EL MILITARISMO O
EL PODER MILITAR
Faustino Luna Farfán
"Entre
el
que es
guerrero y el
que no
lo
es, no hay ninguna
proporción; y
no
es
razonable que quien está armado obedezca
gustosamente
al
que está
desarmado y
que
el
desarmado
se
encuentre entre servidores armados. Pues, habiendo en
el
uno
desdén y
en
el
otro sospecha, no
es
posible que
realicen
juntos buenas operaciones. Por otra parte un principe que no entiende
nada
de
guerra, además
de las
otras calamidades,
(...),
no puede ser apreciado
por
sus soldados, nijiarse de
ellos."
Maquiavelo
Su CARÁCTER INDEFINIBLE
En el Diccionario Enciclopédico Cabanellas
1
,
leemos un esbozo de la definición de militarismo:
"Configura intromisión o acción excesiva de los
militares en la política, en los negocios públicos
o en la organización social, con abandono de
sus específicas funciones de disponer la defensa
nacional o con peligrosa acumulación de unas
y otras tareas; este crecimiento [...] anormal de
las instituciones militares las conduce a rebasar
su función específica: la defensa del territorio
nacional; y, si acaso, la expansión a costa de los
vecinos débiles, pero nunca la sujeción de sus
propios compatriotas."
El mismo diccionario ofrece como dato
sorprendente: "La Academia definía a esta
tendencia
cual
predominio del elemento militaren,
el
gobierno estatal, cuando en
verdad se trata del ejercicio sin
más del poder público o
mediante
un delegado
incondicional.." Y
todavía agrega: Parece oportuno
recordar
que
Almirante en su notable
Diccionario Militar, al
llegar
a
esta
palabra,
insertaba una definición
muda
reducida
a
estos simples signos ortográficos ¡¡...??!!"
Nos hacemos cargo de explicar que tales
reservas en definir el militarismo se deben a su
impronta impredecible como poder político de facto,
que en cualquier parte y en cualquier momento
puede irrumpir en el escenario socio-político de
los pueblos, quebrar su orden jurídico y alterar su
institucionalidad. Es decir, el militarismo como clase
profesional es todavía imprevisible e ingobernable.
ALGO DE SU HISTORIA
Las fuerzas armadas no están reconocidas
como un elemento constitutivo del Estado que
según la doctrina política clásica se compone
de: territorio, pueblo, y poder
iuris;
no obstante,
devienen en su componente indispensable, pues
como advierte Smith (1995: 27) "El militarismo
más que un sistema formal de pensamiento, es
un tipo de opinión pública y como tal se halla
presente en algún grado en cada sociedad. Y no
se conoce pueblo o cultura que hubiere carecido
de un ejército, con excepción singularísima de los
Brahamanes, un pueblo de la India, que según
refiere Voltaire (1981: 155) no ha formado jamás
al frente de alguna bandera para ir a pelear y a
destruir los pueblos inmediatos, porque su casta
que es antiquísima, sus buenas costumbres y su
religión estaban de acuerdo en no derramar jamás
sangre ni aún de los animales inofensivos; pero por
eso mismo, fueron subyugados con facilidad y lo
serán siempre. Roma privilegió a su organización
militar parangonándolo con el Derecho, porque,
en palabras de Justiniano (Instituías 1986:
preámbulo):
"La majestad imperial debe apoyarse sobre las
armas y sobre las leyes, para que el Estado sea
igualmente bien gobernado durante la guerra y
durante la paz; para que el príncipe, rechazando
en los combates las agresiones de sus enemigos,
y ante la injusticia de los ataques de los hombres
inicuos, pueda mostrarse tan religioso en la
observancia del derecho como grande en los
triunfos".
Pero ningún griego ni romano se sustrajo al
ejercicio militar; sus propios destacados filósofos
destacaron tanto en las disciplinas olímpicas
1.
Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual. Guillermo Cabanellas. Edit. HELISTA, Buenos Aires 1982.
—• REVISTA UNIVERSITARIA 141 -
como en el ejercicio y la estrategia militar
2
. La
diferencia entre uno y otro militarismo estuvo en
que los griegos, particularmente los atenienses,
evitaron siempre las fuerzas militares regulares,
con excepción de Macedonia con Filipo II en su
afán expansivo, y Esparta, que se organizó como
Estado
Guarnición.
El ejercicio corporal era para
las griegos (gímnica, equitación, maniobras de
guerra etc.) rutina de vida y base del cultivo de
la mente. La defensa permanente de la patria y
aún la ofensa ocasional a las potencias extranjeras
quedaba a cargo de sus milicias a cuya cabeza
colocaban a un general, elegido sólo para la
ocasión, de preferencia entre los campeones
coronados en los Juegos Olímpicos. No obstante,
mantuvieron a raya los afanes expansionistas de
Filipo II y constituyeron un ejército invencible
ante Darío yjerjes, en que los griegos triunfaron
sobre una fuerza invasora persa mil veces superior
(Herodoto: Libro 8vo, Urania). Y no por eso, su
responsabilidad y sus fracasos como sus éxitos eran
considerados menos: "También se decidió que
los generales se sometieran a juicio por sus actos
durante todo el tiempo pasado. Verificado el juicio,
Filesio y Janticles, tuvieron que pagar veinte minas
que faltaban del dinero de la marina confiado a su
custodia y Soféneto diez minas, porque, habiendo
sido elegido
jefe,
se había descuidado."
Cuando el inconmensurable ejército persa,
según la historia contada por Herodoto, es
contenido aunque momentáneamente en el
"Paso
de Las Termopilas" por Los Trescientos encabezados
por Leónidas, Jerjes, luego de disponer lo
concerniente a sus muertos, los cuales eran veinte
mil, interroga a unos hombres de Arcadia que
sus servidores le llevan a su presencia, sobre qué
hacían los griegos después de aquel combate
encarnizado; ellos contestaron que celebraban
las olimpiadas y contemplaban un certamen
gimnástico e hípico. Entonces el persa les preguntó
que cuál era el premio por el que contendían; ellos
le hablaron de la corona de olivo que allí se da
y dijo delante de todos:
"¡Ah Mardonio, contra
qué
hombres nos llevaste a
combatir,
hombres que no
contienden
por
dinero, sino
por mérito!"
Roma, a diferencia de Grecia, profesionalizó
su ejército desde el dictador Lucio Cornelio Sila
(138-78 a. C) como instrumento de sus guerras de
conquista. Era un ejército pagado, con derecho
al botín de guerra y a la jubilación; como lo fue
también el ejército de Alejandro; pero apenas les
faltara esos estímulos podían tornarse en un ejército
indisciplinado y peligroso capaz de negociar hasta
la propia autoridad imperial.
EL MILITARISMO CONTEMPORÁNEO
Las dos grandes revoluciones de finales del
siglo XVIII, la norteamericana y la francesa, que
marcaron el inicio de la época contemporánea,
cautelaron en sus constituciones la existencia de
un ejército eficiente y disciplinado subordinado al
poder civil. La "Declaración de Derechos de Virginia",
aprobada el 12 de junio de 1776, dispuso en su
Art. XIII:
"Una milicia bien
regulada, reclutada entre
el
pueblo,
entrenada en
el
manejo
de
armas,
es la
defensa adecuada,
natural,
y segura de un Estado libre; los ejércitos
permanentes en tiempo de paz deben evitarse como
peligrosos
para la
libertad;
y en todo caso
las
fuerzas
armadas estarán
bajo la
estricta
subordinación y
gobierno
del
poder
ávil."
Aprobada en Filadelfia, la Constitución
norteamericana de 1787, la única que por lo
demás sigue rigiendo aquel país, al advertirse
que no se había consagrado constitucionalmente
aquella disposición declarativa, mediante la
Segunda Enmienda, -de las diez incorporadas el
15 de diciembre de 1791- proclamaron:
"Siendo
necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de
un
Estado Libre, no se violará el
derecho
del pueblo a poseer
y portar armas".
3
Alexander Hamilton abogando
por la consagración constitucional de la milicia
(Citado por Smith: 380), dijo entonces:
"Una milicia bien disciplinada no sólo disminuirá
la necesidad de instituciones militares, sino
que, si las circunstancias obligarán en algún
momento al gobierno a organizar un ejército de
cierta magnitud, este ejército no podría nunca
amenazar las libertades del pueblo mientras
exista un gran cuerpo de ciudadanos, si bien
pequeño e inferior en disciplina y en el empleo de
2. Jenofonte, discípulo de Sócrates, que en el 401 a.C,pasó aPersiacomo uno de los 13,000 mercenarios griegos que auxiliaban a Ciro El Joven,
caracterizó en tres tipos a los jefes que conoció:
"Ctearco,
el jefe de las más extremadas condiciones militares y de una desmesurada afición a la
guerra, su temperamento militar se revelaba en la pasión por los peligros [...]".
"Próxenos,
el jefe honorable y justo, pensaba que el poder y la riqueza
era necesario obtenerlos por medios justos y honorables y únicamente por ellos."
Menón, eljefe bribón,
consideraba que el camino más corto era el
perjurio, la mentira y el engaño; un proceder sencillo y recto era según él una pura necedad[...]". (Anábasis, Cap.VI, Libro Segundo).
3. El pueblo norteamericano, formado bajo esos principios constitucionales, siempre está dispuesto a servir en sus fuerzas armadas, y se considera
un deshonor el rehusarse. Los candidatos a puestos públicos exhiben en lugar destacado de su hoja de vida su experiencia cívico-militar.
las armas, que permanezca pronto a defender sus
propios derechos y el de sus conciudadanos. Me
parece que éste es el único sustituto que podemos
idear para un ejército permanente y la mejor
seguridad contra él, si existiera".
A su vez, el Acta Constitucional francesa
de 1793 aseguró igualmente en tres disposiciones
claves, la defensa nacional y la subordinación del
poder militar al poder civil:
"Art.l07°, La fuerza general de la República está
compuesta
por el pueblo en su totalidad".
"Art.109",
Todos los franceses son soldados, todos se
ejercitan
en el
manejo
de las armas".
"Art.114", Ningún cuerpo
armado puede deliberar".
En el derecho británico (Smith: 335), las
reglamentaciones esenciales para la disciplina
militar son reunidas en una ley del ejército,
originalmente conocida como la Ley del Motín,
que debe ser renovada anualmente desde que
las reglamentaciones se adoptan sólo por el lapso
de un año. Esto significa que la disciplina militar
no tendría una base legal y que el ejército se
disolvería, a menos que la ley tenga su prórroga
anual en el parlamento. Esta ley, comparable en
su significación al control sobre los
cordones
de la
bolsa, ha sido considerada uno de los grandes
fundamentos sobre la que ha descansado la
supremacía civil en la Gran Bretaña, y que ha
evitado los peligros de los ejércitos permanentes y
su politización.
Con estas noticias preliminares, queremos
significar que los estados independientes,
indistintamente de sus formas de gobierno, buscaron
desde el inicio asegurar su continuidad y fortaleza
uniendo pueblo y ejército en la tarea constante
de la defensa; propósito que nunca abandonaron
esos mismos Estados que hoy representan las
sociedades más avanzadas y las mayores potencias
bélicas; y, que en el caso de Francia, el pueblo
demostró ser su exclusivo salvador frente a la
guerra de conquista nazi. Cuando el 16 de junio de
1940 Francia se declaró vencida ante Alemania y
aceptando sus alevosas condiciones de armisticio,
consintió en dividir su territorio en dos zonas: una
ocupada bajo la autoridad militar alemana y la
otra libre. La resistencia civil francesa se organizó
entonces en la Legión de Combatientes que en 1941
fue remplazada por la Legión de
Combatientes
y de
Voluntarios
de la Revolución Nacional; luego, la Legión
Tricolor
para la Reconquista. El 17 de mayo de 1944
las tropas aliadas llegaron a Orleáns, noticia que
determinó en París la insurrección organizada por
la resistencia y apoyada por la fuerza de la policía.
La lista de los caídos superó los 150 mil soldados
y 450 mil civiles. (.Historia
Universal
de Jacques
Pirenne, v.l 1).
John Reed (1985:137) llama El Sueño de
Francisco Villa al pensamiento del gran líder
revolucionario mexicano quien apostaba por la
supresión del ejército profesional, y su remplazo
por las milicias cívicas:
"Cuando se establezca la nueva República, no
habrán más ejércitos en México. Los ejércitos
son los más grandes apoyos de la tiranía
[...] Serán establecidas en toda la República
colonias militares formadas por veteranos de la
Revolución. El Estado les dará posesión de tierras
agrícolas y creará grandes empresas industriales
para darles trabajo. Laborarán tres días de la
semana y lo harán duro, porque el trabajo así
produce buenos ciudadanos. En los otros días
recibirán instrucción militar lo que a su vez
instruirán a todo el pueblo. Entonces cuando la
Patria sea invadida, únicamente con tomar el
teléfono desde el Palacio Nacional de México
se levantará todo el pueblo mexicano desde los
campos y las fábricas, bien armado, equipado
y organizado para defender a su hogar. Mi
ambición es vivir mi vida en una de esas colonias
[...]"
LA MILICIA CÍVICA Y EL EJÉRCITO
PROFESIONAL
En el Perú independiente, no obstante
que fueron las milicias las que desgastaron el
poder colonial, como también constituyeron la
columna vertebral del Ejército Libertador, así
como lo fueron en el decisivo Combate del 2 de
mayo de 1866 en que el coloniaje español fue
definitivamente derrotado, la profesionalización
de las FF.AA. y la extinción de las milicias cívicas,
ha seguido un curso sinuoso en tres etapas: la
primera, caracterizada por el reconocimiento de
la importancia de la milicia, la segunda y tercera,
dirigidos paulatinamente a suprimirla, para dejar
a la Nación enteramente dependiente del ejército
profesional y la policía uniformada.
Inaugurando la primera etapa y acorde con
la innegable importancia de la milicia por sus
actuaciones durante la guerra independentista, el
Reglamento Provisional de 1821, dictado por el
General José de San Martín, consideró entre sus
atribuciones de Protector,
"...proponer
la
creación
de
nuevos cuerpos de milicia, arreglar su economía
interior,
y
hacer las
propuestas
de oficiales a la capitanía general."
Consecutivamente, la Constitución de 1823,
la primera en ser debatida por una Asamblea
Constituyente, dispuso en su artículo 165°,
"Constituyen
la fuerza armada de
tierra,
el ejérato de línea,
la milicia cívica, y la guardia
de
policía."
Las Constituciones de 1826, (Art. -136°) y la
de 1828, (Art. 146°), dispusieron a su turno: "Habrá
en cada
provincia cuerpos
de milicias
nacionales,
compuestos
de los habitantes de cada una de ellas." "La fuerza pública
se compone de
ejército,
milicia nacional y armada." La
Constitución de 1834 reprodujo en su Art. 138° la
fórmula del Art. 146° de la carta precedente.
La segunda y tercera etapas empiezan con la
Constitución de 1839, promulgada por Gamarra,
en que la milicia es primero ignorada al disponer
la organización de la defensa nacional en su Art.
145°, "La fuerza pública se
compone
del
ejército,
armada y
guardia nacional."
Y luego, suprimirla expresamente
en su Art. 149°: "La milicia deja de serfuerza
componente
de la defensa nacional para ser ubicada con la policía".
"La guardia nacional se compone de los cuerpos cívicos
organizados."
Durante la presidencia de Castilla, en tres
documentos sucesivos se introducirá un sentido
nuevo al papel de la milicia, la policía y la fuerza
armada. El Estatuto Provisorio de 1855, lo redujo
todo a un lenguaje neutro al decir en el Art. 22°,
"Están obligados los peruanos a concurrir al servicio de
las armas en sostén del Estado, conforme a la ley de la
conscripción.
"En la
Constitución
de 1856se dispuso en
el Art. 118°: "El
objeto
de la fuerza pública es garantizar
los
derechos
de la nación en el exterior, y
asegurar
el orden y
ejecución de las
leyes."
Y,
por primera
vez,
en lo tocante
a la supremacía civil, en fórmula igualmente
neutra, "La obediencia militar será subordinada a la
Constitución y a las
leyes."
Para finalmente dar paso
a la profesionalización del ejército, al disponer:
"Art.
119", La fuerza pública se compone de las guardias
nacionales, del ejército y armada, bajo la organización que
designe la ley". "Toda colocación en
la
fuerza pública es
cargo
público."
Nótese que la expresión fuerza
pública
en las
constituciones de 1826 (Art. 136) y de 1828 (Art.
146), incluía a la milicia cívica; entonces, cuando
al final del artículo antes glosado se dispone:
"Toda
colocación en la fuerza pública es cargo público." Ya se
excluye a la milicia cívica como componente de la
fuerza pública, la misma que quedará compuesta
exclusivamente por gente profesionalmente
organizada y armada.
Pero la supresión expresa de la milicia cívica
vino con la Constitución de 1860, que bajo el
epígrafe Garantías
Constitucionales,
Título III, dispuso
en su Art. 10°, "Son nulos los actos de los que
usurpan
funciones públicas y los empleos
conferidos
sin los
requisitos
designados
por la constitución y las leyes." Clara alusión
a la milicia que nunca constituyó un empleo, pero
sí defensa espontánea y heroica de la Nación.
Fue en esta situación de dependencia
exclusiva del ejército y armada profesionales
que nos sorprendió la invasión chilena, con el
resultado del fácil aniquilamiento de nuestras
primeras líneas defensivas, en el Alto de la Alianza,
San Francisco y Tarapacá, con el sacrificio y el
heroísmo de algunos pocos
jefes
militares Como el
del comandante cusqueño Ladislao Espinar y los
batallones civiles de artesanos luchando junto al
ejército profesional mal preparado y pésimamente
apertrechado y el holocausto del Morro de Arica.
La defensa sacrificada y heroica se produjo sólo
a partir del Morro de Arica por acción notable
de elementos civiles, entre ellos, Alfonso Ugarte
Bernal recién alistado para la ocasión y el mismo
coronel Francisco Bolognesi, quien de comerciante
exitoso había sido incorporado a la Guardia
Nacional que en 1853 se formó en Arequipa, con
motivo del litigio que había surgido con Bolivia, y
entró al ejército profesional en 1854 al producirse
la sublevación de aquella ciudad contra Echenique.
Rememora Basadre:
"Las campañas del sur fueron campañas
del ejército profesional peruano, pero Arica
simboliza el comienzo en el predominio de las
milicias urbanas. De esos jefes (que juraron la
defensa hasta quemar el último cartucho) no
todos eran militares; algunos eran civiles, con
grados episódicos y había hasta marinos sin
barco [...]" (1980: p. 170, t.VI)
La ulterior línea de resistencia en
Miraflores estuvo comandada y compuesta casi
exclusivamente por civiles (Basadre, 1989: 208,
t.VI), pues el ejército profesional diezmado y lo
que quedaba de él, desorganizado y rezagado ante
el impetuoso avance chileno, ya no representaba
ninguna defensa.
"[...]en el curso de un mes fue formado el
ejército que iba a defender Lima en Miraflores,
compuesto de diez divisiones y treinta batallones
[...] General en Jefe del Ejército fue nombrado
el Prefecto de Lima Juan Martín Echenique
y como Jefe de Estado Mayor fue designado el
hacendado de Lima Julio Tenaud: Los empleados
del Poder Judicial formaban la primera división,
en la que habían hasta vocales supremos, bajo el
mando de José Unanue, la segunda división, tenía
. 100 AÑOS
como
jefe
a Pedro Correa, antiguo miembro de
la Beneficencia y comprendía todo el ramo de
instrucción pública desde los maestros de escuela
hasta los catedráticos universitarios... Sergio
Orbegoso, hermano de uno de los secretarios
del dictador, mandaba la tercera división cuyo
personal pertenecía a la alta, mediana y baja
finanza. La Cuarta División compuesta del ramo
de edificadores desde alhamíes hasta arquitectos,
hallábase a cargo de Juan de Aliaga [...] la
Décima bajo Antonio Bentín, se componía, de
los empleados del ferrocarril de La Oroya [...]"
Barrida también esta última línea de
resistencia, final del holocausto nacional e inicio
de la cruenta como latrocínica ocupación chilena,
fueron las
montoneras,
tropas cívicas espontáneas
comandadas por Andrés Avelino Cáceres las que
restauraron la dignidad nacional con su larga y
sacrificada resistencia en el Sur, Centro y Norte
del territorio nacional; resistencia que no cejó
hasta la retirada total de las tropas chilenas, en
agosto de 1884.
No obstante esa dolorosa experiencia, la
Constitución de 1933, promulgada por el autócrata
Luis M. Sánchez Cerro, (momentáneamente
satisfecha la ambición chilena con la cesión de
las provincias de Tarapacá y de Arica conforme
al Tratado de 1924, igualmente más preocupado
por mantenerse en el poder que por establecer las
bases de la Defensa Nacional), por primera vez en
las historia constitucional peruana redujo el rol de
de las fuerzas armadas a las de policía, al disponer
en el Art. 213°: "La finalidad de la fiierza armada es
asegurar los
derechos
de la república, el
cumplimiento
de la
Constitución y las leyes y la
conservación
del
orden
público."
Fue bajo esta Constitución que nos rigió
por más de medio siglo, cuando la conciencia
cívica nacional se adormeció, hasta aceptar como
natural el rol represivo otorgado al ejército y, de
paso, olvidar el compromiso de la civilidad con la
defensa nacional y la falsa idea de que de ella se
debe ocupar sólo el ejército profesional.
La Constitución de 1979 introdujo el
concepto de la Defensa Nacional Integral a la vez
que exclusivamente profesional, al disponer en su
Art. 169°, "La defensa nacional es
permanente
e integral";
Art. 170", "Toda persona natural o jurídica está obligada
a participar en ella, de conformidad con la ley." Pero,
contradictoria
y
gravemente implicante al disponer
en el Art. 174°: "Las fuerzas armadas
están constituidas
por el
ejército,
la marina
de
guerray la fuerza aérea. Tienen
como finalidad primordial garantizar la independencia,
soberanía e
integridad territorial
de la República,
asumen
el
control
del
orden interno,
de conformidad
con el Art.
231 "
Fue esa Constitución, reputada, para
muchos moderna y progresista, pero redactada
por constituyentes con la conciencia cívica
adormecida y acostumbrada al predominio
militarista, la que consagró el papel represor de las
FF.AA. con olímpico olvido de la civilidad en su
deber con la defensa nacional. Y aunque algunas
de esas disposiciones fueron modificadas mediante
la Ley N° 24949, sólo para unificar los cuerpos
especializados de la policía en la "Policía Nacional"
dependiente de una sola Dirección General, la
misma Ley creó el Ministerio de Defensa y con
él, las Comandancias Generales de las tres armas,
venciendo el reparo que se había expresado en el
Art. 122° de la Constitución de 1856.
J
En cambio,
no mejoró nuestra capacidad defensiva y de
movilización social ante las potenciales amenazas
externas, como lo hace notar el constitucionalista
Alfredo Quispe Correa (1994: 107)
"[...]poco
es lo
que podemos encontrar en las diversas
constituciones
que
ha tenido el país, para las cuales la guerra se reduce al
enfrentamiento
armado, la planificación les es desconocida,
el proyecto nacional no existe por la heterogeneidad de
los intereses en pugna, que hacen aun de nuestro país
un
archipiélago
y no una empresa
colectiva,
y la defensa
nacional
sinónimo de
guerra."
La Constitución de 1993, engendro del
régimen fujimorista, si bien en su Art. 163°
introduce el concepto de "Defensa Integral",
remplazó en cambio el concepto del
deber
por el de
obligación
y dispersó aun más su marco normativo,
bajo disímiles epígrafes (véanse los artículos 38°,
44°,
163°
y 167°, por ejemplo) que además de
inconexos, son contradictorios porque, primero,
hacen recaer en todos los peruanos el deber de
honrar y proteger los intereses nacionales (Art.
38°), —entre ellos, es de suponer, la soberanía y
la defensa de la Nación— para luego convertir al
Estado en
"protector
de la población de las amenazas
externas"
(Art. 44°); sin considerar que pueblo y
Estado constituyen una unidad política, jurídica,
conceptual e institucional.
Con la secular carencia de un Sistema de
Defensa Nacional,
la marginación deliberada en el
Perú de la civilidad de esa tarea
—civilidad
a la que
4. Disponía el Art. 122°: "No habrá comandantes generales ni militares, sino en tiempo de guerra declarada, conforme a esta Constitución".
—• REVISTA UNIVERSITARIA 141 -
272
se llamará sólo ante la necesidad de la
movilización
nacional-,
pero aún sin que esté preparada para la
lucha, se debe en gran medida el divorcio actual
entre el militar de carrera (y aun del simple
recluta) y el civil. No obstante la idea diferente de
Tocqueville (1957: 599)
5
, seguramente fruto de
otras realidades y experiencias:
"Los simples soldados son los que permanecen
siempre como ciudadanos en el ejército de los
pueblos democráticos, y sobre ellos conservan
gran poder e influencia los hábitos y opiniones
nacionales; de manera que ésta es la clase por
donde se puede con más facilidad hacer penetrar
en el seno de un ejército democrático el amor a
la libertad y el respeto hacia las leyes, que se ha
sabido inspirar al pueblo mismo..."
Ese divorcio que ya es parte de nuestra
cultura, ha creado la idea de que los ejercicios
militares sólo atañen a los elementos uniformados;
convirtiendo así en fórmula declarativa
"los deberes
para con la patria", expresados en el Art. 38" de la
Constitución vigente.
De paso, casi imperceptiblemente, como
hemos señalado, se ha borrado la línea maestra
y fundamento esencial del constitucionalismo
occidental, entre las funciones de las fuerzas
armadas —destinadas a la defensa exterior— y las
funciones de las fuerzas policiales —consagradas
a velar por la seguridad de las personas y bienes,
y el orden interno. Es así cómo muchas de las
aventuras golpistas de los últimos tiempos en el
Perú han estado abiertamente secundadas por la
policía; y ésta, de
garante
de la seguridad ciudadana,
ha pasado a ser Jiierza neutra,
en
Jiierza
deliberante
y
hasta beligerante
en el plano político
6
.
La policía además está siendo sustituida
por cuerpos municipales, como los serenos, en
lo que deberían ser sus funciones propias, y aun
por fuerzas de organización privada como los
policías de seguridad. Esta policía de seguridad que
obedece a reglamentos y mandos privados emplea
a elementos de franco o de vacaciones de la
Policía Nacional, uniformada y armada por el
Estado, basado en sus reglamentos y en convenios
administrativos, con el pretexto de mantener un
nivel remunerativo mínimo a su favor. Zaffaroni
(2000: 17) ha advertido con sentimientos de
alarma ese cambio:
"Con los cambios en el poder mundial, la
llamada ideología de seguridad nacional ha
sido archivada, pero está siendo reemplazada
por un discurso público de seguridad ciudadana
como ideología (...) La imagen bélica del
poder punitivo tiene por efecto: a) Incentivar el
antagonismo entre los sectores subordinados de
la sociedad; b) Impedir o dificultar la coalición
o el acuerdo en el interior de esos sectores;
c) aumentar la distancia y la incomunicación
entre las diversas clases sociales; d) potenciar los
miedos (espacios paranoicos), las desconfianzas y
los prejuicios; e) evaluar las actitudes y discursos
por la vida y la dignidad humanas; f) dificultar
las tentativas de hallar caminos alternativos
de solución de conflictos; g) desacreditar los
discursos limitadores de la violencia; h) proyectar
a los críticos de los abusos del poder como aliados
o emisarios de los delincuentes, e i) habilitar la
misma violencia respecto de aquéllos".
Recientemente, con motivo de la
reinstitucionalización nacional post Fujimori,
los militares han hablado de un Libro
Blanco
de la
Defensa
Nacional
iniciativa del Ministerio de Defensa
del Perú, donde se dice:
"El Libro Blanco [...] es la explicitación de la
política de defensa de un país. En él se señala con
transparencia qué política de defensa se tiene y
qué medios se piensa utilizar para alcanzarla.
Uno de estos medios es la Fuerza Armada. [...]
Asimismo, se pone de manifiesto su organización
y su despliegue.
[...]
"En la medida de que esto es materia de un
acuerdo social, el
Libro Blanco
legitima tanto la
política de seguridad y defensa nacional como
a la propia Fuerza Armada, ya que ésta no es
una creación voluntariosa o una imposición
del Estado, sino el resultado de una profunda
necesidad y anhelo de la propia sociedad..."
(libroblanco@mindef.gob.pe)
Según el índice
7
inserto en la página, el
Libro
Blanco concentra en la Fuerza Armada, una vez
más, toda la idea de
defensa nacional;
no hay la más
mínima mención a la milicia cívica u otras formas
5. Rafael Bielsa (1957:231), refiriéndose a la naturaleza civil del poder de policía, dice: "En el Estado de Derecho, la policía es organización civil
y no militar[...]. Por consiguiente todo procedimiento drástico, y todo empleo de medios no proporcionales a la necesidad es anómalo y puede
originar responsabilidad y recursos jurisdiccionales."
6. Que es lo único que se ha publicado, porque el contenido será resultado de los debates.
7. El libro de Naranjo Mesa contiene el cuadro pormenorizado de los regímenes militares que se dieron en Iberoamérica en las tres última
décadas, el modo cómo empezaron y terminaron, incluidos los caracterizados como "cívico-militares".
. 100 AÑOS
de organización social, salvo que e\ Capitulo VIH.
Medios no militares para la defensa nacional, lo
incluya, sin que podamos comprobarlo.
Para terminar este tema, conviene recordar
las palabras premonitorias de Jorge Basadre
(pág.
173), escritas como corolario de su relato de
La Guerra con Chile:
"Bolognesi y los suyos probaron que ni los
ejércitos, ni los pueblos, ni los hombres, deben
fijarse exclusivamente en la utilidad inmediata
o en las consecuencias visibles de sus grandes
decisiones. El que muere, si muere donde
debe, vence y sirve. La astuta prudencia saca
con reparos perezosas excusas para la tibieza
transitoria, la inactividad y el egoísmo".
EL MILITARISMO COMO FUENTE DEL
PODER DE FACTO
Louis Smith (1995: 19), en su documentado
estudio de La Democracia y el Poder Militar en los
EE.UU. de Norteamérica reafirma que uno de los
viejos y difíciles problemas de la sociedad política
es el de la apropiada relación entre el poder militar
y la autoridad civil:
"Desde lo primitivos escritos sobre filosofía
política hasta los actuales debates en el Congreso
Norteamericano o en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, es éste un tema recurrente.
Pero mucho más que una discusión académica
incesante, es un problema tan antiguo como
la misma civilización; por tanto, fundamental
en el arte de gobernar, de cuya solución
afortunada dependerá el bienestar del pueblo y
la supervivencia del Estado".
A este propósito, los constituyentes peruanos
de 1993 pusieron en los artículos 167° y 169°,
"La Fuerzas Armadas y k Policía Nacional no son
deliberantes."
"Están subordinadas al poder
constitucional".
Fórmula inocua que, como ya señalamos, empezó
con la Constitución de 1856. Pues, la alusión al
Poder Constitucional
en una sociedad con elevada
mentalidad militarista es inocua y la
jefatura suprema
del presidente
puede ser entendida en tiempo de
paz como complicidad a la hora de reprimir a la
población civil, como más de un presidente ha
hecho en sus veleidades por el poder. Hace falta una
norma escueta y suficiente que diga:
"Las Fuerzas
Armadas están subordinadas
al poder
civil",
y basta.
Smith (p.23), informa sobre el mínimum
constitucional, con que el tema militar debe ser tratado:
"El constitucionalismo occidental ha construido
paulatinamente un sistema de carácter legal
y administrativo destinado al mantenimiento
del control civil, que comprende: establecer
expresamente en la Constitución Política el
principio de la supremacía del poder civil sobre el
poder militar; la limitación específica de los fines y
forma de empleo de las armas militares; obligar a
todo el personal de oficiales a prestar juramento a
la Constitución, y haciendo del cuerpo legislativo
nacional la sola fuente de autoridad para todas
las reglamentaciones sobre la disciplina interna
del servicio armado, con la disposición anexa
que diga que tal autoridad disciplinaria se
vuelve inoperante a menos que sea renovada la
legislatura. Además de otras como la exigencia de
una rendición final de cuentas."
LOS REGÍMENES MILITARES 273
LATINOAMERICANOS DE LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS
En la opinión documentada de Naranjo
(2000, 629-638)
7
:
"[...] los regímenes autocráticos tradicionalistas
más característicos del mundo contemporáneo
son, tal vez, las dictaduras militares de América
Latina. Casi desde el inicio mismo de su
vida independiente, la mayoría de los países
latinoamericanos ha tenido que soportar esta
clase de regímenes, que no en pocos casos ha
revestido la forma de verdaderos totalitarismos."
En esos treinta años, según el recuento de
Naranjo:
Argentina ha soportado quince dictaduras
militares, Bolivia dieciocho, Brasil veintiuno,
Chile dieciséis, Ecuador ocho, Honduras quince,
Panamá veintiuno, Perú trece, y Uruguay doce; en
tanto que Haití y Paraguay, apenas en los últimos
años han logrado salir de él. Otros dos, Cuba y
Nicaragua pasaron directamente de prolongadas
dictaduras personalistas de tipo tradicional, a
dictaduras de tipo socialista-marxista. El Salvador
y Guatemala, por su parte, han vivido este lapso
sucesivos golpes de Estado, dictaduras militares
y gobiernos provisionales, prolongándose en
ellos la inestabilidad institucional que ha sido
característica en la historia de Centroamérica. En
algunos casos como los de Panamá entre (1969 y
1989), República Dominicana (entre 1960 y 1978)
y Uruguay (entre 1973 y 1985), los militares han
ejercido de hecho el poder a través de mandatarios
civiles impuestos por ellos. En otros como en
el de Paraguay, lo han ejercido a nombre de
un partido monopólico oficialista. Solamente
Colombia, Costa Rica, México y Venezuela no
experimentaron golpes ni dictaduras militares
durante este período de la historia contemporánea.
—• REVISTA UNIVERSITARIA 141 -
LA POLITIZACIÓN DEL MILITAR PERUANO
Villanueva, (1971: 187) dice:
"...la legitimidad que el militar (peruano)
considera poseer para gobernar proviene de
la forma pacifica, sin resistencia alguna, con
que tomó el poder al proclamarse la república.
Fue tan natural esa adhesión que el militar
llegó a considerar como legítimo su derecho
a gobernar, concepto que se arraigó con el
ejercicio cincuentenario del gobierno". Añade,
que más tarde fueron los propios civiles quienes
dieron el espaldarazo a los militares sobre esa
legitimidad por boca de Manuel Pardo quien,
en 1876 elogió: "el principio democrático en la
alternabilidad
del
poder.
"
Desde el inicio de su vida independiente,
y hasta antes de la Guerra con Chile, casi sin
interrupción, gobernaron el Perú, los siguientes
caudillos militares: Mariscal José de la Mar, 1827-
1829; general Agustín Gamarra, 1829-1833;
general Luis José Orbegoso 1833-1835; general
Felipe S. Salaverry, 1835-1836; mariscal Andrés
de Santa Cruz, 1836-1839; mariscal Agustín
Gamarra, 1839-1841, murió en la Batalla de
Ingavi; general Manuel Menéndez, 1841-1842;
general Juan C. Tonico, 1842; general Francisco
Vidal, 1842-1843; general Justo Figuerola,
1843 (encargado de la Presidencia); general
Manuel Ignacio de Vivanco, 1843-1844; general
Ramón Castilla, 1845-1851; general José Rufino
Echenique, 1851-1855; general Ramón Castilla,
1855-1852; general, Miguel de San Román, 1862-
1863; general Juan Antonio Pezet, 1863-1865;
general Mariano I. Prado, 1865-1868; Coronel,
José Balta, 1868-1872.
En el siglo XX, los gobiernos de facto fueron
reiniciados, esta
vez
de signo claramente golpista en
1930 por el entonces general Augusto Bernardino
Leguía, quien consiguió gobernar dos períodos
constitucionales hasta 1930, año de su final
trágico, porque como nunca, pasar transitó casi
directamente del palacio de gobierno a la cárcel
pública. El breve interregno constitucional del
jurista Luis Bustamante Rivero fue interrumpido
por el golpe de Estado dirigido desde Arequipa
por el comandante Luis M. Sánchez Cerro (1930-
1933), el gobierno civil que siguió fue también
interrumpido por el general Óscar Raimundo
Benavides (1933-1939); otro general, Manuel
A. Odría usurpó el poder entre 1948-1956, el
gobierno civil que siguió fue depuesto por una
Junta militar 1962 que gobernó hasta 1963. El
gobierno del carismàtico Fernando Belaunde
Terry fue interrumpido por la junta militar
presidida por el general Juan Velasco Alvarado
(1968-1975); un contragolpe al interior de la
Junta colocó en la presidencia al general Francisco
Morales Bermúdez (1975 y 1980), durante el cual
se discutió y promulgó la Constitución de 1979.
El retraso material y cultural, el deterioro del
espíritu cívico-moral, las corruptelas y negociados,
el forado presupuestal, el enriquecimiento de
unos pocos, el debilitamiento de la clase media, el
envilecimiento de las costumbres sociales, se debe
siempre a esos regímenes de facto.
Para los propósitos de este trabajo nos
interesan especialmente los tres últimos períodos
de interrupción democrática debido a golpes de
Estado: el del primer gobierno del Arq. Fernando
Belaúnde, que empezó el 3 de octubre de 1968,
con su extrañamiento del país y la instalación de
la dictadura del General Juan Velasco Alvarado,
reemplazado en 1975 —al interior mismo del
régimen militar— por el contra golpista General
Morales Bermúdez y que sólo concluyó el 28 de
julio de 1980 al jurar su segundo gobierno el mismo
Arq. Belaúnde Terry. Fueron consumidos así más
de dos períodos gubernamentales democráticos.
Además, el inédito rebelión-autogolpe del
5
de abril
de 1992, del entonces gobernante constitucional
Alberto Fujimori contra la Constitución de 1979
y que sólo concluyó el 22 de noviembre del 2000,
cuando el Congreso de la República lo vacó en
ausencia por grave y permanente incapacidad. Esta
interrupción le costó al Perú otros dos períodos
gubernamentales que por haber nacido de un
comportamiento especialmente alevoso, merecen
ser analizados desde sus orígenes.
LA ALIANZA PERVERSA Y EL
ABATIMIENTO DE LA DIGNIDAD MILITAR
Después de las elecciones de 1990, el recién
electo presidente constitucional Alberto Fujimori,
antes aún de ocupar su despacho presidencial, se
trasladó a una base militar donde desarrolló una
estrategia secreta con Vladimiro Montesinos, hasta
entonces un abogado de ejercicio privado con
un vergonzoso pasado militar para purgar a las
Fuerzas Armadas de posibles opositores y sentar
las bases para un control más estrecho del alto
mando. Al tomar el poder, el Comando Conjunto
y el Alto Mando de las fuerzas policiales fueron
purgados de la mayoría de sus altos oficiales. Esto
fue, sin embargo, solamente el primer paso de
los esfuerzos del gobierno para reestructurar las
fuerzas de seguridad y acomodarlas a sus designios
propios. Lo mismo pasó con las instituciones
democráticas: Congreso, Poder Judicial, Tribunal
Constitucional y los órganos autónomos de
control. Todos ellos fueron intervenidos.
En lo específicamente castrense, la
administración Fuiimorista, caracterizada por e\
personalismo y la concentración del poder, tuvo un
efecto devastador. Las prerrogativas institucionales
desarrolladas por décadas fueron reemplazadas
por una red de relaciones a nivel de cúpula,
entre Fujimori, Hermoza Ríos y Montesinos y
de éstos con sus allegados, en los mandos medios.
La independencia institucional fue severamente
recortada. Significó además que las instituciones
civiles perdieran el control democrático necesario
sobre las Fuerzas Armadas. Además, como era
de esperarse, las tensiones y los conflictos entre
estas tres poderosas personalidades generaron
importantes crisis internas en las FF.AA y las
fuerzas de seguridad. A la vez que socavaron la
institucionalidad toda del país.
Una serie de decretos legislativos y normas
internas dados por el ejecutivo entre 1991-1992,
revertieron la mayoría de esas regulaciones y
sentaron las bases de la desprofesionalización y
politización de las Fuerzas Armadas. El General
Hermoza no se encontraba en el quinto superior
de la ESG y su selección, como la mayoría del
alto mando desde 1991, se basó solamente en
su lealtad a Fujimori y Montesinos y por el D.
Leg. 752, dado en noviembre de 1991, se hizo
indefinido el período del Comandante General,
sólo sujeto a la confianza del Presidente. Es así
que Hermoza Ríos permaneció en su posición
dual de Comandante General del Ejército y
Presidente del Comando Conjunto entre 1991 y
1998. Pero a pesar del resentimiento que debió
provocar entre la oficialidad, desde 1992 no se
conocieron protestas ni rebeldías en el interior
de las Fuerzas Armadas. El único oficial General,
Rodolfo Robles, que se manifestó en contra del
statu quo
denunciando la existencia de escuadrones
militares de la muerte fue forzado al exilio después
de revelar información.
El otro factor que igualmente minó la
institucionalidad castrense y debilitó su autoestima
fue
su involucramiento en el narcotráfico que, según
el estudio de Ricardo Soberón Garrido
8
, se debió a
que desde 1984 tanto Sendero Luminoso como el
MRTA, eligieron asentarse política y militarmente
en las regiones cocaleras de los departamentos de
Huánuco y San Martín, respectivamente. Este
factor coadyuvó a que dentro del Estado y la
opinión pública peruana se justificara el ingreso de
\as YYA.\ en
Vos
valles cocaleros.
RÉQUIEM DEL RÉGIMEN FUJIMORISTA
Sin embargo, no fueron aquellos excesos los
que deslegitimaron al fujimorismo sobre todo ante
los organismos internacionales democráticos, sino
Ja pretensión reeleccionista de Fujimori, violando
los mandatos del Sistema Democrático de la Carta
Americana. Fue entonces, que la OEA estableció en
Lima, en julio del 2002, una Mesa de Diálogo donde:
"...representantes del gobierno, oposición
y sociedad civil debían debatir sobre el
fortalecimiento democrático, la reforma del
sistema judicial, del sistema electoral, la reforma
del aparato militar y la restitución de los medios
de comunicación a sus legítimos propietarios."
Esta decisión se tradujo, en el ámbito interno,
en un acuerdo político para reformar la Constitución,
que el gobierno quiso condicionarlo a la aprobación
por el Congreso de una amnistía a los militares
implicados en procesos judiciales por narcotráfico.
Los implicados en las matanzas ya habían sido
amnistiados. En consecuencia, el 5 de noviembre del
2000 entró en vigencia la Ley N" 27365, la tercera
reforma de la Constitución de 1993, con el fin de
que el tercer mandato del aún presidente y de los
congresistas culminara en julio del 2001.
Cuando la crisis llegó a su punto de no
retorno, Fujimori buscó alejarse del país, saliendo
entonces rumbo a Brunei, con el pretexto de
participar en una conferencia internacional sobre
la Economía Asia-Pacífico, pero siguió de largo
hasta Japón desde donde envío
porfax
su renuncia.
El 22 de noviembre del 2000 el Congreso declaró
la vacancia presidencial de Alberto Fujimori por
causa de
permanente incapacidad moral;
el cambio de
postura del oficialismo congresal que entonces
votó con la oposición se debió al "video Kouri-
Montesinos".
Una crónica de esos días en el diario
Liberación,
(Lima abril 16-2001, pág. 3), habla del
modo humillante como los aliados militares del
régimen, volvieron a sus cuarteles:
8. Corrupción asociada al tráfico de drogas y las Fuerzas Armadas 1992-1996.
(fusal0@ hotmail.com.)
—• REVISTA UNIVERSITARIA 141 -
"A
través de un mensaje a la Nación el presidente
del Comando Conjunto de las FF.AA. y
Comandante General de la Fuerza Aérea del
Perú, Pablo Carbone Merino, anunciará hoy que
los comandantes generales de las tres armas y
el director general de la Policía han puesto sus
cargos a disposición. En el mensaje grabado
Carbone aborda tres puntos: el primero de ellos
expresar el respaldo total de cada uno de los
jefes militares, a la Constitución y al Gobierno
Constitucional del presidente Paniagua. En
segundo lugar, los tres comandantes y el director
de la Policía Nacional se retractan del indigno
compromiso que asumieron al firmar en 1999
el acta de sujeción a la banda delincuencial que
gobernaba el país. En tercer lugar, Carbone,
Tafur, Ramos y Santisteban ponen sus cargos a
disposición del presidente de la República para
que éste disponga lo conveniente [...]"
RECELOS EN LAS RELACIONES CÍVICO-
MILITARES
Nicolás Maquiavelo escribió con profundo
realismo, el pensamiento copiado como epígrafe
al inicio de este artículo. Denotando que esta
experiencia es universal, además de actual, dice
Alexis Tocqueville (1963, 71-72):
"Cuando el espíritu militar abandona a un
pueblo, la carrera militar deja de ser también
estimada y los hombres de guerra bajan al
último puesto de los funcionarios públicos; se
les aprecia poco y no se les atiende. Entonces
sucede lo contrario de lo que se da en los siglos
aristocráticos: no son los principales ciudadanos
los que entran al ejército, sino los menos
importantes. [...] Lo más selecto de la nación
huye de la carrera de armas, porque no es
honrosa
[...]
El soldado se siente en una posición
inferior y su orgullo herido acaba por darle el
gusto de la guerra o el amor a las revoluciones,
durante las cuales espera conquistar con las
armas en la mano la influencia política y la
consideración individual que se le disputa."
En el Perú, la mutua desconfianza y hasta
aversión entre civiles y militares viene de la época
en que la empresa conjunta de la independencia
nacional concluyó y como vimos (supra 3), el
papel ordenador de las primeras constituciones
señaló roles específicos a los ejércitos; y aún más,
previno para que el militarismo no se convirtiera
en casta con ínfulas de superioridad y designios
de casta gobernante.
Los constituyentes franceses de 1793, entre
otras normas a este propósito, dejaron establecido
en el Art. 111° del Acta Constitucional "La
diferencia
de grados, sus signos
distintivos
y la subordinación sólo
subsisten
en relación al servicio y
mientras
éste dure."
Pero en el Perú y seguramente en otros países
de tradición militarista, los militares retirados
no dejan de ostentar sus signos distintivos y sus
prerrogativas; disfrutan junto con su pensión
en dinero, de provisiones y servicios gratuitos
que su institución incluye en la resolución de su
cese y que los perciben efectivamente por estar
presupuestados; adicionalmente, y con carácter
general, las leyes presupuéstales consignan
asignaciones específicas a favor de las asociaciones
de retirados; a ello se debe los presupuestos
siempre elevados de las Fuerzas Armadas
y Policiales, dado que ambas instituciones
están homologadas por la Constitución, pues,
conforme al Art. 174°, "Los grados y honores, las
remuneraciones
y pensiones inherentes a la jerarquía de
oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
son equivalentes..."
Y si además prestan su apoyo al
sostenimiento de algún autócrata, esas ventajas se
multiplican. Por otro lado, la oficialidad mantiene
asociaciones de retirados que los gobiernos
favorecen invirtiendo en sus infraestructuras y
equipamiento; auspiciando en buena cuenta los
cenáculos militares en los que la mentalidad de
casta se mantiene y aún profundiza.
Algunos de esos privilegios se instituyeron en
épocas en que los pueblos
y,
a su turno los Estados,
debieron reconocer servicios excepcionales a los
militares, sea en la defensa o en la guerra que en
nuestra época son cada vez más episódicas. Esa
acendrada tradición ha impedido reflexionar y
aún educar que la persona incorporada a la vida
militar lo hace temporalmente: es civil antes de ser
militar y vuelve a ser civil después de ser militar. Es
más, muchos militares retirados buscan postular
a cargos públicos; entonces recién estiman su
condición civil y buscan el respaldo del electorado.
La mencionada Acta de la
Constitución Francesa
dispuso, asimismo, en su artículo 110°, "No hay
ningún generalísimo".
El Perú no reconoce el rango
de generalísimo, pero muchos oficiales aspiraron
a detentarlo, como una exigencia a la Nación
por algún logro, legítimo o superlativizado. Así
lo pretendió el General Benavides y últimamente
lo ambicionó el General Hermoza Ríos el
autoproclamado general
victorioso
por el conato de
guerra en el Cenepa, con el cual lucró antes que
peleó; sin pensar que esa ambición le atraería
los celos del autócrata y su asesor Montesinos,
causando su final perdición en el delicado y celoso
equilibrio del poder.
9
Víctor Villanueva (1971, 165) afirma:
"Empero sucede que los profesionales de la
guerra proclaman su aversión a la política en
general y rechazo a la práctica política, siendo
así que siempre pensaron en términos políticos e
históricamente actuaron políticamente cada vez
que se presentó una coyuntura. Esta manifiesta
contradicción parece, pues, ser más aparente
que real."
Y con su experiencia de capitán retirado del
Ejército peruano, añade:
"El sentimiento de casta del oficial peruano ha
sido fortalecido durante toda su existencia por
una serie de mecanismos. El agachamiento de
las instituciones civiles[...] el aislamiento social
en que vive y que le hace pensar que el cuartel es
su mundo; el desprecio por el civil que se inyecta
al soldado desde que ingresa al servicio; [,..]el
ejercicio de la violencia (institucionalizada) cuyo
monopolio posee; los beneficios económicos que
le permiten sortear las épocas de crisis; el status
institucional, y en fin, el hecho de pertenecer a
una "institución tutelar de la patria"; conducen
al militar a identificar sus propios intereses con
los de la Nación[...]"
Con otras palabras, pero lo mismo, dice
Alexis Tocqueville (1957: 556):
"Lo que aumenta [...] el espíritu militar y
turbulento del ejército[...] es el carácter pacífico
de los ciudadanos; nada hay más peligroso
que un ejército en el seno de una nación que
no es guerrera; el amor excesivo de todos los
ciudadanos por la tranquilidad pone diariamente
la Constitución a merced de los soldados."
La sorprendente transformación mental
del militar cuando emprende la represión o una
aventura golpista ha sido recreada por Isabel
Allende (2000: 50), con ocasión del derrocamiento
del presidente Salvador Allende, patentizando el
cambio violento que sufre su personalidad:
"[...]en cada peldaño de la amplia escalera
de piedra había soldados apostados, parecían
haber enloquecido, pateaban y golpeaban con
las culatas a los que bajaban con un odio nuevo
recientemente inventado, que había florecido en
ellos en pocas horas, algunos disparan sus armas
por encima de las cabezas de los rendidos[...]
Siguieron golpeándolos hasta la calle y allí les
ordenaron acostarse boca abajo en el suelo, les
pisaron, les insultaron hasta que se les acabaron
las palabrotas del castellano y entonces le
hicieron señas a un tanque. Los prisioneros lo
oyeron acercarse estremeciendo el asfalto con su
peso de paquidermo invencible ¡abran paso que
los vamos a pasar por encima a estos huevones!
gritó un coronel[...]"
Nos hemos preguntado siempre, sin hallar
respuesta razonable ¿dónde y cuándo se acuñó
ese título de
institución tutelar
que suele darse en
documentos y ceremonias oficiales a las FEAA
y que últimamente hasta las fuerzas policiales
lo reclaman como su emblema? Para un jurista,
la
tutela
se ejerce sobre personas incapaces. Pero,
si alguna Constitución o ley ordinaria proclamó
exprofeso alguna vez ese tutelaje y pronto quedó
borrado por impertinente o anacrónico, fue de
algún modo renovado por la Constitución de 1993,
al decir en su Art. 166°, "La Policía Nacional, presta
protección
y ayuda a las personas." Cuando debiera
decir:
"garantiza su seguridad y
la de
sus bienes".
Y en su
Art.44°, al decir, "Son
deberes
primordiales del Estado,
defender la soberanía nacional... proteger a la población de
las amenazas
contra
su seguridad." Y como quiera que
el Estado —persona moral— no tiene capacidad
propia para ejecutar esa tarea, al ejecutarla en su
nombre, ¿las FEAA, realizan una función
tutelar?
En fin, a los peruanos -pueblo pacífico, sin
duda- nos han educado con el fetiche del uniforme
y la superioridad militar, porque casi dos tercios
del tiempo de la vida republicana consentimos
gobiernos militares, sin insurreccionar.
Incluso Andrés Avelino Cáceres, (Basadre,
304: t. VII) que, sacrificando familia y hacienda
propias, fue nervio y cerebro de la epopeya que
forzó la retirada del ejército invasor y como
ninguno supo dar cumplida cuenta de los
gastos de la campaña a cargo del erario, gastos
increíblemente escasos para tremenda epopeya'
0
,
también se dejó seducir por el poder. Después de
9. El General Hermoza Ríos ha volcado esas experiencias en un voluminoso texto que ha titulado: "Fuerzas Armadas del Perú, Lecciones de
este Siglo, homenaje a los soldados[...]" Pero hoy sufre prisión común al habérsele descubierto cuentas secretas personales y familiares en Suiza
por más de siete millones de dólares, sobre cuyo origen ha tenido que aceptar proviene de comisiones por la compra de armas para aquella
guerra apenas anunciada, librándose así de la imputación más grave y deshonrosa de narcotráfico.
10. Los documentos presentados para su examen al Tribunal Mayor de Cuentas por el Jefe de la Sección de Contabilidad del Ejército del Centro
y Comisario de Guerra acreditan que las campañas de resistencia desde el 27 de abril de 1881 hasta el 31 de diciembre de 1883 sólo costarona
¡a Nación S/.396,660.03.
ser Presidente Constitucional, aunque consiguió
la reelección en 1984 en elecciones limpias pero
luctuosas, tuvo que dejarla cuando el delegado
apostólico José Macchi le dijo: "General, a Ud.
(ahora) lo odian hasta
las piedras,
no vale que derrame más
sangre, aunque venza
no
podrá ya
Ud.
gobernar".
Debemos recordar que después de la Guerra
de Independencia y de la Guerra con Chile,
el valor, el heroísmo, y la honradez del militar
peruano se han tornado episódicos o singulares,
en tanto que su desprestigio ha crecido al mismo
ritmo de su afán por la captura del poder y los
privilegios. Por otro lado, una reglamentación
militar poco sopesada hasta ahora nos ha sumido
en la apatía al no dejarnos ver que el ejército es
débil en la guerra, porque el derecho de antigüedad
sigue siendo ley suprema en los ascensos, sobre la
desventaja estratégica que ello conlleva. A este
propósito, Alexis Tocqueville (1957: 603) dice:
"Resulta pues que cuando, después de un largo
reposo, toma un pueblo democrático al fin las
armas, todos los jefes del ejército son ya viejos.
[...] Si se examina un ejército democrático
después de una larga paz, se ve con sorpresa que
todos los soldados son jóvenes, mientras que los
jefes declinan; de suerte que a los primeros les
falta la experiencia y a los otros el vigor".
Si los peruanos, civiles y militares,
quisiéramos cambiar este afrentoso escenario,
buscando enfrentar mejor las amenazas externas
y aún internas, siempre latentes en nuestro
horizonte, deberíamos emprender una cultura de
relaciones mutuamente respetuosas, hermanadas
y coadyuvantes, por la única causa que es esta
nuestra Nación y nuestra Patria. Si no actuamos
con ese propósito de enmienda, la repulsa de Albert
Einstein (1984: 119) al falso patrioterismo de que
disfraza la clase militar sus propias carencias y
frustraciones, cobrará vigencia:
"Mi ideal político es la democracia. Que se
respete a cada hombre como individuo y que
no se convierta a ninguno de ellos en ídolo[...]"
"Ese tema me lleva al peor producto de la vida
de rebaño, el sistema militar el cual, detestof...]
Esta plaga de la civilización debería abolirse lo
más rápidamente posible. Ese culto al héroe, esa
violencia insensata y todo ese repugnante que se
conoce con el nombre de patriotismo. Con que
pasión los odio, qué vil y despreciable me parece
la guerra[...]"
NUESTRAS RELACIONES CON CHILE
Como nota final, es indispensable referirnos
a nuestras relaciones con Chile que por profesión,
nuestra clase militar y por reflejo la población
en vigilia tienen muy presente como la amenaza
chilena, innegablemente subsistente, no obstante
la firma de los Acuerdos de Lima que Fujimori
presentó como la feliz
culminación
de un proceso
de distensión, a semejanza de la aún discutida
paz lograda con Ecuador. Lo real es que aún
mantenemos significativos conflictos de intereses
actuales con dicho país derivados de los tratados
que pusieron término jurídico a la Guerra del
Pacífico. Uno de ellos es la demarcación marítima
pendiente que se extiende mar adentro desde la
Línea de La Concordia que hace nuestra frontera
con Chile, porque el acuerdo de 1952 contiene un
error lesivo para el Perú al haberse fijado el mar
territorial conjuntamente con Chile y Ecuador
paralela a la franja costera peruana de líneas
muy sinuosas, en tanto que Chile tiene una franja
uniforme. Conflicto cuya existencia Chile niega en
todos los canales de nuestras relaciones y maneja
eficazmente su prensa, como el artículo en Internet
de Oscar Mertz", bajo el título:
Nuestras relaciones
con el
Perú
del 17 de febrero del 2002, con ocasión de
la visita del Presidente Alejandro Toledo a Chile
ofreciendo el
desarme unilateral
del Perú:
"Chile es un país que ha aceptado el curso actual
de sus fronteras, no aspira a anexar territorios
limítrofes y, en consecuencia, su política de
defensa responde a la necesidad de defender
el statu quo con un sistema militar dotado de
capacidad meramente disuasiva. Sin embargo,
no es posible encontrar en el ambiente vecinal
la misma disposición a respetar estas fronteras,
primando más bien aspiraciones oceánicas,
bioceánicas e irredentismos territoriales que
conducen a una concepción de las respectivas
Fuerzas Armadas con capacidades que van más
allá de la disuasión."
Hay que reconocer que nuestra diplomacia
enfrenta escollos formidables. Persiste en Lima
un sentimiento antichileno, como lo demuestra
una encuesta publicada por el diario La
Tercera
en agosto del 2005, según la cual, el 60% de los
entrevistados tiene una visión desfavorable de
los empresarios chilenos y un 65% estima que la
relación con Chile es sólo regular, frente a un magro
21% que piensa que es buena. Conociendo estos
11. Página web:w.udp.ci/comunicaciones periodismo/t2004/jara.pdf
sentimientos, los políticos peruanos suelen recurrir
al refrescamiento de los mismos, aunque sólo
para aumentar su votación o para sobreponerse
a las valoraciones negativas de su desempeño que
esas mismas encuestas muestran. Sin embargo,
no deja de sorprender que el Presidente Toledo
utilizara esos mismos recursos cuando durante
su candidatura buscó la amistad chilena y, en
particular, la del Presidente Lagos. Pese a ello,
ya en marzo pasado el entonces candidato a la
presidencia Alejandro Toledo llamó a no consumir
productos Lucchetti a 19 días de las elecciones, y
ahora suspende una visita a nuestro país, gesto que
debe ser interpretado como un desaire.
Y desde la óptica académica de dos altos
oficiales chilenos:
12
"En el caso de Chile, las instituciones armadas
se encuentran abocadas a sus planes de
modernización y renovación de material
obsoleto[...] Esta fuerza se encuentra en franca
modificación de su tradicional concepto de
presencia territorial, buscando una estructura
más flexible a través de sistemas operativos
organizados a base de unidades completas,
dotadas con todo lo necesario para hacerlas
plenamente operacionales.
En el caso de los países latinoamericanos se
considera importante la opinión que desde el
año pasado los EE.UU. sostenía de los cinco
países sindicados como "aliados estratégicos en
la región" (Canadá, México, Brasil, Colombia
y Chile). Entre éstos, indudablemente, ha
destacado la relación bilateral con Chile y
México derivado de su condición de integrantes
del CSNU. Este aspecto se ha visto reflejado
con toda su intensidad en las presiones recibidas
por ambos países, con el fin de que apoyaran
explícitamente la postura norteamericana en
contra de Irak. [...]
En lo inmediato, en la subregión continuará
privilegiándose la cooperación y los mecanismos
diplomáticos para resolver las controversias,
pero como se señalara anteriormente, sin
descartar de plano que el uso de la fuerza pueda
ser una opción necesaria frente a amenazas
emergentes que pueden derivar hacia conflictos
entre estados. [...] es necesario tener presente
que, a pesar de los procesos de integración y
cooperación que hoy vivimos, los diferentes
actores mantienen la intención de imponer sus
propios intereses, estando siempre latente la
posibilidad de ocurrencia de crisis que pueden
derivar en un conflicto, situación que, aunque
atenuada actualmente, mantiene vigente el uso
de la fuerza en legítima defensa y como último
recurso del Estado Nación, tal como lo establece
la Carta de las Naciones Unidas."
Una nueva confrontación con Chile siempre
debemos considerarla latente, sino inminente;
y para enfrentarla no sólo con suficiencia sino
con ventaja, debemos prepararnos con sentido
de responsabilidad, para que no vuelvan a
infringirnos la humillación de 1881; para evitar
nuevas pérdidas, incluso, sin pensar en recuperar lo
usurpado. Los motivos de la confrontación bélica
no han desaparecido, allí está el secular problema
de la mediterraneidad de Bolivia, nuestra
aliada ancestral y están los extensos intereses
económicos chilenos en territorio peruano
que sus gobiernos han prometido defender, al
puro estilo y mentalidad norteamericanos; de
allí también su alianza natural. Y si el destino
nos llevara a esa nueva confrontación, nunca
más aceptemos la mediación de la EE.UU. de
Norteamérica
13
porque sus intereses siempre
fueron más compatibles con los de Chile que con
los nuestros, como claramente piensan los oficiales
chilenos que escribieron el artículo copiado.
Nuestra preparación no sólo ha de consistir en
modernizar el equipamiento y los pertrechos
militares y capacitar al personal militar, sino
introducir la milicia civil permanente, con
métodos, objetivos e instrucción diferentes a lo
que se llamó la
instrucción premilitar,
y las reservas
del ejército con sus listas pasivas; a la vez que
repensar en un sistema y procedimientos de
reclutamiento para las listas activas, superando
el sistema medieval abolido en nombre de la
protección de los derechos fundamentales.
12. Los tenientes Coroneles
Claudio
Andaur
Urbina,
Mauricio Araya
Mourges,
exhiben las calificaciones de Oficial de Estado Mayor, Magíster en
Gestión y Planificación Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército, Oficial Analista del CESIM, Profesor de Academia en la Cátedra de
Logística, Comandante del Grupo de Observadores de Naciones Unidas en Siria, etc. (www.caer.com.ar/es).
13.
Jorge Basadre ha registrado, con sentido de denuncia, la actuación parcializada del comisionado norteamericano Hurbult, en las tratativas
de paz con Chile para su retiro del territorio invadido; Hurbult, condenaba en apariencia la pretensión de cesión chilena; a la vez promovía
pronunciamientos internos y externos: "[.. ,]son de opinión que Chile ha adquirido como resultado de la guerra el derecho a indemnización por
los gastos de ella y que el Perú no puede rehusar al pago." Mientras, el Presidente García Calderón, esposa y dos hijas, permanecían de rehén
en la zona más inhóspita y alejada de Chile. Basadre ob. Cit. T. VI, Pág. 267.
—• REVISTA UNIVERSITARIA 141 -
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