de la investigación en la formación
universitaria (Cuenca, 2015, p. 10).
Si bien los argumentos de la liberalización
fueron positivos –como la ampliación de la
oferta educativa y democratizar la
educación–, pensar que el mercado sería un
regulador efectivo de calidad fue un error, ya
que la oferta de instituciones creció sin
mayor regulación y las universidades fueron
politizadas y vistas como inversiones
millonarias, dejando de lado la calidad.
Todo ello trajo consigo que las
universidades peruanas no figurasen en
ranking mundiales ni latinos, que el volumen
y calidad de investigación fuesen incipientes
y que existiesen bajos porcentajes de
empleabilidad de egresados universitarios.
Es en ese contexto que, a mediados de 2013,
se inicia la reforma educativa y mediante la
Ley Universitaria N° 30220 se pretenden
resolver los problemas de calidad generados
por la masificación de oferta educativa. La
Ley Universitaria conceptualiza la
universidad como “una comunidad
académica orientada a la investigación y a la
docencia, que brinda una formación
humanista, científica y tecnológica con una
clara conciencia de nuestro país como
realidad multicultural” (Ley N° 30220 2014,
art. 3). En ese marco, la autoridad es la
encargada de proveer herramientas
materiales, tecnológicas y gnoseológicas a
toda la comunidad universitaria,
garantizando que, a través del trabajo
armónico e integrado de sus estamentos, se
logre calidad educativa en cada una de sus
funciones sustantivas: formación
profesional, investigación, extensión
cultural, proyección social, educación
continua y la contribución al desarrollo
humano.
El ingreso de la Ley Universitaria trajo
consigo un sinnúmero de debates, ya que
desnudó la difícil realidad educativa
universitaria que tenía el país, “el descuido
del Estado con la universidad pública, la
heterogénea calidad de oferta privada, el
débil movimiento estudiantil, los
impresionantes sueldos de autoridades
universitarias, la influencia de la clase
política en decisiones educativas ‘lobistas’,
el limbo legal en el que operaba la Asamblea
Nacional de Rectores ANR, la incapacidad
de gasto de las universidades públicas”
(Cuenca, 2015, p. 13)
entre otros efectos de las décadas de
inoperancia de la autoridad del sector
educativo superior en el país.
La Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU),
actualmente tiene a cargo salvaguardar el
cumplimiento de la Ley Universitaria,
regulando con ello la calidad educativa.
SUNEDU tiene como finalidad proteger el
derecho de los jóvenes a recibir una
educación universitaria de calidad y, de esta