REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXIII N° 13 / 2021 ISSN 2519-7592
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EL COOPERATIVISMO AGRARIO DE PRODUCTORES COMO
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO PERUANO (1968-1975)
THE AGRICULTURAL COOPERATIVISM OF PRODUCERS AS A
PUBLIC POLICY OF THE PERUVIAN GOVERNMENT (1968-1975)
Alí Felix León Charca
(1)
Universidad San Martín de Porres, Lima. Perú
Resumen: El presente artículo se ocupa brevemente del cooperativismo agrario de
productores como política pública del Estado peruano entre 1968 y 1975, enfoca-
do con neutralidad y libre de pasiones ideológicas propias de un tema controver-
sial como el que nos ocupa, con el propósito de presentar un período cardinal de
nuestra historia republicana para comprender los alcances del valor público vincu-
lados a la denominada “democracia económica”.
Palabras Clave: Política pública, historia reciente, reforma agraria, cooperativismo,
democracia económica.
Abstract: This article deals briey with the agrarian cooperativism of producers as
a public policy of the Peruvian State between 1968 and 1975, focused with neu-
trality and free from the ideological passions of a controversial issue like the one at
hand, with the purpose of presenting a cardinal of our republican history to under-
stand the scope of the public value linked to the so1called “economic democracy”.
Key Words: Public policy, recent history, agrarian reform, agrarian cooperativism,
economic democracy.
(1) Doctor en Derecho (UNSAAC) con estudios de maestría en ciencia política con mención en
políticas públicas y gestión pública (PUCP). Ex asesor de la Comisión de Producción del Congreso de la
República y actual asesor de la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia. Profesor del Departamento
Académico de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Barranca. leon.af@pucp.edu.pe.
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • UNSAAC
Noviembre 2020 - Octubre 2021
ISSN 2519-7592 / EIssn: 2709-8540 • Nº 13 • Págs. 187 - 212
Recibido 15/05/2021 Aprobado 28/10/2021
El Cooperativismo Agrario de Productores como Política Pública del Gobierno Peruano (1968 - 1975)
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1. Introducción
El Estado es el constructo cultural más antiguo y complejo de la humani-
dad. Perfeccionado en Egipto, alcanzó esplendor en Grecia y se consolidó en Roma
para extenderse en todo el planeta, evidenciando en ello la tendencia natural de
los seres humanos hacia la organización colectiva e implementación de políticas
públicas. Sudamérica no fue ajena a la situación descrita, aunque su contexto his-
tórico ha denido sus propias características.
Sucede que no toda tarea emprendida desde el ámbito privado ha sido
exitosa como lógica consecuencia de la no intervención estatal. Así tampoco ten-
drá que fracasar cualquier proyecto público, como exclusiva consecuencia del im-
pulso estatal.
Desde siempre y para todo aquello que el sector privado nunca pudo -o
quiso resolver- estuvo “El Príncipe”, administrando los recursos y necesidades de
una plebe tributaria en busca de servicios. Esto representa más que el simple ejer-
cicio del poder político, es la prueba objetiva de la vigencia del “Contrato Social” del
enciclopedista Jean Jaques Rousseau y el propósito mismo del estudio cientíco
de las relaciones entre gobernantes y gobernados.
En un reexamen contemporáneo del rol del Estado, tendrá lugar la revi-
sión de acontecimientos sociales y económicos desde diversas perspectivas, no
solo para facilitar su comprensión, sino además para permitir la adecuada teori-
zación de las ideologías, en particular aquellas que calican al Estado “como un
pésimo administrador de recursos y necesidades”.
Para el estudio fenoménico del rol estatal en el Perú republicano, nos de-
tenemos en el estudio de la Reforma Agraria, como mecanismo institucional del
denominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA) (1968-1975).
Nuestro objetivo es aportar -desde la ciencia política-, al esclarecimiento de una
de sus instituciones más caracterizadas: “el cooperativismo agrario de productores”
como política pública.
El interés de nuestro artículo cientíco se justica por la trascendencia
socio-económica del fenómeno estudiado, partiendo de la importancia que tuvo
para el Perú la serie de acontecimientos políticos ocurridos desde el 03 de octu-
bre de 1968, cuando el Gral. Juan Velasco Alvarado, liderara el golpe de Estado en
contra del gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, así el 24 de junio de 1969
al promulgar el Decreto Ley N° 17716 (Ley de Reforma Agraria) acabando con el
sistema semi-feudal de propiedad de la tierra en nuestro país y la seguidilla de opi-
niones que hasta el día de hoy genera la expropiación de latifundios, sustituyendo
ese antiguo sistema de explotación de la tierra por uno colectivista, mediante la
constitución de cooperativas agrarias de productores.
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Al ocuparnos del cooperativismo agrario de productores, hacemos
referencia a la expresión institucional del principio colectivista en la propiedad
de la tierra, enmarcado en esa política pública del Estado peruano orientada
al rescate del campesino y su economía, de allí la importancia de su estudio
científico.
En los capítulos que integran la investigación, se presentan y posterior-
mente se analizan, los componentes de aquella política pública, comparando los
documentos ociales de la época, como el denominado “Plan Inca” (en tanto resu-
men de los objetivos originales del cooperativismo agrario), con la legislación agra-
ria de entonces y los datos presentados por estudios estadísticos independientes
del agro peruano realizados al cabo de 1975.
Nuestro artículo procura sumarse a los esfuerzos intelectuales de Pease,
Eguren, Rojas, Gárate y Pásara -entre otros-, que, en torno al gobierno militar de
Velasco, han sentado las bases del debate sobre estos temas, deteniéndonos en un
solo factor de los tantos que comprende, aquél relativo a la implementación del
cooperativismo agrario de productores.
2. Antecedentes
Con motivo de la presentación del libro “La revolución peculiar: repensan-
do el gobierno militar de Velasco” del Instituto de Estudios Peruanos, en el marco
de la 23 Feria Internacional del Libro, Marisa Isabel Remy, en calidad de comenta-
rista sostiene: “(…) sobre el gobierno militar se ha escrito mucho menos de lo que
merecería ser escrito (…); y ello principalmente porque en la materia que nos con-
voca, se ha investigado poco y naturalmente, se ha publicado aún menos”.
La cita, constituye una justicación objetiva, proveniente de la realidad,
puesto que la reforma agraria y en ella el cooperativismo agrario de productores,
como experiencias histórico-sociológicas, han ocupado el interés de algunos in-
vestigadores, siendo quizás esquivas en lo que a ciencia política concierne, de allí
el difícil hallazgo de fuentes de consulta especíca (sobre cooperativismo agrario
de productores), capaces de nutrir adecuadamente un marco teórico como el que
presentamos; no obstante lo anotado, pretendemos su validación, en virtud a la
calidad bibliográca conseguida.
Una premisa cientíca con relación a la institución cooperativa, radica
en el hecho de no constreñirse a la realidad nacional, de suyo, se ha intentado en
múltiples latitudes y bajo diversos contextos, mirar primero a la “región”, procurando
que ello resulte benecioso para los objetivos de las investigaciones relativas a la
materia. Sin escapar a esta lógica planteamos nuestro enfoque.
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Desde sus orígenes más remotos, el Perú se ha caracterizado por ser un
país con vocación agrícola, en su pasado precolombino la noción de propiedad
colectiva de la tierra habría inspirado el trabajo equitativo y colectivo en general,
es así que la evolución del cooperativismo peruano, como parte del movimiento
cooperativo mundial se vincula a su pasado cuando se habla de un “cooperativismo
primitivo” que se explica por la comprensión gregaria de las sociedades,
representadas a su vez por organizaciones como el mir ruso, la marca alemana, el
callpulli mexicano y el ayllu peruano, llegando hasta los denominados “Pioneros
de Rochdale” en Inglaterra (1844) como respuesta de la colectividad frente a las
condiciones provocadas por la revolución industrial en los trabajadores textiles.
De manera universal, las cooperativas se han basado en el principio de la
solidaridad, el fundamento del principio solidario para las cooperativas productivas
es el colectivismo económico, como fórmula de acceso y administración de
determinado medio de producción; es decir, de aquella actividad que a su vez
conduce al favorecimiento del grupo en lo que originalmente implicaba el rédito
de un único favorecido.
Nuestra visión del pasado cooperativista agrario de productores en el
Perú (como política pública y sus niveles de implementación registrados entre
1968 y 1975), se sostiene en la necesidad de comprender adecuadamente aquella
etapa controversial de nuestra historia republicana, dotándole de un componente
analítico (bondades y dicultades), para evaluar su reivindicación en tanto
alternativa comunitaria de democracia económica.
3. Cooperativas y Latinoamérica
En lo relacionado a la problemática de las cooperativas en Latinoamérica,
Coque (2002), citando a Gadsden (1992) en Pulso Rural (1994), sostiene:
“Una parte de los problemas del cooperativismo latinoamericano
contemporáneo se debe a un exceso de fuerzas exógenas del pasado. Como
sucede en otras regiones desfavorecidas, la promoción de cooperativas
habría servido a intereses ajenos a las poblaciones locales supuestamente
beneciarias, lo cual ha generado debilidad en las entidades de primer grado
y las federaciones actuales”.
El trabajo de Coque ciertamente se concentra en las experiencias
cooperativas de Argentina, Brasil y Chile, sin mirar lo acontencido en nuestro país;
no obstante, aporta una perspectiva valiosa para comprender de modo general el
derrotero que en Sudamérica han tenido las cooperativas, como consecuencia del
proceso de adaptación institucional que tuvieron, dado el origen contemporáneo
de las cooperativas europeas a partir de 1844 como lo explica Enrique Mayer (2009)
en su obra sobre la materia.
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Para Coque y Mayer las dicultades que experimenta la colectivización
de las actividades humanas en una latitud tan singular como Sudamérica, tiene
explicación casi excluyente en la sociología, apreciación que no compartimos
íntegramente, puesto que, una perspectiva política (más propiamente de ciencia
política), puede aportar valiosa información, tanto para la explicación del fenómeno,
como para la elaboración de una suerte de fórmula (basada en criterios objetivos)
para evaluación de resultados cuando nos ocupamos de la implementación de
políticas públicas.
4. La brecha de la implementación
Implementar una política pública es la fase intermedia o nal (según la
teoría respectiva) de un proceso detenido de planicación que involucra ideación,
factibilidad y toma de decisión, con el propósito de superar una necesidad colecti-
va desde la iniciativa pública.
Grindle (2009), arma que “Implementación -llevar ideas de la política a la
práctica- es frecuentemente la parte más difícil e incierta del proceso de la política”.
La implementación de políticas públicas y sus eventuales vicios, en particular la
denominada “brecha de la implementación”, no es privativa de gobiernos demo-
cráticos o de gobiernos de facto, le es propia incluso a las monarquías; por con-
siguiente, su explicación y comprensión, no pasan por los escenarios sistémicos,
siendo indispensable más bien, enfocarse en la naturaleza misma de las políticas
públicas y en contextos histórico-sociales que les corresponden.
Cierto es que en democracia la brecha de la implementación cobra parti-
cular signicado, puesto que la elección de autoridades guarda una relación casi
inmediata con la oferta electoral de suerte tal que un candidato es más o menos
votado, dependiendo de los niveles de aceptación que su propuesta de políticas
públicas alcance en la población ¿pero en dictadura?
La historia universal registra por miles los casos en los cuales la realidad
ha superado largamente la nalidad u objeto de las políticas públicas. Con relación
al ámbito ejecutivo de los gobiernos, en lo que Grindle (2009) ha denominado “La
brecha de la implementación”, a tiempo de sostener que:
“(…) es frecuentemente la parte más difícil e incierta del proceso
de política. Nuestra atención por supuesto, tiende a dirigirse al calor de los
debates, negociaciones y votaciones que caracterizan la aprobación de nue-
vas políticas, cuando funcionarios y políticos hablan en pro o en contra del
cambio, cuando los medios siguen los pormenores de apoyo y oposición y
cuando una variedad de agentes habla sobre la intencionalidad de nuevas
políticas (…)”.
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Esta brecha de disparidad que frecuentemente hay entre lo que se anun-
cia como política y lo que en realidad se ejecuta (…) constriñe a las políticas pú-
blicas en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
tanto en política internacional como en la nacional.
Más adelante y en lo referido a las “leyes de Murphy”, frecuentemente ci-
tadas por los autores en lo concerniente a la brecha de la implementación Grindle
(2009), arma lo siguiente:
“En ocasiones, la brecha de la implementación puede ser relativa-
mente angosta, al introducir cambios sutiles cuando la política pasa del anun-
cio a la realidad. En otras, puede ser enorme como el caso de una nueva políti-
ca que nunca se lleva a cabo y permanece olvidada en repisas empolvadas. La
brecha puede ser benigna, o incluso útil, por ejemplo, hay políticas públicas
pobremente diseñadas pero que se ajustan a la realidad en un esfuerzo para
hacerlas más implementables. Pero, también puede ser profundamente dañi-
na, como cuando los benecios de la política son aprovechados por aquellos
que no tienen derecho a ellos. Pequeña o grande, benigna o dañina, la brecha
de la implementación casi siempre es imprevisible.
“La frecuencia de la brecha sugiere la verdad encerrada en las leyes
de Murphy: “nada es tan sencillo como parece. Todo consume más tiempo de
lo que usted cree consumirá. Si algo puede salir mal, saldrá mal”. En el proceso
de la política pública, los postulados de Murphy implican que para cualquier
nueva política, “para cualquier proceso posible de análisis y diseño, existe una
probabilidad signicativa que lo que se anuncia como política, sufrirá un re-
vés, reinterpretación, deslizamiento o sabotaje mientras se hacen esfuerzos
para ponerla en práctica”.
En democracia es “más sencillo” pedir cuentas de lo que se ofreció y no se
cumplió o se cumplió a medias. En dictadura o incluso en monarquía, el balance es
más complicado, pues la ausencia de consulta o de niveles de retroalimentación,
están reservados casi exclusivamente a la intervención de la prensa u otros meca-
nismos contralores no formales.
5. ¿Qué se buscó originalmente?
El cooperativismo agrario de productores signicó la parte medular de la
reforma agraria, tanto en su fase de ideación como en el ámbito de su implemen-
tación. Son muchos los autores que sostienen que fue precisamente este aspecto
(el institucional) uno de los aciertos del GRFA, si se tiene en cuenta que todo el
contenido ideológico que sostuvo el proceso político entre 1968 y 1975, guardó
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relación con el contexto histórico internacional que permitió a la sociedad rusa
convertir una realidad con atavismos medievales a una potencia mundial durante
el gobierno de Josep Stalin.
Sobre la situación del Perú en el ámbito contextual adyacente al “velas-
cato”, se debe considerar que en la introducción de su libro “El ocaso del poder
oligárquico – Lucha política en la escena ocial 1968 – 1975”, Henry Pease (1977),
sostiene lo siguiente:
“El proceso político iniciando con el movimiento del 3 de octubre de
1968, rompió muchos esquemas de análisis de la sociedad peruana. Para el
observador y el actor político los primeros días del nuevo gobierno hicieron
pensar en el entonces reciente “Modelo Brasilero”; o, en el regreso hasta los
militares de viejo cuño. Incluso luego de la toma militar de la International
Petroleum Co., algunos observadores esperaban algo distinto a las interven-
ciones militares de este siglo.
Para los más optimistas, lo máximo que podía esperarse era un rol
transitorio, como el de la junta militar de 1962-63, que realizara algunos
ajustes y devolviera pronto el poder a los partidos tradicionales.”
Desde otras fuentes y centrándonos en la temática previa a la institución
cooperativa, queda claro que la reforma agraria fue el cuarto objetivo especíco
del denominado “Plan Inca”, documento ocial del Gobierno Revolucionario de la
Fuerza Armada, presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado, que se diera a conocer
el 28 de julio de 1974, de cuyos alcances nos ocupamos más adelante.
6. ¿Qué se consiguió?
Cuando se evalúan fenómenos políticos desde su trascendencia, las opi-
niones pueden ser diversas pues hay desde quienes critican los acontecimientos
partiendo de un innegable sesgo subjetivo, víctimas de emociones y otras reaccio-
nes muy humanas, fruto de su visión ideológica de la realidad hasta llegar a aque-
llos que sostienen posiciones basadas en datos y fundamentos concretos.
La reforma agraria de Velasco no ha estado libre de los elementos antes
enunciados al ser probablemente el episodio más controvertido de la historia re-
publicana del Perú.
Reere Aguirre (2018) que Cynthia McClintock y Abraham Lowenthal en su
obra “The Peruvian Experiment Reconsidered”, al reunir una serie de ensayos sobre
las “limitaciones y fracasos” de las reformas velasquistas, especialmente en los ám-
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bitos del crecimiento económico, la redistribución, la justicia social, la reducción de
la dependencia externa y la participación popular, aportan una posición integral
que enfatiza en la reforma agraria, responsabilizando a las cooperativas (como co-
lectivo) del descrédito nal del propio proceso reformista, armación fundamental
que constituye uno de los ejes conceptuales del presente artículo.
Sobre el tema, Aguirre (2018):
“Lowenthal sostiene (…), que el gobierno militar obtuvo éxito en
su verdadero objetivo original “si se dene al experimento peruano de 1968,
como un programa de armación nacionalista, modernización económica,
reformas anti-oligárquicas y construcción sistemática del Estado, con apoyo
institucional de las fuerzas armadas, esa agenda fue implementada en un ni-
vel impresionante”.
Según Lowenthal, el Perú fue capaz de ponerse a la altura de otros
países gobernados por regímenes populistas en la región, en el esfuerzo por
cerrar la brecha en las “realidades socioeconómicas por un lado y sus insti-
tuciones políticas y sus programas públicos por otros”.
Sostiene Fernando Eguren (2005) que la reforma agraria peruana se carac-
terizó por:
a) Aprovechar los contextos favorables. En el caso peruano contribuyeron
un conjunto de factores externos (la guerra fría, la revolución cubana, el apoyo es-
tadounidense y de organismos internacionales) e internos (emergencia de poderes
urbanos, debilitamiento de la clase terrateniente, intensos movimientos campe-
sinos) para que la reforma agraria se instalase sólidamente en la agenda política.
b) Lograr una fuerte voluntad política. Era indispensable: (a) una férrea vo-
luntad política para que la reforma agraria sea ejecutada; así como, (b) una correla-
ción de fuerzas políticas favorable (que el presidente Belaunde no tuvo en 1964). La
ausencia de ambas condujo a que un gobierno autoritario asumiese esta tarea (en
vista de las condiciones favorables mencionadas en el párrafo anterior).
c) La victoria sobre la pobreza no es un resultado natural. La redistribución
de la tierra entre campesinos pobres no trae como inevitable consecuencia ni el
desarrollo económico ni la derrota de la pobreza.
d) Debe garantizarse la difusión del know how empresarial. La pérdida del
personal técnico y gerencial que laboraba en las haciendas más modernas fue,
cuando estas se convirtieron en cooperativas de producción, una de las razones
principales para que ellas fracasasen. No hubo una política decidida de formación
de cuadros técnicos que reemplazasen a los desplazados.
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e) Las asociaciones de productores —cooperativas y otras— no deben ser
impuestas, sino creadas voluntariamente por ellos. La formación de asociaciones
para la producción —como las ya mencionadas cooperativas agrarias de produc-
tores (CAP)— requiere de una serie de condiciones para que tengan éxito. Una de
ellas es que deben surgir como respuesta a las necesidades de los propios produc-
tores. En el caso del Perú, fue un modelo empresarial impuesto desde el Gobierno
Central. No hay nada inherente ni esencial a estas asociaciones que las hagan me-
jores que otras formas de organización.
f) El apoyo estatal es indispensable. El apoyo del Estado es indispensable
para la ejecución de la reforma agraria y en los primeros años de realizada. Este so-
porte debe ser económico, técnico y social, y ser sensible a las diferencias culturales.
g) Mayor atención a las señales del mercado. Buena parte del acceso a los
factores de producción estaban controlados por el Estado. Se abusó de los subsi-
dios, que fueron indiscriminados. Estos pueden ser importantes, pero solo si están
bien orientados y si tienen como referencia alguna propuesta estratégica.
h) Mayor coherencia en el modelo económico. Por un lado, se distribuían tie-
rras, pero por otro las políticas tenían un sesgo nalmente pro industrial y pro urbano.
Queda claro que la apreciación de la doctrina sobre los resultados de las
políticas públicas implementadas en el marco de la reforma agraria reeja tenden-
cias, resultando indispensable un ejercicio que consistirá en mirar adecuadamente
el fundamento teórico del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, para
analizar después las variables implícitas de una de las políticas públicas desarrolla-
das, en torno a sus objetivos.
A diferencia de otros procesos políticos liderados por gobiernos de facto,
el de Velasco fue singular, si se tiene en cuenta que algunos partidos de izquierda
(excepto los de cuño-maoísta), sectores políticos de centro y empresarios de di-
verso origen político, respaldaron sus reformas, al menos durante la primera mitad
de su gobierno; ello, naturalmente involucra la etapa en la que se produjo la refor-
ma agraria y se impulsó la legislación que permitió la constitución de cooperativas
agrarias de productores (Decreto Ley N° 18299).
No puede perderse de vista que las contra-reformas, y antes de ellas, las
protestas sociales en contra del régimen político de Velasco, no provinieron del
campo ni de sus actores; siendo esto así, el costo social que le signicó al Perú la
transformación de sus estructuras, no tuvo nunca ese estigma catastróco que sus
detractores insisten en otorgarle y muy por el contrario, constituye el punto de
partida del Perú contemporáneo.
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En materia de cooperativismo agrario de productores es cierto que más
temprano que tarde, lo ocurrido en las tierras con vocación agrícola, fue el recambio
del gamonal o terrateniente por el dirigente cooperativo. Sería sencillo entonces
armar en esta parte de nuestro artículo que siglos de explotación agraria (con
resabios esclavistas provenientes de la colonia), tenían que reformarse de alguna
manera.
Como ocurre en la mayoría de procesos políticos reformistas o
revolucionarios, no todos los peruanos estuvieron en aptitud de comprender el
signicado del acceso a los medios de producción y sus benecios, digamos que
la “cultura económica nacional”, siempre ha sido decitaria incluso en los tiempos
actuales del internet.
Sucede entonces que las condiciones subjetivas de las poblaciones
involucradas tanto en la reforma agraria como en la implementación misma del
cooperativismo agrario de productores, no fueron las más óptimas, ya que nos
referimos a pobladores del mundo rural, la mayoría analfabetos, quechua hablantes
y provenientes de pueblos enteros condenados a la marginalidad, sincretismos y
misticismos que entonces y hoy, no alcanzan a comprenderse plenamente, fruto
del embate occidental que impera en el Perú actual, congurado de espaldas a
todos esos elementos.
La sociedad peruana rural nunca estuvo preparada para una reforma
agraria y sus instituciones, es así que la capacitación y los ajustes necesarios a
la cosmovisión andina, costeña y selvática, correspondían casi exclusivamente a
la novísima entidad cooperativa, aquella que a tiempo de consolidarse tenía la
obligación de jarse en las necesidades cognitivas de los agricultores, súbitamente
convertidos en socios de instituciones basadas en asambleas, documentos y
otras formalidades, casi siempre ajenas a su realidad, principalmente porque la
ruralidad de la sierra aún tiene en el castellano o español, un idioma que no le
resulta propio.
Dicho esto, la tarea no pudo limitarse al efecto político que sus resultados
convencionales presentan, es probablemente en el ámbito sociológico aquel
en el que debió trabajarse el efecto mayor, de suerte tal, que el peruano común
estuviere en condiciones de defender dicho proceso, sin importar ya tanto qué o
quién la inspiró y cómo se desarrolló.
A modo de ilustrativo ejemplo y bajo otros rigores, pero en circunstancias
análogas, lo analizado hasta aquí permite explicar, por ejemplo, cómo fue que
el pueblo chileno, a pesar de su proceso democrático de izquierda, en la época
de Allende, resultó indiferente frente al derrocamiento de un régimen legítimo y
constitucional, en manos de un grupo de militares fascistas y avivados por intereses
extranjeros.
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La historia universal es objetiva al registrar circunstancias y acontecimientos
como los descritos, es precisamente por ello que no se hacen necesarios análisis
mayores o más detallados respecto de las razones por las que aquellos beneciarios
con ciertas políticas públicas, casi nunca se dan la tarea de preservar lo conseguido
y avanzado.
El “Plan Inca”, diagnostica una injusta e inecaz estructura agraria que
permite la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. El 2 % de la
población posee el 90 % de la tierra laborable. Se sostiene luego el predominio
de los regímenes de latifundio y minifundio.Extensas y ricas tierras en poder de
empresas extranjeras, para denunciar la existencia de una Ley de Reforma Agraria
mediatizada que deja intactos los latifundios ganaderos de la sierra y los agro-
industriales de la costa.
Teniendo en cuenta la información que publica la web, historiaglobalonline.
com (2009), resulta que los datos productivos de la reforma agraria del Perú nos
proporcionan un estadígrafo acerca del rendimiento de caña de azúcar y papa,
1950 – 2007 (en toneladas por hectárea), veamos:
Gráco 01
Rendimiento de caña de azúcar y papa 1950-2007
La papa, que mostró un aumento moderado de rendimiento tras la reforma
agraria para repuntar en las dos últimas décadas, ha visto su precio en chacra caer
en 70 % del 63 a la actualidad. Mientras tanto, la caña de azúcar mantiene niveles
de rendimiento comparables con los de hace 50 años. Son innegables, al menos,
los efectos que tuvieron la reforma sobre la producción y la eciencia del agro
(historiaglobalonline.com , (2009).
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7. Cooperativas agrarias de productores como política pública
José Luis Del Arco (1957), sostiene una premisa teórica fundamental para
cualquier investigación en materia cooperativa:
“La institución cooperativa no es un n en sí misma, es más bien un
medio en virtud del cual todos y cada uno de nosotros podemos llegar a ser
económicamente más fuertes, socialmente más competitivos y cívicamente
más ilustrados.”
Siguiendo la línea del estudioso español del siglo pasado, anotamos que
las cooperativas fueron diseñadas e implementadas en diversas partes del mundo,
no solo como personas jurídicas con una nalidad similar a las empresas, sino que
“explotando la asociatividad” (como característica natural del hombre), se concibieron
como entidades con amplio espectro, capaces de trascender a escenarios político-
productivos mucho más elaborados y con alto compromiso estatal.
Ya mencionamos y ahora desarrollamos que, en tanto política pública,
la reforma agraria, fue el cuarto objetivo especíco del denominado “Plan Inca”,
documento ocial del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, presidido por
el Gral. Juan Velasco Alvarado, a través de la transformación de la estructura agraria
para alcanzar lo antes posible un régimen justo y ecaz basado en el principio de
que “la tierra es de quien la trabaja”.
En su momento el GRFA propuso tres acciones concretas:
1. Ejecutar una reforma que compatibilice el sentido social con los altos nive-
les de rendimiento y cuyas características fundamentales fueron:
a) Aplicar la reforma en todo el territorio nacional, sin privilegios ni
excepciones.
b) Establecer para la propiedad un límite inafectable, condicionando al
cumplimiento de su función social.
c) Conceder derecho preferencial en la adjudicación de tierras a sus
feudatarios o pequeños arrendatarios.
d) Utilizar el sistema de expropiación pagando parte al contado y resto
en bonos, y orientando el capital proveniente de dichos bonos hacia
la industria.
e) Fomentar y estimular la constitución de organizaciones de propie-
dad social para la explotación de la tierra.
2. Expropiar inmediatamente los complejos agro-industriales de la costa, ad-
judicándolos a sus trabajadores organizados en cooperativas.
3. Crear los organismos administrativos y judiciales necesarios.
A decir de Dye (1995), la evaluación de las políticas públicas “es el análisis
objetivo y cientíco de los efectos a corto y largo plazo de las políticas, tanto sobre
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los grupos sociales o situaciones para los cuales se diseñó la política, como sobre la
sociedad en general, y el análisis del ratio de costes actuales y futuros sobre cual-
quiera de los benecios identicados”.
Para Ruthman, citado por Alvira (1991):
“La evaluación de programas conlleva el empleo de métodos cientí-
cos para medir la ejecución y resultado de programas para ser utilizados en
la toma de decisiones”; y una “(…) recopilación sistemática de información
sobre actividades, características y resultados de un programa para su utiliza-
ción por un grupo especíco, de cara a reducir incertidumbres, mejorar la e-
cacia y tomar decisiones en función de qué se está haciendo con el programa
y a quién está afectando” (Patton, 1987).
Finalmente, para Epstein y Tripodi (1977) el “(…) proceso por el cual se
analiza la ecacia y eciencia de un programa. Esto implica la recogida, análisis e
interpretación de la información sobre el logro de los objetivos del programa con
relación con las previsiones”.
Según el profesor español José Osuna, la evaluación de una política públi-
ca debe responder al siguiente esquema gráco:
Gráco 02
Enfoque integral de la evaluación
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Sucede entonces que evaluar una política pública responde a diversos mé-
todos y herramientas que permiten retroalimentar “cualquier etapa del ciclo de las
políticas públicas” (identicación, diseño, implementación y evaluación), a n de ase-
gurar coherencia y proporcionar consistencia entre lo propuesto y lo implementado.
En la etapa de implementación, las evaluaciones de políticas públicas se
aplican para desarrollar un adecuado control de gestión en busca del logro de resul-
tados e “impactos esperados” a partir de un control de las actividades y productos
relacionados. En esta parte las evaluaciones son a nivel de seguimiento o monitoreo.
Nuestra evaluación de política pública en el tema que nos convoca, im-
plica un adecuado juicio de valor sobre los resultados conseguidos en función al
objetivo a resolver de aquel problema que originó la intervención pública.
El Plan Inca encontró en el fomento y estímulo estatal para la constitución
de “organizaciones de propiedad social” un claro objetivo que luego de la expropia-
ción de los latifundios se encargaran de la explotación de la tierra.
Aquellas organizaciones fueron denominadas cooperativas agrarias de
productores (CAP), que tuvieron presencia en todo el territorio nacional, represen-
tando la dimensión institucional privada de la reforma agraria en tanto mecanismo
organizacional facilitador del cambio del modelo productivo agrario en el Perú.
Por sus singularidades se estableció que las CAP, debían de mantenerse al
margen de toda actividad político-partidaria, la neutralidad que destaca la norma
constituyó una garantía del verdadero propósito organizacional de las cooperati-
vas en función a sus objetivos productivos y reivindicativos.
La implementación del cooperativismo agrario de productores, como par-
te medular del proceso de reforma que caracterizó el denominado “Gobierno Re-
volucionario de la Fuerza Armada”, constituyó una política pública gubernamental
que permitió la sustitución denitiva del latifundismo como modelo de propiedad
de la tierra.
El cooperativismo como expresión institucional del principio colectivista
de la propiedad y gestión de la tierra, representó -como ya hemos sostenido-, una
política pública del Estado orientada al rescate del campesino y su economía.
En referencia a la institucionalidad cooperativista Patricia Pardo y otros
(2006) sostienen:
“El estado del arte de la economía solidaria (…), permite observar
el avance del conocimiento del sector solidario, tanto la práctica, como en
El Cooperativismo Agrario de Productores como Política Pública del Gobierno Peruano (1968 - 1975)
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su elaboración conceptual, desde lo interactivo como parte del desarrollo y
bienestar en dicho sector. (…) ofrece una información pertinente sobre el es-
tado del conocimiento y la fundamentación teórica del sector solidario en el
ámbito del distrito capital, llamando la atención en la necesidad de ampliar y
profundizar sobre la temática nacional.”
Pease (1977), arma que la coyuntura de 1968 plantea la disyuntiva entre un
gobierno en crisis o la crisis de una forma de dominación, un escenario en el que even-
tualmente el denominado Estado oligárquico se hallaba en crisis, incluso antes de
1968, si se tiene en cuenta la fragilidad del primer gobierno de Belaunde, dependien-
te del capital imperialista, obligado a negociar en contra de los intereses nacionales.
A pesar de su legitimidad y constitucionalidad, al primer gobierno de Be-
launde le resulta muy difícil mantenerse en pie, viéndose obligado a recurrir a la
fuerza para sostenerse, demostrándose así que además del gobierno, toda forma
de dominación liderada por la oligarquía se halla en crisis (Pease, 1977).
El análisis sobre el Estado oligárquico como forma de dominación, desarro-
lla múltiples ideas; a saber: (i) el hecho que en las esferas máximas de poder y en la
base de la sociedad se produzcan luchas, presenta la situación crítica de esa forma
de dominación. La clase oligárquica se fue consolidando como una clase dominante
y hegemónica por su relación directa con la burguesía imperialista, (ii) el Estado oli-
gárquico consistió en un grupo hegemónico conformado por agroexportadores y
terratenientes gamonales, (iii) ambos grupos requerían de un Estado liberal con es-
casa intervención en la economía, (iv) el grupo dominante, construyó el Estado oli-
gárquico, sin observar o atender las demandas de los grupos externos (gobierno de
pocos), situación que lo condujo progresivamente a una aguda crisis (Pease, 1977).
Sobre el reformismo democrático como alternativa a la crisis, se tiene que
desde la década de los 50, se observan cambios distintos que afectaron los diferen-
tes niveles del Estado oligárquico, a saber: (i) el proceso de modernización econó-
mica, de crecimiento progresivo de la industria, comercio y servicios, (ii) importan-
cia y expansión de las luchas campesinas y el quiebre del orden rural tradicional,
(iii) el acelerado proceso de urbanización alrededor de las grandes ciudades, (iv)
expansión del Estado por la creación de servicios sociales, (v) los partidos como Ac-
ción Popular y la Democracia Cristiana, se constituyen en el núcleo del reformismo
democrático (Pease, 1977).
El reformismo [entiéndase militar] sostiene una posición anti oligárquica,
popular, respaldada por los sectores medios, la burguesía industrial y otros sec-
tores moderados. En el contexto narrado, los militares que habían respaldado a
Belaunde con el reformismo democrático, ya no consideraron a la defensa nacional
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como acción bélica, sino que la signicaron como desarrollo económico, además
de valores e intereses nacionales (Pease, 1977).
El ejército es una de las instituciones menos desgastadas del país, enton-
ces la cúpula militar y no ociales aislados, deciden tomar el poder el 03 de octu-
bre de 1968. El golpe de Estado que no fue institucional, se convertiría luego en
un gobierno institucional. El golpe de 1968 signicó la cancelación completa del
régimen oligárquico, el poder se concentró en el Estado, las reformas y el discurso
político inherente, producen una amplia movilización popular que se enlaza desde
la base, con el crecimiento de las organizaciones sindicales (Pease, 1977).
Aquella “radiografía” política del Perú entre 1968 y 1975, tiene en su eje
central, la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la legislación en materia
de Cooperativas Agrarias de Productores, además de ser el lapso que investigamos
puesto que en él se presentan los indicadores productivos que soportan nuestra
hipótesis, desde la ciencia política y la economía.
Para César Augusto Reinaga (1969), el mundo de Adam Smith en Europa
o de Baquíjano y Carrillo en el Perú, tuvo como común denominador a la pobreza.
El mundo se ha enriquecido, pero la ciencia económica se ha mantenido en
sus denominados “moldes intelectuales”, compartiendo identidad con Europa,
conrmando la teoría económica basada en la psicología humana.
Para Reinaga (1969) la ciencia económica está urgida de un examen de
conciencia, es así que presenta un ensayo fruto de la revisión de ideas, como un
ejercicio preliminar de una necesaria confrontación.
Hace medio siglo que los economistas peruanos se ocuparon del desarrollo
económico, en el sentido en que hoy toman los economistas anglosajones. Los
economistas peruanos, utilizaron el método positivo basado en la observación
común no exenta de explicación cientíca. Su utilización es una necesidad fruto
del medio, es así que, en lugar de una economía pura y cargada de leyes generales
y abstractas, inaugurando la denominada economía descriptiva que benecia el
estudio de las estructuras sociales (Reinaga, 1969).
En los autores abordados por Reinaga, se aprecia un profundo sentido
de realidad nacional, a ellos se reere como los padres de la escuela nacionalista,
sosteniendo además que resulta inexacto armar que la investigación de la realidad
peruana sea una obra reciente o de autores contemporáneos (Reinaga, 1969).
Para Hernán Mora (1982), sobre la relación entre capacitación y autogestión
en las cooperativas agrarias centra su propuesta en lo relativo a la educación como
soporte abstracto de la autogestión.
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La educación del ser humano se inicia en la familia y eventualmente
no concluye jamás, desde esta perspectiva no sería el factor de conocimiento el
que necesariamente pudiera complementar la autogestión reservada para las
cooperativas peruanas según el criterio de Mora, siendo que el aporte teórico
historicista del fenómeno cooperativo y el rigor cientíco de la data suministrada
son de altísimo valor para nuestro trabajo, se tiene que la educación es un
proceso mucho más alto que la sola instrucción que puede recibirse del Estado
o de entidades privadas, razón por la que dicha investigación es relevante para la
presente investigación.
Para Eguren (2006), la reforma agraria es aún un tema controvertido, pues
muchas personas que se beneciaron, así como las que resultaron perjudicadas,
todavía están activas. Es de entender que dicho argumento sociológico resulta
sumamente interesante (mas no excluyente), dado el carácter controversial de
dicho episodio de la historia republicana del Perú.
Dice que los críticos de la reforma agraria subrayan el hecho de que:
(1) el agro se descapitalizó (con lo que se perdió parte de la infraestructura, de
la maquinaria y del conocimiento empresarial acumulado); (2) la agricultura y la
ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico (tanto en software cuanto
en hardware); (3) no resolvió el problema de la extendida pobreza rural; aun hoy día,
72,5 por ciento de la población rural es pobre, y 40,3 por ciento extremadamente
pobre (…); (4) hubo falta de coherencia del modelo económico que, por un lado,
distribuía las tierras y, por el otro, subsidiaba las importaciones alimentarias que
deprimían los precios de los productos que ofrecían esos mismos beneciarios de
la reforma agraria.
Sostiene Eguren (2006) que estos argumentos no son necesariamente
rechazados por los defensores de la reforma agraria (pese a que dicho juicio de valor,
no es muy justo), puesto que ellos dan prioridad a otros logros que compensarían
los impactos adversos mencionados, entre ellos: (1) la reforma agraria fue un acto de
justicia redistributiva, que permitió el acceso directo a la tierra a un gran número de
pobres rurales; (2) desplazó de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales, eje
del poder “gamonal”, sustento de un orden semi-feudal reaccionario y antimoderno;
(3) vinculado a lo anterior, dio un golpe denitivo a las relaciones serviles a las
que estaban sometidos centenares de miles de campesinos; (4) contribuyó a
democratizar la sociedad rural, e hizo así posible la incorporación de millones de
peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadana.
El Gral. Juan Velasco, en su “Mensaje a la Nación” con motivo de la
promulgación de la Ley de Reforma Agraria -el 24 de junio de 1969- (SINAMOS,
1972), sostuvo:
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“Hoy, en el día del indio, día del campesino, el gobierno revolucionario
le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que
pondrá n para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido
en la pobreza y la iniquidad a los que laboran una tierra siempre ajena y
siempre negada a millones de campesinos.
(…).
A favor de la reforma agraria se han pronunciado prácticamente
todos los organismos técnicos, nacionales e internacionales desde hace
muchos años. Esta idea recibió el respaldo de los presidentes americanos
en la reunión de Punta del Este y desde entonces las ocinas especializadas
de las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de modicar
radicalmente las estructuras agrarias de los países latinoamericanos. Y aquí
en el Perú todos también han hablado de la necesidad de emprender una
auténtica reforma agraria. Este fue el sueño con el cual se lograron adhesiones
y votos. (…) una ley de reforma agraria que abre y garantiza, al n, el camino
de la justicia social en el Perú.
En consecuencia, la legislación reformista se orientó a la cancelación
de los sistemas de latifundio y minifundio en el agro peruano planteando su
sustitución por un régimen justo de la tierra que haga posible la elección de
la pequeña y mediana propiedad en todo el país. De otro lado, por ser una ley
nacional que contempla todos los problemas del agro y que tiende a servir a
quien trabaja la tierra: La ley de reforma agraria se aplicará en todo el territorio
del país, sin reconocer privilegios ni casos de excepción que favorezcan a
determinados grupos de intereses.
Al plantear la sustitución del minifundio y del latifundio y al estimular
la difusión de la pequeña y mediana propiedad, la ley establece medidas
que aseguran la no fragmentación de la gran propiedad como unidad de
producción. Es al régimen de tenencia lo que la afecta mas no el concepto de
unidad de producción agrícola pecuaria. Por eso para el caso de las empresas
agroindustriales, la ley contempla la cooperativización a favor de sus
servidores pero garantiza el funcionamiento de la nueva empresa como una
sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra y a las instalaciones
como un todo indivisible de producción sujeto a la reforma agraria. La
planta industrial de procesamiento primario de productos del campo está
indisolublemente ligada a la tierra. Por tanto, es imposible afectar esta y dejar
intocada a aquella y así como en el caso del problema petrolero, el Estado
expropió la totalidad del complejo, afectando los pozos y la renería con
todas sus instalaciones y servicios, así también en el caso de la gran propiedad
agroindustrial, La ley de reforma agraria tiene que afectar necesariamente la
totalidad de la negociación. Esto no quiere decir que la gran propiedad será
dividida y fragmentada, porque ello se traduciría en un perjudicial descenso
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de los rendimientos de la tierra. Por eso, la ley contempla el mantenimiento de
la unidad de producción y justo régimen de propiedad y dentro de la nueva
empresa la ley garantiza la estabilidad del trabajo, los niveles de remuneración
y todos los derechos sociales de la planta de dirección técnica y administrativa
y de todos los actuales servidores, abriendo para ellos, además, el acceso a
los benecios y utilidades de la cooperativa que será la nueva propietaria del
gran complejo industrial que la reforma agraria afecte.
La inspiración social de la nueva ley es pues, enteramente compatible
con la necesidad de garantizar la continuidad de los altos niveles de
rendimiento que la tecnología agraria ha hecho posible. Es por eso inexacto
el cargo de que la reforma agraria entraña una merma de la producción
del campo. Por el contrario, al nacionalizar el uso y la propiedad de la tierra
y al querer los incentivos derivados el más amplio acceso a esa propiedad,
la reforma agraria tiende a formar más y mejores propietarios del agro, es
decir, al pensar una más pujante producción agropecuaria que benecie no
a unos pocos, sino a la sociedad en su conjunto. Un sector campesino cada
vez más próspero, organizado y coherente, es la mejor garantía del desarrollo
armónico y acelerado de la actividad agropecuaria del país, dentro de la
totalidad del proceso nacional de desarrollo.”
El Gral. Juan Velasco, en su discurso ante la manifestación popular en la
plaza de Armas de Trujillo -el 11 de octubre de 1969- (SINAMOS, 1972), armó:
“La reforma agraria no representa, en esencia un problema técnico
ni un problema administrativo. Representa por encima de todo un proceso de
cambio social profundo que signica la transferencia de poder económico de
las pocas manos de los latifundistas a las muchas manos de los trabajadores.
Y esta transferencia de poder económico de los menos a los más, signica
también necesariamente, una transferencia del poder político de la oligarquía
a las clases trabajadoras. La oligarquía terrateniente (…) ya no tiene poder
económico ni político en el Perú. Esto ha sido obra de la revolución que
nosotros hemos iniciado (…).
(…) es preciso que los trabajadores rurales tengan conciencia de
los riesgos y problemas que plantea el funcionamiento ecaz de las grandes
cooperativas de producción creadas por la reforma agraria. Una gran
cooperativa de producción agroindustrial es algo muy distinto e innitamente
más complejo que las cooperativas de consumo de crédito. Será indispensable
innovar las técnicas tradicionales del cooperativismo a n de asegurar en el
Perú el éxito de las cooperativas surgidas de la reforma agraria. En esto como
en mucho será preciso descubrir y ensayar nuevos caminos. La participación
orientadora del Estado tendrá que estar presente y los trabajadores tendrán
que hacer un gran aporte de creación.”
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8. El marco legal
Por la naturaleza del tema abordado, resulta indispensable ocuparnos a
nivel conceptual, de las cooperativas de productores agrarios en el Perú. Al respec-
to el Decreto Ley N° 18299 del 29 de mayo de 1970 (Dictan Normas para Asegurar
Máximo Desarrollo de las Cooperativas), precisa que de acuerdo con el Decreto Ley
N° 17716, las adjudicaciones de tierras expropiadas, debían realizarse a favor de
las cooperativas, teniendo en cuenta las características sociológicas de los grupos
campesinos, la economía de la zona, la calidad de la tierra y el tipo de explotación.
Aquella norma sostenía que las cooperativas agrarias de producción son las
conformadas por trabajadores, en base a empresas agro-industriales ya establecidas,
con características muy particulares, sin precedentes en la práctica cooperativa,
debido principalmente a la complejidad de los problemas que confrontan.
La vigencia del Decreto Ley N° 18299 determinó la necesidad de garantizar
el máximo desarrollo socio económico del campesinado que dos años antes fuera
beneciado con el objeto de la reforma agraria, es así que en consonancia con lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 17716, se consideró indispensable que las CAPs,
fueran las adjudicatarias de las tierras expropiadas, por razones sociológicas
y económicas, conforme se explica en el texto normativo, considerando la
particular naturaleza de los grupos campesinos comprendidos y la economía de
la zona, además del tipo de explotación agrícola o ganadera (establecida o por
establecerse).
Resulta capital resaltar que la mencionada norma estuvo orientada a
conseguir una efectiva justicia social (o sea, el trato igualitario) para los agentes
productivos agrícolas fueran estas comunidades campesinas, parceleros e incluso
empresas agro-industriales, conforme se aprecia de la parte considerativa de
aquella disposición.
9. Conclusiones
Luego de la vigencia del modelo latifundista de explotación de la tierra
por el lapso aproximado de cuatro siglos, el Perú experimentó un proceso refor-
mista que entre 1968 y 1975, trajo consigo la aplicación del modelo participati-
vo-comunitario, caracterizado por su institucionalización privada en torno a las
cooperativas agrarias de productores (CAP), cuyo impulso fue una política pública
del Estado peruano.
La implementación del cooperativismo agrario de productores, como po-
lítica pública integrante de la reforma agraria en el Perú, consistió en la adopción
El Cooperativismo Agrario de Productores como Política Pública del Gobierno Peruano (1968 - 1975)
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de medidas jurídicas, corporativas y de soporte institucional que en conjunto, signi-
caron una nueva forma de acceso a los medios de producción, propiamente la tierra.
El objetivo original del cooperativismo agrario de productores, fue con-
signado en el “Plan Inca”, conjuntamente con otras políticas públicas que diseñó el
denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Desde el punto de vista legal, el Decreto Ley N° 18299 y sus disposiciones
complementarias, denieron la nalidad socioeconómica del cooperativismo
agrario de productores, cuyo propósito fue el de asegurar el desarrollo de las
cooperativas como soporte privado y directo del nuevo sistema de explotación
de la tierra; sus resultados no fueron los esperados, pues su vigencia se truncó el
29 de agosto de 1975, como consecuencia del golpe de Estado del Gral. Francisco
Morales Bermúdez.
En el ámbito institucional, el Estado peruano creó el Sistema Nacional
de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), organismo que tuvo a su cargo
el soporte de la cooperativización en la propiedad de la tierra, pero que, en el
concepto de los agricultores cooperativistas, se trató de una institución burocrática
e innecesariamente ideologizada.
Los resultados concretos de la implementación del cooperativismo agrario
de productores fueron: (i) el desarrollo del modelo participativo-comunitario en
materia de acceso a los medios de producción; y (ii) la consideración de los derechos
civiles de los campesinos, en el ámbito del ejercicio democrático en general.
Comprender el modelo participativo-comunitario de explotación de la
tierra constituye la base del cooperativismo en tanto política pública del Estado,
pues ello importa remontarse a organizaciones ancestrales como el ayllu preinca
y otras más contemporáneas como las comunidades campesinas, a tiempo de
reivindicar sus conceptos económicos y su cosmovisión productiva.
Antes de la reforma agraria y del cooperativismo agrario de productores,
el campesinado peruano carecía de una dimensión socio-política; por tanto, de
derechos civiles, lo que importó su exclusión de cuanto proceso democrático (y
político en general) se experimentó en nuestro país.
Las declaraciones públicas como simples gestos políticos, nunca fueron
sucientes para el logro de los objetivos inclusivos, es así que hasta los detractores
de la reforma y el cooperativismo agrario de productores reconocen que el alcance
económico que tuvo el proceso analizado fue profundo y de alto signicado.
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Alí Félix León Charca
