&!&:7%&(!20!8'7$7I(!*0.%&20'=!'0%7Z7*0(/,!$.!

06$,2.%0! &_*&8*7,(027/0/! 3! 8',1,:7&(/,! &2! .$,! /&! 1&/7/0$! 02%&'(0%7:0$H! E,$! 8'7(*7802&$! 7($%'.1&(%,$!

&$8&*;Z7*,$!&(!&$%0!2;(&0!$,(!20$!K&F20$!1;(710$!/&!20$!C0*7,(&$!9(7/0$!$,6'&!20$!1&/7/0$!(,!8'7:0%7:0$!/&!

20!276&'%0/!aK&F20$!/&!f,m7,b!aQeeOb=!20!K&$,2.*7I(!QNOR=!4'7(*787,$!3!6.&(0$!8'#*%7*0$!$,6'&!20!8',%&**7I(!

/&!20$!8&'$,(0$!8'7:0/0$!/&!276&'%0/!&(!20$!G1['7*0$!aBL)j=!VOORb=!3!20!K&*,1&(/0*7I(!a9?b!VOVUNSRQ!/&!

20!B,17$7I(=!D,6'&!2,$!/&'&*+,$!8',*&$02&$!/&!20$!8&'$,(0$!$,$8&*+,$0$!,!0*.$0/0$!$,1&%7/0$!0!8'7$7I(!

8',:7$7,(02!3!$,6'&!20$!*,(/7*7,(&$!10%&'702&$!/&!'&*2.$7I(!aVOVVbH!

"$!E0! 8,2;%7*0! *,($%7%.*7,(02! (0*7,(02! &$! *,(%'0'70! /&! Z,'10! %0c0(%&! 02! &_*&$7:,! .$,! 0*%.02! /&! 20! 8'7$7I(!

8'&:&(%7:0!3!10(/0!$.!*,160%&!*,1,!1&/7,!/&!/&$+0*7(017&(%,!af'76.(02!B,($%7%.*7,(02=!&_8H!O]iUSP

VOQiP4jBNfBbH!

"%!K&8'&$&(%0'!20$!17$&'70$!/&!20!8'7$7I(!8'&:&(%7:0!Y.7W#!$&0!.(0!%0'&0!0!20!02%.'0!/&!g,30!,!&2!>,$*,H!D7(!

8'&%&($7I(!/&!F&(&'0'!.(0!27$%0!&_+0.$%7:0=!7(:&$%7F0*7,(&$!/&!,%'0$!20%7%./&$!*,(*2.3&(!Y.&!&(%'&!2,$!&Z&*%,$!

0/:&'$,$! /&! 20! 8'7$7I(! 8'&:&(%7:0! $&! &(*.&(%'0! &2! 7(*'&1&(%,! *,($7/&'062&! 3! +0$%0! /&%&'17(0(%&! /&! 20!

8',606727/0/! /&! *,(/&(0! a)70W! n! D020$=! VOVVA! -,(/&:720! n! o.7(%0(0PC0:0''&%&=! VOVOb=!/&%&'7,',! /&!20!

$02./!1&(%02=!103,'!8'&$&(*70!/&!/&8'&$7I(!Y.&!&(!2,$!8',87,$!*,(/&(0/,$!ad71[(&WP4.7F!"#! $%&=!VOVQb=!

&$%7F10%7W0*7I(! 0(%7*780/0=! /7$17(.*7I(! /&2! 08&F,! 02! 1&'*0/,! 206,'02! Z,'102! 3! h1.*+0h! 103,'!

,(&',$7/0/!&(!2,$!F0$%,$!/&2!?$%0/,!a),667&!"#!$%H=!VOQRbH!!

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

coerción de forma verdadera y significativa.

Mientras mayor sea el quantum legal mínimo de la prognosis de pena o el número

de procesos en que se prevé la aplicación de una medida de evitamiento, menor será la

cantidad de presos preventivos y viceversa.

Bajo tales consideraciones, sería beneficioso que del dispositivo de la prognosis

de pena —artículo 268.b) CPP (2004)— se desprendan dos aspectos: (a) la prognosis de

pena gira en todo a la probable efectividad de una pena privativa de la libertad futura y

(b) la prisión preventiva no puede tener lugar ante la posibilidad que opere una figura que

evite la cárcel. Todo ello sin suprimir el umbral penológico, respecto al que solo cabe una

modificatoria que incremente el quantum ya fijado.

Es una fórmula coherente a lo planteado: «el juez, a solicitud del Ministerio

Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros

recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: … b) Que

la sanción a imponerse es pena privativa de libertad efectiva en su ejecución. En todo

caso se requerirá que la privación de la libertad sea superior a cinco [o más] años…».

Con todo, la regulación más específica es recomendable, pero no imprescindible.

La inviabilidad de una prisión preventiva desproporcionada es de orden supralegal y su

incumplimiento un problema de índole práctico, siendo este el primer ámbito desde el

que debe procurarse el respeto pleno al principio de proporcionalidad al momento de

valorar la prognosis de pena.

CONCLUSIONES

La prognosis de pena es un presupuesto de la prisión preventiva que opera como

un límite y no como uno más de sus motivos o razones de ejercicio. El fundamento que

subyace a este presupuesto en el ordenamiento peruano es la relación de proporcionalidad

entre la medida cautelar y la ulterior efectividad de la pena privativa de libertad.

En tal sentido, pese a que el pronóstico supere los 5 años de prisión de ningún

modo corresponderá la coerción personal si puede cobrar vigencia una figura de potencial

evitamiento de la cárcel, sea cual sea.

No ocurre lo mismo en una situación inversa. En mérito a la naturaleza de límite

de operatividad del presupuesto, no podrá dictarse la prisión preventiva si la pena

probable es inferior a los 5 años, pero no cabe ninguna medida que niegue la cárcel.

El límite penológico legal adquirió autonomía y beneficia a la libertad del

imputado al permitir bloquear la cárcel cautelar en casos en que incluso se cumple la

cláusula de proporcionalidad, por lo que no cabe su supresión, mas sí una modificatoria

favorable a la libertad —de más años—.

Es conveniente que el resto de la regulación de la prognosis de pena sea

aggiornado en clave a su fundamento constitucional, mas no imprescindible. El estado de

la cuestión sustenta la inviabilidad de la prisión preventiva cuando la pena probable no es

de cárcel y/o es igual o inferior a los 5 años de privativa de libertad.

REFERENCIAS

Bibliográficas

Alarcón, H. (2010). Prisión preventiva, terremoto y saqueos: comentario a las sentencias

48 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

de la Corte Suprema. Ius et Praxis, 16(2), 393-414.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122010000200014

Andrés, P. (1997). Presunción de inocencia y prisión sin condena. Revista de la

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 9(13), 5-18.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r16968.pdf

Andrés, P. (2003). El juez y la prisión provisional. En Crítica y justificación del Derecho

penal en el cambio de siglo (pp. 15-29). Ediciones de la Universidad de Castilla -

La Mancha. https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/10/1_el-juez-y-la-

prision-provisional.pdf

Asencio, J. (1986). La prisión provisional [Tesis para optar al grado de doctor en

Derecho, Universidad de Alicante]. RUA. http://hdl.handle.net/10045/3483

Asencio, J. (2003). Notas sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Prisión Provisional.

Iustel(1).

https://www.iustel.com/V2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=400918&d=1

Atienza, M. (2017). Ponderación y sentido común jurídico. Filosofía del Derecho y

transformación social. https://dfddip.ua.es/es/documentos/ponderacion-y-

sentido-comun.pdf?noCache=1415615082659

Beccaria, C. (2015). Tratado de los delitos y de las penas (Traducción de Martínez, M.).

Universidad Carlos III de Madrid. (Originalmente publicado en 1764).

http://hdl.handle.net/10016/20199

Bellido, R. (2015). La prisión provisional y las medidas alternativas aseguradoras de la

presencia del encausado en el borrador del Código Procesal Penal. En V. Moreno,

Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Mesa 4). Tirant lo Blanch.

Binder, A. (1999). Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc S.R.L.

https://aulavirtual4.unl.edu.ar/pluginfile.php/6885/mod_resource/content/1/Intro

ducci%C3%B3n-al-derecho-Procesal-Penal.-Binder.pdf

Binder, A. (2011). La intolerabilidad de la prisión preventiva. Pensamiento Penal, 1-3.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/29870-intolerabilidad-prision-

preventiva

Bovino, A. (2005). Contra la Inocencia. Pensamiento Penal, 1-42.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/30205-contra-inocencia

Burgos, M. (2005). Principios rectores del Nuevo Código Procesal Penal. El nuevo

proceso penal. Estudios fundamentales. Palestra.

Castro, A. (2018). Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en

materia de imputados y condenados privados de libertad. Anuario De Derechos

Humanos(61), 35–54. https://doi.org/10.5354/0718-2279.2018.49161

Cid, J. (2010). La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la

prisión y la realidad española: una brecha que debe superarse. Estudios penales y

criminológicos(XXX), 55-84.

https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4155/pg_055-

084_penales30.pdf;jsessionid=6DB5987DB66D17D1EB18CFFBD82243AE?se

quence=1

CIDH. (2011). Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de

Libertad en las Américas.

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf

Del Río, G. (2016). Las medidas cautelares personales del proceso penal peruano [Tesis

para optar al grado de doctor en Derecho, Universidad de Alicante]. RUA.

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54307

Del Río, G. (2020). Medidas cautelares personales (II). En J. Asencio, & O. Fuentes,

Derecho procesal penal (pp. 313-336). Tirant lo Blanch.

Diaz, A., & Salas, L. (2022). Pretrial detention and conviction. European Journal of Law

and Economics, 53(1), 1–25. https://doi.org/10.1007/s10657-021-09723-4

Díaz, M. (2021). Prisión provisional. Libertad provisional. Medidas de protección de las

víctimas de violencia de género, doméstica y menores de edad y con la capacidad

judicialmente modificada. Otras resoluciones provisionales. En V. Gimeno, M.

Díaz, & S. Calaza, Derecho procesal penal (pp. 385-406). Tirant lo Blanch.

Dobbie, W., Goldin, J., & Yang, C. (2018). The Effects of Pre-Trial Detention on

Conviction, Future Crime, and Employment: Evidence from Randomly Assigned

Judge. American Economic Review, 108(2), 210-240.

https://law.yale.edu/sites/default/files/area/workshop/leo/leo16_yang.pdf

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (Traducción de

Andrés, P., Ruiz, A., Bayón, J. C., Terradillos, J., & Cantarero, R.). Trotta.

(Originalmente publicado en 1989).

https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/5694a779b4871166c0edb73b407c95

29.pdf

Fondevila, G., & Quintana-Navarrete, M. (2020). Determinantes de la sentencia:

Detención en flagrancia y prisión preventiva en México. Latin American Law

Review (4), 49–72. https://doi-

org.unmsm.lookproxy.com/10.29263/lar04.2020.03

Gálvez, T. (2017). Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal.

Conforme a la modificación constitucional y decretos legislativos. Ideas Solución

Editorial.

García, T. (2021). La prisión provisional: principios y presupuestos. En P. Simón, & A.

Abadías, Presos sin condena. Límites y abusos de la institución cautelar al albur

de la reforma de la LECrim. Aranzadi.

Gascón, F. (2010). Temas de derecho procesal penal de México y España. En D.

Cienfuegos, C. F. Natarén, & C. Ríos, La reforma de la prisión provisional en

España (págs. 237-274). Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM.

Gialdino, R. E. (2014). Prisión preventiva y Derecho Internacional de los Derechos

Humanos: una revisita. Revista de Derecho Penal y Criminología (9), 225-250.

https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/doctrina43436.pd

Jiménez-Puig, E., Martínez, L., & Alzola, C. (2021). Ansiedad, depresión, bienestar

subjetivo y salud mental general en reclusos. Revista Cubana de Medicina Militar,

20(3), e02101292. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

65572021000300005&lng=es&tlng=es

Mathiesen, T. (2003). Juicio a la prisión. Una evaluación crítica (Traducción de Zamune,

A.). EDIAR. (Originalmente publicado en 1987).

https://proletarios.org/books/Mathiesen-Juicio_a_la_prision.pdf

Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

Missiego, J. (2021). Uso y abuso de la prisión preventiva en el proceso penal peruano.

Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho(53), 125-135.

https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2021.n053.5073

Moreno, V. (2017). Lección 20. La prisión provisional y la libertad provisional. En V.

Moreno, & V. Cortés, Derecho procesal penal (pp. 343-367). Tirant lo Blanch.

Morillas, L. (2016). Reflexiones sobre la prisión preventiva. Anales de Derecho, 34(1),

1-38. https://doi.org/10.6018/analesderecho

Neyra, J. (2015). Tratado de derecho procesal penal. IDEMSA.

Oré, A. (2016). Derecho procesal penal peruano. Gaceta Jurídica.

Prado, V. (1998). Las medidas alternativas a las penas privativas de la libertad en el

Código Penal peruano. Cathedra - espíritu del Derecho, 2.

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/la_med_

alt_priv_lib.htm

Prado, V. (2019). Derecho Penal y Política Criminal. Problemas contemporáneos.

Gaceta Jurídica.

Rifá, J., González, M., & Riaño, I. (2006). Derecho Procesal Penal. Gobierno de Navarra.

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/913EC53B-45CB-471D-9142-

9B186D079240/305602/PL13.pdf

Roque, P. (4 de noviembre de 2016). ¿Presupuesto sustancial encubierto?: La prognosis

de pena y su falta de respaldo objetivo frente a otros criterios procesales para la

imposición de la prisión preventiva. Derechopenalonline. Recuperado el 5 de julio

de 2023 de: https://derechopenalonline.com/presupuesto-sustancial-encubierto-

la-prognosis-de-pena-y-su-falta-de-respaldo-objetivo-frente-a-otros-criterios-

procesales-para-la-imposicion-de-la-prision-preventiva-en-peru/

Salgado, Á., Ordoñez, R., & Luna, F. (agosto del 2020). Prisión provisional: Una

aproximación dogmática y procesal desde una perspectiva colombiana. Archivos

de criminología, seguridad privada y criminalística, 15(8), 201–220.

https://doi.org/10.5281/zenodo.3972453

Salón, J. (2018). La prognosis de la pena, como presupuesto necesario para la prisión

preventiva y el principio de presunción de inocencia. [Tesis para optar al título de

abogado, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio Digital de la UPAO.

https://hdl.handle.net/20.500.12759/4041

San Martín, C. (2020). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Instituto Peruano de

Criminología y Ciencias Penales; Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales.

Schauer, F. (2004). Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones

basada en reglas en el derecho y en la vida cotidiana (Traducción de Orunesu,

C., & Rodríguez, J. L.). Marcial Pons. (Originalmente publicado en 1991).

Turturro, S. (2020). Las sentencias piloto del TEDH sobre los tratos inhumanos y

degradantes en las cárceles europeas. Eunomía. Revista en Cultura de la

Legalidad(18), 130-147. https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5267

Turturro, S. (diciembre del 2021). Libertad personal versus prisión provisional: un

derecho minusvalorado por razones anacrónicas. Revista de las Cortes

Generales(111), 313-344. https://doi.org/10.33426/rcg/2021/111/1615

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

Virseda, M. (2015). Prisión provisional. Revista Española de Derecho Militar (104), 187-

206.

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/redem_1

04_1.pdf#page=187

Zepeda, G. (marzo del 2018). Trayectoria del Régimen de aplicación de la prisión

preventiva en la Constitución Mexicana de 1917. Intersticios sociales(15), 207-

240. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

49642018000100207&lng=es&tlng=es

Jurídicas

Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 1-2016/CIJ-116 (2016)

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e874e500414a8c649adfba5aa55ef1d3/

ACUERDO%2BPleno%2BExtraordinario%2B1-

2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e874e500414a8c649adfba5aa55ef1d3

Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116 (2019)

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3/

Acuerdo_Plenario_1_2019_CIJ_116_Prisi%C3%B3n_preventiva_Presupuesto_r

equisito..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef

1d3

Acuerdo Plenario N.° 09-2019/CIJ-116 (2019)

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d77162804ff83abcb31ab76976768c74/

2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d77162804ff83abcb31ab76976768c74

Casación N.° 626-2013, Moquegua (2015)

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b334ac0043b4e20682d8afd60181f954/

CAS+626-

2013+Moquegua.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b334ac0043b4e20682d8af

d60181f954

Casación N.° 66-2017, Junín (2019)

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2a07710043f9b93a956095c9d91bd6ff/

66-

2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2a07710043f9b93a956095c9d91bd6ff

CIDH. (2009). Informe N.° 86/09. Caso 12.553. Fondo. Jorge, José y Dante Peirano

Basso. República Oriental del Uruguay. 6 de agosto de 2009.

https://cidh.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm

Codice di Procedura Penale (1988)

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceProceduraPenale/280_0_

Código Penal (1991) https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682692

Código Procesal Penal (1991).

https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Legcomp/sudamerica/Argentina/CODIGO_P

ROCESAL_PENAL.pdf

Código Procesal Penal (2004) https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-

web/#/detallenorma/H682695

Consulta del EXP. N.° 10541–2019, Puno (2019). https://img.lpderecho.pe/wp-

52 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

content/uploads/2021/07/Expediente-10541-2019-Puno-LP.pdf

Corte IDH. (1997). Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia del 12 de noviembre de

1997 (fondo). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf

Corte IDH. (2009). Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de

2009 (Fondo, Reparaciones y Costas).

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf

Corte IDH. (2018). Medidas provisionales respecto de Brasil asunto del Instituto Penal

Plácido De Sá Carvalho. Resolución del 22 de noviembre de 2018.

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_03.pdf

Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el

deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo

de contagio de virus Covid-19. Decreto Legislativo N.° 1513 (2020). Diario

oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-

legislativo-que-establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-

1867337-1/

Decreto legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los

establecimientos penitenciarios. Decreto Legislativo N.° 1585 (2023). Diario

oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2237339-3

Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal. Decreto Legislativo N.°

1322 (2017). Diario oficial El Peruano.

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Decretos/Legislativ

os/2017/01322.pdf

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena

para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de

reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de Covid-19. Decreto

Legislativo N.° 1459 (2020). Diario oficial El Peruano.

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/ConstitucionReglamento/fil

es/dictamen_dl/ddl_1459.pdf

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica

personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el

hacinamiento. Decreto Legislativo N.° 1514 (2020). Diario oficial El Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-optimiza-

la-aplicacion-de-la-medida-decreto-legislativo-no-1514-1867337-2/

Decreto Supremo que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de

recomendación de gracias presidenciales, y determina su procedimiento. Decreto

Supremo N.° 004-2020-JUS (2020). Diario oficial El Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1865717-3

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N.° 004-2020-JUS que establece

supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias

presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia

sanitaria por Covid-19. Decreto Supremo N.° 005-2020-JUS (2020). Diario

oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1865974-1

EXP. N.° 05436-2014-PHC/TC (2020) https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/05436-

2014-HC.pdf

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16

! !

EXP. N.° 00413-2021-PHC/TC (2021) https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2021/10/Expediente-00413-2021-PHC-TC-LPDerecho.pdf

Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1882-6036

Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y

modifica el artículo 52 del Código Penal; modifica los artículos 135 y 143 del

Código Procesal Penal; y los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución

Penal. Ley N.° 29499 (2010). Diario oficial El Peruano.

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29499.pdf

Ley que incorpora y modifica normas contenidas en los artículos 46°, 48°, 55°, 440° y

444° del Código Penal, y el artículo 135° del Código Procesal Penal. Ley N.°

28726 (2006). Diario oficial El Peruano.

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FE069FCF3127EC

1E05257CBA00600F30/$FILE/28726.pdf

Ley que modifica los artículos 32° y 52° del Código Penal respecto a la aplicación de las

penas limitativas de derechos, por la modalidad de prestación de servicios a la

comunidad y limitación de días libres. Ley N.° 27186 (1999). Diario oficial El

Peruano.

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3FCE4FF8FA6D8

BCD05257E830077DA7F/$FILE/Reglamento_Ley_26841.pdf

Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en

las Américas (2008),

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/mandato/basicos/principios

ppl.asp

Proyecto de Ley que refuerza la constitucionalidad y optimiza la aplicación de la prisión

preventiva en la lucha contra la criminalidad. Proyecto de Ley N.° 4344/2022-CR

(2023). https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-

service/archivo/ODEzOTI=/pdf/PL0434420230301/

Recomendación (UE) 2023/681. Sobre los derechos procesales de las personas

sospechosas o acusadas sometidas a prisión provisional y sobre las condiciones

materiales de reclusión (2022). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-

2023-80446

Recurso de Nulidad N.° 679-2020, Apurímac (2021) https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2021/05/Recurso-de-nulidad-679-2020-Apurimac-LP.pdf

Recurso de Nulidad N.° 761-2018, Apurímac (2018)

https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/RN761-2018-

APURIMAC.pdf

Recurso de Nulidad N.° 902-2020, Lima Sur (2021) https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2021/07/Recurso-de-Nulidad-902-2020-Lima-Sur-LP.pdf

Recurso de Nulidad N.° 1033-2015, Junín (2017) https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2022/03/Recurso-nulidad-1033-2015-Junin-LPDerecho-1.pdf

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad

(Reglas de Tokio) (1990), https://www.ohchr.org/es/instruments-

54 Revista YACHAQ Nº 16

Renzo Joel Chaiña Durán

! !

mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-

measures

Resolución Administrativa N.° 000118-2020-CE-PJ (2020).

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/899e85004de2640ba897be34164ddd4

5/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA$000118-2020-CE-

PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=899e85004de2640ba897be34164ddd45

Strafprozeßordnung (1950) https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/17666

Prognosis de pena: el límite dúctil de la prisión preventiva

Revista YACHAQ Nº 16