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REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
Normas para la Presentación de Artículos
EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA VIOLENCIA POLÍTICA: LOS
DEBATES CONSTITUCIONALES DE 1979 Y 1993 FRENTE A LA
SUBVERSIÓN
THE CONSTITUENT PROCESS AND POLITICAL VIOLENCE: THE
CONSTITUTIONAL DEBATES OF 1979 AND 1993 AGAINST
SUBVERSION
Galimberty R. Ponce Flores
(1)
Universidad Nacional del Altiplano, Perú
Resumen: Este trabajo evalúa la capacidad deliberativa de los procesos
constituyentes de 1979 y 1993. Adicionalmente, examina el lugar que le
correspondió ocupar al fenómeno de la violencia política en dichos procesos. En
ese orden, se puede advertir que la Constitución de 1979 no abordó el problema
de la violencia política, y tampoco lo hizo la Constitución de 1993, más bien
buscó soluciones punitivas para enfrentarlo, además que esta última tuvo origen
antidemocrático. El proceso constituyente como un espacio de articulación,
expresión y participación pública democrática quedó frustrado porque ni la
Constitución de 1979 y ni la de 1993 abordaron el factor de la violencia política en
el debate y discusión constitucional.
Palabras clave: Constitución, Deliberación Pública, Violencia Política, Proceso
Constituyente.
Abstract: This paper evaluates the deliberative capacity of the constituent pro-
cesses of 1979 and 1993. In addition, it examines the place that corresponded to
the phenomenon of political violence in these processes. In that order, it can be
noticed that the Constitution of 1979 did not address the problem of political vio-
lence, and neither did the 1993 Constitution, rather them looked for punitive solu-
tions to face it, in addition the latter had an undemocratic origin. The constituent
process as a space of articulation, expression and democratic public participation
was frustrated because neither the 1979 Constitution nor the 1993 one addressed
the political violence factor in the debate and constitutional discussion.
(1) Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Con estudios concluidos en de
maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la misma casa de estudios. Correo:
galimberty@gmail.com
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • UNSAAC
Nov. 2018 - Octubre 2019
ISSN 2519-7592 Vol. 4 • Nº 11 • Págs 267-292
Recibido 16/06/2019 Aprobado 14/08/2019
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Keywords: Constitution, Public Deliberation, Political Violence, Constituent
Process.
Galimberty R. Ponce Flores
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1. Introducción
La violencia política en el Perú se originó después de la segunda mitad del
siglo XX, teniendo como actores y protagonistas centrales a Sendero Luminoso (en
lo sucesivo, SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en lo posterior, MRTA).
La tragedia que causaron estos grupos subversivos atentó contra los derechos
humanos, la democracia, la paz social y el orden estatal. Sus acciones tuvieron como
característica común el uso de la violencia para lograr sus nes, ambas organizaciones
crearon un contexto de pánico y amilanamiento social en la colectividad (la población
peruana). La violencia y el miedo se extendieron por más de dos décadas.
Desde el Estado, con el afán de combatir y aplacar el terrorismo, se
adoptaron medidas y políticas de carácter extraordinario, principalmente mediante
las fuerzas del orden como policías, militares y, al mismo tiempo, utilizando medidas
constitucionales de carácter extraordinario como el estado de emergencia o de
sitio. Tales acciones con el paso del tiempo, no sirvieron únicamente para disminuir
y abatir a los grupos subversivos, sino que también tuvieron repercusión en la
población civil que resultó afectada por estar, prácticamente, en medio de las
acciones desarrolladas tanto por las fuerzas del orden público como los miembros
del orden subversivo.
Quizás resulte un poco difícil precisar con exactitud el origen de la violencia
política en el Perú, sin embargo, tentativamente se remonta hacia a nes de 1960,
y adquiere relevancia o notoriedad en la década de 1980. Todo este proceso
supuso, en esencia, que el factor violencia (Gonzales, 1988, p. 19) con el devenir
del tiempo fuese incrementándose, a su vez, implicó que la acción subversiva se
hiciera más visible, llegando a exhibirse en casi todos los planos de la sociedad
peruana, inclusive, a “poner en jaque al país y descubrir una democracia inerme ante
su brutal acoso” (Tello, 1989, p. 31). Mientras el escenario de violencia se ponía al
descubierto y alcanzaba sus máximas manifestaciones, se produjeron diversos
eventos o situaciones paralelas, tales como la inación económica, la pobreza
(subempleo y desempleo)
(2)
, analfabetismo, mortalidad infantil, instalación de
un gobierno autoritario y otros. Adicionalmente, en el mismo periodo aparece en
la escena política y jurídica nacional la discusión, redacción y aprobación de las
constituciones de 1979 y 1993. Estos hechos, en cierta forma, fueron el caldo de
cultivo para avivar más la lucha armada y sirvieron como respaldo a las acciones
iniciadas por Sendero Luminoso, que creía que las situaciones críticas requerían de
soluciones radicales.
(2) Los años que van de 1975 a 1990 en términos económicos signicó la “inestabilidad monetaria,
precios distorsionados, caída de la producción y quiebras” (Webb, 1999, p. 24), además, la caída del PBI
es notable porque el Estado cada vez dejó de participar en las decisiones económicas, tal es así que la
reducción del indicador del Producto Bruto Interno decrece del 18.9% al 8.5% en el lapso de 15 años. En
dicho ambiente económico la violencia política fue creciendo de forma progresiva.
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Los momentos estelares que marcaron y, en cierta medida, caracterizaron
la segunda mitad del siglo XX en el Perú, desde la perspectiva de la historia política
y constitucional, son la discusión, redacción y aprobación de dos nuevos textos
constitucionales (1979 y 1993)
(3)
. Estas cartas constitucionales traen consigo y
ponen en marcha un nuevo programa constitucional que tiene la consigna de
limitar las cuotas de poder fáctico y político, a la vez que, garantizar la estabilidad
democrática. Además, estos dos eventos o momentos constitucionales supusieron
la activación de la Asamblea o Congreso Constituyente
(4)
. Para que la regulación
jurídico-constitucional resultara democrática y legítima, los objetivos planteados
fueron: (i) garantizar la participación e inclusión de todos los agentes o grupos
sociales afectados por la decisión constitucional
(5)
, y, (ii) lograr consenso popular
sobre los aspectos más acuciantes y urticantes para la sociedad peruana.
La implantación de un nuevo orden constitucional, es decir, la creación
o génesis de una nueva Constitución, casi siempre graca la renovación de la
organización del poder público (el Estado), la ampliación de los objetivos políticos,
la búsqueda de la integración política y cultural, así como la realización de los
derechos (concretización de la libertad, igualdad y solidaridad). También, queda
como cierto que el proceso constituyente representa la democratización o ampliación
de la capacidad democrática de la Constitución, todo momento de creación de la
Constitución es una oportunidad para dinamizar y armar la democracia.
En ese sentido, en el presente trabajo analizamos desde la dimensión
constitucional la violencia política, porque al inicio y casi a la culminación de este
periodo marcado por acciones subversivas se gestaron nuevas constituciones
(6)
.
El proceso constituyente –probablemente– es una herramienta que pudo servir
para afrontar momentos de tensión política e ideológica muy fuertes como las
ocasionadas por SL y MRTA.
(7)
(3) Queda resaltar que mientras la violencia política se desarrollaba y ganaba auge, la redacción y
expedición de estas dos constituciones tuvieron lugar en el país, entonces, esto conlleva a estudiar la
relación, el factor de convergencia o la importancia de una Constitución frente a la movilización de la
violencia política.
(4) Es menester indicar que dentro de la teoría constitucional la elaboración o redacción de nueva
Constitución, casi siempre, representa innovación y modicación de las circunstancias políticas, socia-
les, culturales, económicas y jurídicas, es decir, la presencia de factores estructurales cuestionan la le-
gitimidad del orden constitucional vigente. En ese orden, para recuperar la conanza constitucional se
acude a la Asamblea o Congreso Constituyente porque son los medios a través del cual la colectividad
delibera de forma democrática en la esfera pública.
(5) La elaboración de un texto constitucional es producto del ejercicio pleno de la democracia, en
ese sentido, busca incorporar e incluir al debate constitucional a todos los grupos que demandan aten-
ción y exigen la transformación del orden estatal y constitucional vigente.
(6) El proceso de discusión y aprobación de los textos constitucionales de 1979 y 1993 estuvieron
marcados por la presencia de la violencia política (conicto armado interno, guerra civil interna o te-
rrorismo), de esta manera queda justicado prestar atención al lugar o espacio que ocupó dentro de la
discusión constitucional en el país.
(7) Estamos conscientes que la utilidad del proceso constituyente como espacio de deliberación y
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En síntesis, los aspectos que se abordaremos son: (i) el proceso de creación
constitucional (¿Cómo se origina una Constitución?), (ii) la precisión liminar sobre
los orígenes del terrorismo o la violencia política en el país, (iii) las probabilidades e
improbabilidades de la Constitución frente a la violencia política (¿qué puede hacer y
qué no puede hacer frente a la violencia?), (iv) la posición de la violencia política en la
discusión, redacción y aprobación de los textos constitucionales de 1979 y 1993, y, (v) la
deliberación necesaria para fundar textos constitucionales democráticos. En tal orden,
principalmente, el objetivo de este trabajo es desarrollar dos asuntos importantes: (i) la
posición de la violencia política en los debates constitucionales de 1979 y 1993, además,
(ii) dar cuenta de la cantidad de deliberación necesaria para fundar textos constitucionales
democráticos. En este último caso, será analizada con énfasis la violencia política y su
tratamiento realizado en el seno del proceso de creación constitucional. Asimismo, la
organización del texto se presenta siguiendo este esquema.
(8)
2. Génesis e implicancias de la Constitución
En la actualidad no existe disputa en que la Constitución es una norma
que articula un conjunto de principios y valores, además que, al mismo tiempo,
acoge derechos individuales y organiza el poder. En estas ideas descansa la noción
mínima o atómica de Constitución. También, una dimensión importante de un texto
constitucional es su origen o creación, en otros términos, la parte sustancial o densa
de la noción de Constitución se va a congurar y moldear de acuerdo a la intención
y voluntad constitucional inicial, lo que equivale a decir que el texto constitucional
se orientará a atender las razones, motivos e intereses de la colectividad. Los
momentos más importantes por los cuales a traviesa una Constitución son su
creación, su puesta en vigencia y su extinción, es así que importa mucho su origen
porque en él se podrá encontrar la losofía que la inspira, el contexto en que surge,
su tiempo estimado de duración y la legitimidad que ostenta. Este aspecto, en el
presente trabajo, es el que más nos interesa, es decir, el origen de la Constitución.
En relación al origen o génesis de la Constitución, con términos sencillos
podemos indicar que responde a la necesidad de cambio existente en la
sociedad, así como a la intención de la colectividad de instituir un nuevo orden
constitucional. Entre los factores decisivos para realizar modicación total de la
Constitución (o creación de uno nuevo) encontramos: (i) el descontento social y
la propuesta de modicación de la estructura constitucional como remedio para
democratización dependerá de la voluntad política así como las acciones que emprendan los actores
políticos, al menos, aquellos que estén vinculados con el proceso mismo. Al respecto, en el trabajo se
podrá constatar cuál ha sido el rol y como es que fue usado dicho proceso frente a la violencia política.
(8) En este trabajo nos focalizamos en analizar el factor violencia política, sin embargo, es evidente
que existen varios aspectos que quedan fuera del debate constitucional de los años 1979 y 1993, el
mismo que será objeto de otro tipo de estudio. Es más, no solamente quedó fuera del discurso constitu-
cional el factor violencia política, sino que hubieron otros más como son: los derechos, la organización
democrática del poder, entre otros.
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atenderlo; (ii) el distanciamiento entre las normas constitucionales y la realidad
política-social; (iii) las fallas de la Constitución en la regulación del poder; (iv) la
crisis y tensión social insostenibles; (v) la pérdida de legitimidad de las normas
constitucionales; (vi) la erosión del sistema de gobierno vigente, entre otros. Este
elenco de situaciones da como resultado, en muchas ocasiones, la fundación de
un nuevo orden constitucional. También, el proceso de génesis de un nuevo texto
constitucional tiene fuerte componente popular, es decir, la población se involucra
de manera amplia en el proceso constituyente, ello en aras de lograr consenso
sobre la cuestión pública, la organización y distribución del poder, la garantía de
los derechos y, al mismo tiempo, establecer la losofía, así como los valores que
conducirán a la sociedad. En ese orden, queda claro que todos o la mayor cantidad
de ciudadanos, provenientes de todos los sectores, deben legitimar el contenido
de la Constitución, solo así ostentará vocación democrática.
La cuestión central del proceso constituyente o momento de creación
constitucional es la legitimación del producto, es decir, la Constitución. Un texto
constitucional, esencialmente, es resultado del involucramiento de los diversos
sectores sociales y culturales porque el proceso de génesis constitucional es un
espacio amplio de convergencia y divergencia política, ideológica y cultural,
además, la sociedad civil y los colectivos de diversos sectores se reúnen para
deliberar y revestir de legitimidad a la decisión constitucional nal. Así, queda
prohibida la exclusión de individuos y grupos de la ciudadanía interesados
en expresar y dejar constancia de sus demandas
(9)
. En suma, la Constitución
es producto de la concurrencia de los procesos sociales, culturales, políticos e
ideológicos, entonces, solo de esta manera quedará garantizada y legitimada el
pacto constitucional (voluntad nal)
(10)
; al respecto, Zagrebelsky (2008, p. 334)
sostiene que la Constitución debe tener la “capacidad de salir del área del poder
y de las frías palabras de un texto escrito para dejarse atraer a la esfera vital de las
convicciones y de las ideas queridas, sin las cuales no se puede vivir y a las que se
adhiere el calor”.
En ese orden, la noción de Constitución implica diversas formas de
entender la organización jurídica y política de un país, en tal sentido, podemos
considerarla del siguiente modo: (i) como “sistema de reglas, sustanciales y formales,
que tiene como destinatarios propios a los titulares del poder”, además, recoge aquellas
“perspectivas de transformación del derecho mismo en dirección de la igualdad” así
como la protección de los derechos fundamentales en general (Ferrajoli, 2009,
(9) Nótese que la redacción de nuevo texto constitucional, esencialmente, implica un proceso
participativo porque las diversas propuestas que emergen de la sociedad civil y la colectividad en
general, tiene que reejarse en la voluntad constitucional nal, esto es, cuando nueva Constitución
entra en vigencia.
(10) La concurrencia de diversas voces e ideas dan como resultado que la aprobación del texto cons-
titucional sea resultado y reejo de proceso de deliberación profunda, ya que todos los sectores de la
población tienen que encontrar un lugar que atienda sus demandas y necesidades.
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p. 439); (ii) es producto de rupturas revolucionarias y de pactos fundadores o
refundadores de la convivencia civil (Ferrajoli, 2009, p. 441); (iii) establece un orden,
asegura la estabilidad de la dinámica política, regula los procesos de integración
y formación de unidad, además, se constituye en el “orden jurídico básico de los
diversos sectores de la vida social y política” (De Otto, 2010, pp. 36 y 45); (iv) congura
y ordena los poderes del Estado por ella construidos, establece los límites del
ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como
los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe de cumplir en benecio
de la comunidad, además, “la Constitución jurídica transforma el poder desnudo en
legítimo poder jurídico” (García, 1991, p. 49); (v) comprende mejor el “orden político”,
a su vez, implica “racionalizar” el mismo (Aragón, 2013, p. 172; Burdeau, 2002, p.
99), además, recoge “los principios fundamentales que caracterizan [el régimen
político republicano] y le da una precisa identidad en el plano histórico-constitucional”
(Fioravanti, 2004, p. 38), y, (vi) está caracterizada “sustancialmente por hacer visible
una consolidación democrática, asegurando una convivencia social pacíca mediante
la exclusión de la violencia para el logro de objetivos políticos, estableciendo el marco
institucional para una actividad estatal unicadora, y realizando una libertad,
igualdad y solidaridad concretas” (Schneider, 1991, p. 40).
3. Orígenes de la violencia política: un acercamiento liminar a sus
principales momentos
El origen de la violencia política se data al 17 de mayo de 1980 en la
comunidad ayacuchana de Chuschi (Manrique, 2015; Tello, 1989, p. 32)
(11)
. La
acción que inició tal proceso es la quema de ánforas electorales en el contexto
(11) En esta fecha, formalmente, inició la Lucha Armada en el país, en especial, “la mañana del 18 de
mayo de 1980” (Gonzales, 1999, p. 19), sin embargo, las acciones y operaciones de Sendero Luminoso
empezaron muchos años antes, tal es así que podemos encontrar que esta organización formaba parte
de las diferentes ramicaciones o divisiones que tuvo el Partido Comunista Peruano en la década de
1960, es más, se menciona que “el grupo más radical –Partido Comunista del Perú-Bandera Roja– su-
frió un escisión” de donde surgieron dos grupos “Bandera Roja y Sendero Luminoso” (Pease, 1999, p.
270). Además, la base política e ideológica de Sendero Luminoso se cimienta en Ayacucho, en con-
creto, durante los años 60 dicha organización operaba en esta parte del país sobre la “base del Partido
Comunista Peruano (PCP): el Comité Regional «José Carlos Mariátegui» encabezado desde 1963 por
Abimael Guzmán” (Degregori, 2013, p. 19); posteriormente, en 1964 se produce la separación del Parti-
do Comunista Peruano dando paso al surgimiento de dos grupos: i) Partido Comunista del Perú-Patria
Roja (PCP- del P-PR), y, ii) Partido Comunista del Perú-Bandera Roja (PCP del P-BR) “ambos de tendencia
maoísta”. Esta división se produjo como consecuencia de la “concretización de la lucha armada” (Pease &
Romero, 2013, p. 289). En este punto, no está demás considerar que el Partido Comunista Peruano (PCP)
tiene diversas ramicaciones, tal como a continuación lo podemos observar: PCP (fundado en 1931), sin
embargo, luego de haberse producido la cuarta conferencia en 1963, el mismo que se divide en:
(i) Partido Comunista Peruano (pekineses - 1965):
(a) Saturnino Paredes (1968) y José Sotomayor.
(b) PC del Perú Patria Roja y Bandera Roja (1971: PC del Perú (albaneses) y PC del Perú – Sendero
Luminoso – inicia la violencia en 1980).
(ii) PC- Unidad (moscovitas). (Contreras y Cueto, 2004, p. 351).
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de las elecciones nacionales donde participaba por primera vez la población
campesina
(12)
. Hay que indicar que el comienzo de la violencia política condensa
diversos factores, tales como: (i) la exclusión y marginación social, (ii) la solución de
los males sociales a través de la guerra popular, (iii) la aparición de la ideología del
marxismo radicalizado y desbocado, y, (iv) la lucha contra la estructura institucional
vigente (Estado).
En ese contexto, la eclosión y la participación de Sendero Luminoso
en el escenario político y social del país fue mucho más fácil por el clima y la
dinámica institucional que abonaron a que el “desajuste del sistema” de gobierno
(Lumbreras, 2006, p. 184), la fragmentación y la debilidad institucional se tornaran
más visibles
(13)
.
El blanco de ataque de Sendero Luminoso es el Estado y sus diversas
dependencias. Los miembros de esta organización buscaban demostrar que el
Estado era inoperativo en sus funciones, y, asimismo, que era improbable que
pudiese atender los males sociales y estructurales de forma ecaz. En la misma
línea, empresarios, políticos, representantes religiosos, entre otros, fueron
arremetidos porque representaban una extensión del orden institucional y social
vigente. Las acciones subversivas realizadas por Sendero Luminoso estaban
marcadas por el “pensamiento Gonzalo”, y el objetivo central era la destrucción del
aparato estatal, de tal modo que los dirigentes asumieran el control del país en
todas sus dimensiones (política, cultural, social, institucional, jurídica, económica,
entre otras).
En suma, el desarrollo de la lucha armada interna en aproximadamente 12
años de duración, entre 1980 y 1992 causó una gran herida social. Recién en el año
(12) El crecimiento de Sendero Luminoso en los años siguientes fue rápida, ya que durante los años
1980 y 1992 logró expandirse en las regiones de Ayacucho y Apurímac, asimismo, “contó con el respal-
do de fracciones importantes de la población rural y urbana” (Bonilla, 2009, p. 129). La acción de este
grupo subversivo logró la adhesión de la población campesina, debido a que los males estructurales se
iban extendiendo y profundizando cada vez más y resultaba más afectado este sector, y, respecto a los
problemas Sendero Luminoso ofrecía salidas simpáticas que guardaba sintonía con ese malestar. Aquí
no hay que dejar de mencionar que el sector o grupo social que es más lastimado o afectado por la
violencia política es la población pobre de la zona rural o indígena.
(13) Las causas de la aparición de la violencia política o estructural en el país, originada por SL y MRTA,
se debe a la injusticia económica, represión política y fenómeno de alienación social (Mansilla, 2000),
consecuentemente, cualquier grupo u organización que prometiera la liquidación de dichos problemas
recibe apoyo de la población campesina y los sectores urbanos desarraigados (población que permane-
cía desvinculada de la dinámica del Estado). La ausencia de un “proyecto nacional que aglutinara a los
civiles y el surgimiento de la actividad subversiva” (Tello, 1991, p. 31) se dan al mismo tiempo, en tal sen-
tido, quien poseyera mejores recursos para enfrentar dicha situación tendría éxito, ya que el contexto era
de anomia y paupérrima organización institucional. A esto se suma la actitud del poder que se muestra
“antidemocrática, racista, sexista, fóbica” (Ugarteche, 1999, p. 29), ello debido a que es incapaz de reco-
nocer y manejar adecuadamente la cuestión étnica, social y cultural. Esta situación lo único que logra es
alimentar el odio y la indignación popular, lo cual favorece a los intereses de las fuerzas subversivas.
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2003 se obtienen y presentan las cifras ociales de las víctimas que han sufrido la
violencia política, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el número
de personas que murieron y desparecieron fueron alrededor de 70,000.
4. Constitución y violencia política: probabilidades e improba-
bilidades de la Constitución para aplacar la violencia política
En líneas precedentes hemos expuesto sucintamente sobre el origen de la
Constitución y el surgimiento de la violencia política en el país; ahora interesa dar
cuenta de las acciones que se pueden emprender desde el plano constitucional para
aplacar situaciones de extrema tensión social, en especíco, la violencia política.
En tal sentido, la cuestión central de esta parte del texto consiste en responder
las siguientes interrogantes: ¿Existen herramientas constitucionales para hacer
frente a la violencia política? ¿la Constitución debería ser un arma idónea para
luchar contra el terrorismo? ¿los encargados de redactar un texto constitucional
deberían prestar atención al fenómeno de la violencia política? ¿tiene algún sentido
colocar una cláusula en la Constitución rechazando el terrorismo? ¿cuáles serían
las potencialidades de un texto constitucional para combatir o hacer frente al
terrorismo? ¿realmente habría algún aporte con que los asuntos vinculados a la
violencia política sean tomados en cuenta a nivel constitucional?
Las interrogantes formuladas son difíciles de responder y desbordan
los propósito del presente trabajo porque son intrincadas y, a la vez, pueden
ser respondidas desde diversas aristas, por esa razón, en concreto, lo que nos
interesa es plantear las probabilidades e improbabilidades de la Constitución,
especialmente, del proceso constituyente (momento de creación del texto
constitucional) para hacer frente a situaciones sociales y política dramáticas,
en este caso, concretamente, todo lo referido a la violencia política. En términos
generales, las probabilidades que tiene la Constitución para enfrentar la violencia
política son:
(i) Apertura del proceso constituyente al máximo, es decir, extender
y desplegar la potencia del proceso constituyente (momento en
que empieza a discutirse los asuntos y problemas de la sociedad)
para integrar las demandas de todos los sectores de la población.
(ii) Texto constitucional que debe ser visto como producto de un
proceso de deliberación y discusión profunda, el mismo que
responde a la intervención y participación de los actores sociales
que estén dispuestos a plegarse a la voluntad constitucional.
(iii) Deliberación pública entre ciudadanos, esto es, intercambio de
razones y argumentos en relación a la cuestión constitucional, lo
cual implica tomar en serio las ideas que circulan en el foro público.
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En relación a las improbabilidades de la Constitución para hacer frente a la violencia
o el terrorismo, tenemos:
(i) La Constitución en sí misma no es una herramienta que sirva para
combatir el terrorismo o la aplacar la violencia política, por tanto, lo
único que se puede lograr a través de este medio es que la agenda
constitucional sea lo más amplia posible para captar las ideas de
los interesados o afectados con la discusión constitucional.
(ii) Es común que los procesos de lucha social y, en concreto, la
violencia política posean una agenda de exigencias muy amplia
y exigente, por lo cual, es improbable atender a todas ellas
mediante el proceso de elaboración de la Constitución.
(iii) Los propósitos de la Constitución están condicionados a que la
población y los actores involucrados estén de acuerdo con el
contenido del texto constitucional, de lo contrario, mediante
proceso constituyente no se podrá hacer efectuar mayores
maniobras, en especial, cuando algunos sectores no quieren
participar en la discusión constitucional.
En ese sentido, queda claro que la Constitución por sí misma no puede
oponerse o dar opciones para mitigar la violencia política, lo que sí puede efectuar
es avivar y agrandar la agenda de la discusión constitucional (esto es, dar mayor
margen de participación y desenvolvimiento a las diversas posturas políticas,
inclusive, discutir las ideas del orden subversivo).
Tras lo explicado sobre las probabilidades e improbabilidades de la
Constitución frente a la violencia política, ahora, corresponde mencionar, al menos
de forma general, que la violencia política, en esencia, supone: (i) quiebre de la
democracia, (ii) vulneración sistemática de los derechos fundamentales y (iii)
desestabilización de las instituciones públicas (del Estado). En la historia reciente
del país estos han sido los factores concurrentes y habituales.
Un asunto que ha predominado es la arremetida del terrorismo en la esfera
pública del Estado, además, las consecuencias dramáticas que ha dejado porque
todo el edicio jurídico, así como el marco constitucional y democrático resultaron
desestabilizados. Entonces, los denominadores comunes en dicho escenario son
la alteración del orden constitucional, la desestabilización de la democracia, el
despedazamiento de las instituciones públicas, la perversión de las relaciones de
poder y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales
(14)
.
(14) En líneas generales el terrorismo es la expresión de “un método o un modo de comportamiento”
que consiste “en la realización de un acto o una actividad cuyo resultado intencionado es la creación de
un estado psicológico de temor generalizado” (Garzón, 2004, p. 179), en efecto, el modo de operar de
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La violencia política es un factor dramático. es un mal que denigra
las instituciones, la democracia y la Constitución. En líneas generales, es un
agravio y desestabilización del corazón del sistema constitucional. Frente a este
conglomerado, ofrecer argumentos o razones constitucionales para disminuir su
impacto es un ejercicio necesario, debido a que el momento más tenso y profundo
desde la dimensión constitucional es la redacción de un nuevo texto constitucional,
entonces, resulta un momento oportuno para gestionar los problemas dentro de la
agenda constitucional para que la decisión nal (voluntad) resulte democrática.
La violencia política es un hecho que afecta el corazón del sistema
constitucional, ya que el ejercicio de la violencia impacta en dos planos notables:
los derechos fundamentales y el orden democrático-constitucional. El núcleo
sensible de todo texto constitucional son los derechos fundamentales y la
organización democrática del poder. El terrorismo, normalmente, rompe con todo
el caparazón o infraestructura constitucional de un país; por eso, la Constitución
como norma y empresa colectiva que se origina de la voluntad popular tiene
mecanismos válidos y legítimos para defenderse, así como resistir frente a los
embates extremistas. En presencia o ante la aparición de violencia, la Constitución
puede activar mecanismos democráticos para contraponerse, siendo uno de ellos
la ampliación y despliegue del campo de debate constitucional para cambiar,
organizar, incorporar o transformar de modo racional las demandas. En otros
términos, el arma de que se sirve la Constitución para oponerse al terrorismo o la
insurgencia de grupos subversivos es el proceso constituyente (válvula de escape
para brindar solución a las adversidades sociales)
(15)
, ya que es el momento donde
se evalúan las principales propuestas y necesidades sociales y existe ánimo de
cambiar las circunstancias y condiciones reales profundamente. Por esta razón,
se ha advertido del poder que ostenta el proceso constituyente como una forma
de solucionar las fracturas y distanciamientos del Estado y el gobierno frente al
pueblo, a la vez que es un espacio común para cerrar los desencuentros ideológicos
(del tipo radicalismo versus democracia).
Se debe de pensar el proceso constituyente como un espacio para acoplar
y discutir las diversas propuestas ideológicas y, especialmente, como un camino
para considerar y poner a discusión la agenda política e ideológica de los grupos
los grupos subversivos en el país, tales como SL y MRTA, fue la consecución de temor generalizado en la
población, entonces, no se trata «únicamente de atentar contra el gobierno sino contra la democracia
como forma de gobierno”. Expresan rechazo profundo por las instituciones públicas vigentes porque
“persiguen cambios estructurales y se expresa rechazo absoluto por las formas de gobierno y de convi-
vencia social existentes”. Es más, lo que los caracteriza es “derrumbar el orden reaccionario imperante y
construir el nuevo orden social revolucionario” (Oviedo, 1989, p. 30).
(15) Hay que indicar que el proceso de génesis de nuevo texto constitucional tiene en su seno un
momento plenamente democrático, es decir, el proceso constituyente es una manifestación plena de
la democracia, debido a que forma parte de los debates y discusiones populares (todas las personas y
todos los sectores sociales se ven involucrados).
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subversivos. Así, el proceso de elaboración de una nueva Constitución es un lugar
de confrontación ideológica y política, para que en el seno de la discusión se
eliminen aquellas propuestas irracionales y antidemocráticas. El n es demostrar
la inviabilidad o la exageración del programa político y de gobierno de los grupos
subversivos. Al respecto, en el país, en las dos ocasiones que se redactaron y
aprobaron los textos constitucionales de 1979 y 1993, se dieron en circunstancias
especiales y excepcionales, tal como lo explicamos más adelante.
5. La disputa y tensión en el campo democrático: ubicación de la
violencia en el marco de los procesos constituyentes
El libre disenso, la pluralidad de opciones ideológicas, la distribución del
poder, la integración social, la participación colectiva en igualdad, entre otros,
son parte del campo democrático, al menos, estos son los aspectos que le dan
forma. Concretamente, por campo democrático entendemos aquél lugar donde
los ciudadanos realizan deliberaciones públicas y colectivas frente a decisiones o
situaciones que le atañen (o afecten sus intereses). Adicionalmente, es un espacio
de intervención activa de los actores sociales, instituciones y políticos. Entonces,
élites económicas, sectores populares, partidos políticos, entre otros, se dan
encuentro en dicho campo para discutir sus propuestas y programas muchas veces
convergentes y, en algunos, casos opuestas. De esta manera el campo democrático
está en tensión y disputa constante porque cada facción o sector de la población
tiene la necesidad de que se admita su posición y programa político como válido,
inclusive, reclaman el poder del Estado para implementarlo.
Debe quedar trazado que los procesos constituyentes son centros de
disputa y tensión democrática, esto es, cada vez que se elabora nuevo texto
constitucional, en la mayor medida posible, se busca lograr un ambiente de
plena participación y deliberación colectiva, solo así el instrumento denominado
Constitución tendrá legitimidad y vocación de perdurabilidad. Teniendo en cuenta
ello, los procesos constituyentes de 1979 y 1993 deben ser vistos como potentes
campos democráticos, momentos en los que la colectividad delibera de forma libre
y logrando consenso sobre los principales puntos que les afecta. Entonces, dichos
procesos constituyentes deben aprovechar al máximo tal circunstancia y lograr la
articulación y participación social y, a su vez, buscar que la sociedad con posiciones
diferentes se integre.
En relación a la violencia política, se debe mencionar que estuvo
inmersa en el campo democrático porque estaban en proceso de elaboración
dos constituciones en distintos momentos. Tal es así que en la confección de la
Constitución de 1979 se observó que las facciones políticas como el APRA, PPC,
Izquierda Unida, sociedad civil, entre otros, participaron, adicionalmente, otros se
alejaron de la misma como Acción Popular o la izquierda radical, y todos tenían una
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propuesta política que fue planteada y tuvo la posibilidad de ser discutida dentro
del campo democrático.
En el caso de la creación de la Constitución de 1993 las organizaciones
políticas como Cambio 90, PPC, independientes, entre otros, expresaron sus
posiciones en el debate constitucional. Todo esto implica que el campo democrático
estuvo muy activo y constante, entonces, normalmente los grupos subversivos de
SL y MRTA también debieron pasaron a formar parte del campo democrático, sin
embargo, el elemento de ruptura que se produce es que algunos grupos radicales
decidieron no participar del proceso constituyente y usaron sus propios medios
para disputar dicho campo. En suma, la tensión y disputa del campo democrático
se produce en dos frentes: la elaboración de un nuevo texto constitucional (lograr
nuevo acuerdo democrático) y la violencia política.
Tenemos que dejar en claro que una forma de manifestación del campo
democrático es el proceso de creación o elaboración de nueva Constitución. En tal
sentido, los procesos constituyentes que dieron origen a la Constitución de 1979 y
1993 son producto de la tensión y disputa democrática, a pesar de que en el caso
de 1993 fue producto de un golpe de Estado
(16)
. También en el campo democrático
se ubica la violencia política, sin embargo, las herramientas y las acciones usadas
por los grupos alzados en armas para disputarlo fueron ilegítimas y prohibidas
porque atentaron directamente contra el régimen democrático, la infraestructura
constitucional y el orden institucional, es más, vulneraron derechos fundamentales;
con lo cual, el factor violencia política logró desbordar el campo democrático y el
mismo proceso constituyente.
Hay que añadir que los procesos constituyentes, como manifestaciones del
campo democrático, no lograron canalizar la violencia política, es decir, establecer
puentes o crear contextos de diálogo, es más, la posición de los diseñadores
constitucionales fue la de declarar como enemigos de la democracia a los grupos
subversivos y con ello evitar la discusión de sus ideas y propuestas –tarea que era
necesaria porque la democracia estaba en plena acción poniendo toda su potencia
deliberativa–.
5.1. La posición de la violencia política en el proceso de discusión,
redacción y expedición del texto constitucional de 1979
Es menester empezar indicando que los orígenes de la violencia política se
remontan a la década de los 60 del siglo pasado, tal como fue expuesto en la primera parte,
sin embargo, ganó notoriedad en 1980. En un contexto de turbulencia social, política y
económica se convoca a Asamblea Constituyente en el año de 1978 con la nalidad de
crear una nueva Constitución, en este caso, la Constitución de 1979. Así, en pleno auge de
(16) En este trabajo evitaremos ahondar sobre el carácter antidemocrático de esta Constitución.
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la crisis social ocasionada por los grupos subversivos se gestó dicho texto constitucional.
Además, esta carta fue redactada y aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978; el
contexto fue durante el proceso de transición hacia la democracia, esto suponía que el
Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas se abstuviera de participar o interferir
en las decisiones democráticas y constitucionales del pueblo.
En la historia constitucional del país, este proceso constituyente y su
producto, la Constitución de 1979, son calicados de profundamente democráticos
porque habrían garantizado la participación robusta de diversos sectores sociales y
partidos políticos
(17)
, de este modo fue una expresión auténtica de las fuerzas políticas
e ideológicas del país. Tan es así que las únicas facciones políticas que quedaron fuera
de dicho proceso constituyente son aquellos vinculados al Gobierno de facto
(18)
,
así como el partido Acción Popular presidido por Fernando Belaunde y el “partido
maoísta Patria Roja” (Belaunde y Eguiguren, s/f, p. 374) que renunciaron a participar.
En el caso del gobierno militar quedó claro no participaría en la
constituyente, para dar paso a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, al
mismo tiempo, se produce el proceso de transición desembocando en la elección
de un gobierno democrático, que asumiría funciones el 28 de julio de 1980. En
relación a Acción Popular y la izquierda radical, no quisieron participar por seguir
sus ideales políticos “innegociables” y porque veían el proceso constituyente como
un espacio de legitimación de la estructura vigente del Estado. En todo esto, un
aspecto que resulta hasta cierto punto negativo es que el producto constitucional,
esto es, la Constitución de 1979 es producto de “una transacción entre el APRA y el
PCC” (Contreras y Cueto, 2004, p. 345).
En estos años, mientras se convoca la Asamblea Constituyente, se presentan
los siguientes hechos: (i) se produce la transición democrática y, consecuentemente,
el cambio constitucional (también se produce el repliegue del gobierno militar,
impulsado por los grupos económicos y sociales); (ii) se da paso hacia la transición
democrática, que no fue provocada por los partidos políticos, más bien lo hicieron
las “organizaciones populares” y “la sociedad civil” manteniendo un rol central
debido a la inestabilidad y “debilidad de los partidos políticos” (Degregori, 2014, p.
125), y, (iii) la subversión (SL y MRTA) aparece en la esfera pública ganando mayor
(17) La única organización que no participa en el proceso constituyente es Acción Popular, sin embar-
go, con normalidad se presenta en las elecciones generales de 1980. También, el sector marxista-radical
de izquierda también queda fuera del marco constitucional, es más, el distanciamiento es más notable
porque SL “no reconoce vínculos posibles con ningún partido que forme parte de del orden democráti-
co, a pesar de la existencia de grupos maoístas en la Izquierda Unida” (Rubio, 1986, p. 171).
(18) Los factores que han producido la caída del Régimen de las Fuerzas armadas son “la crisis económi-
ca, la protesta social y el reclamo del regreso a la democracia” (Contreras y Cueto, 2004, p. 340). En la línea
principal de estas acciones estaba comandada por la misma ciudadanía que promovía el cambio en todos
los aspectos necesarios, además, los frentes de ataque hacia el gobierno militar provenía tanto del sector
político de izquierda así como de derecha, por esta razón, la única opción que les quedó fue la llamada a
elecciones “para la formación de una Asamblea Constituyente en 1978” (Contreras y Cueto, 2004, p. 344).
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notoriedad por la radicalidad de sus acciones. Concretamente, dentro de estas
condiciones el texto constitucional de 1979 se gestó en un momento de fuerte
tensión política y social que minaba el campo democrático. En ese orden, la razón
del nuevo texto constitucional, más allá de atender situaciones comunes como el
modelo económico, la crisis social e institucional, también, tuvo que enfrentar o
elaborar respuestas constitucionales frente al terrorismo.
En lo que sigue tenemos que precisar con cierta exactitud la posición de la
violencia política en la deliberación constitucional, a la vez de establecer los puntos
acos o de falla que presentaron. En el caso de PCP-SL, el sector radical del SUTEP,
entre otros grupos, quedaron fuera del debate constitucional de 1978 debido a
que virtualmente la izquierda extremista se veía excluida del escenario político
y jurídico del país Esta posición de insurgencia y apartamiento de la discusión
constitucional fue reforzada por los planes políticos de Abimael Guzmán, quien
aprovechó la oportunidad para difundir su programa ideológico y político, es
más, buscó la adhesión de los sectores marginados y universitarios con vocación
de hacer justicia social. Sobre la base de ideas marxistas, leninistas y maoístas
Guzmán buscó la articulación del sector académico, así como popular que veían
la Asamblea Constituyente como un espacio de dominación y sometimiento,
inclusive, que participar en ella hasta podía suponer la rendición; lo cual implicó
que su alejamiento del proceso constituyente.
Todo ello suponía en la práctica que la discusión sobre el contenido y
tópico de la carta constitucional de 1979 debía prever dos situaciones: i) discusión
de las demandas sociales de sectores populares, partidos políticos, entre otros, y, ii)
poner a prueba y analizar cada punto del programa político que iba a implementar
SL, el MRTA o cualquier otro grupo subversivo.
Es posible advertir aquí que en el sector radical-extremo existía división, ya
que los sectores más radicales no aceptaban la idea de la negociación constitucional
que implicaba la aprobación de una nueva Constitución, en cambio, el sector
exible-intermedio, de cierto modo aceptaba las condiciones y el modo en que
se desarrollaba el debate constitucional dirigido por la Asamblea Constituyente,
pero no hubo suciente voluntad por parte de los constituyentes en tomar en
serio este asunto. El momento constituyente desaprovechó la puesta en marcha
de un proceso de diálogo y deliberación, tal es así que las acciones insurgentes
de Sendero Luminoso se remontan a los años 1977 – 1978, en ese sentido, en la
redacción de una nueva Constitución se pudo haber previsto que las personas
con tendencias político-ideológicas radicales participasen en la deliberación y
discusión de su contenido
(19)
, además, las advertencias sobre la existencia de
(19) Al respecto, el primer gobierno de F. Belaúnde posterga “peligrosa” e innecesariamente “las de-
mandas populares” hecho que acrecentará las desigualdades e insatisfacciones sociales; y, frente a Sen-
dero Luminoso adopta una posición militar-represiva (Tuesta, 1985, pp. 24 y 34). Es más, los principales
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grupos subversivos ya “estaban presentes en 1978, y se hicieron cada vez más fuertes”
(Heilman, 2018, p. 262). En este punto, las acciones estaban al inicio de todo, es
decir, recién empezaban y se desarrollaban.
En el caso concreto de MRTA
(20)
advertimos que se presentan problemas
de carácter interno, es decir, de organización, que motivan el distanciamiento de
la Asamblea Constituyente de 1978, es así que “Al interior del PSR (Partido Socialista
Revolucionario) se precipita la disputa entre los “reformistas” y los “radicales”, que
conduce a la escisión de dicha organización. Varios miembros de la organización
pasan a formar el PSR-ML (Marxista-Leninista), mientras el PSR actúa en la
Constituyente y después pasaría a engrosar la federación de grupos de izquierda:
Unidad de Izquierda (después Izquierda Unida, IU), que se decide a disputar el
poder en el campo democrático” (Oviedo, 1989, p. 108). Esta situación, en cierta
medida, tiene impactos directos en la participación posterior que tendrá este
grupo en el proceso de discusión constitucional.
En suma, la deliberación constitucional durante casi al nal de la década
de los 70 se produjo sin prever el factor violencia, es más, cuando revisamos el
cuaderno de Debates Constituyentes no encontramos referencias al respecto, es
como si el problema no existiera y estuviese ausente del plano político y social
del país. Entonces, la posición que ocupó la violencia política en la discusión
constitucional –teniendo como referencia los diarios de debates constitucionales–
fue muy restringida y casi nula porque no estuvo dentro de la agenda de discusión
de los miembros del constituyente.
El ideal democrático exige que el proceso constituyente construya
y diseñe una solución constitucional frente al problemas ocasionado por los
grupos subversivos, por lo cual, a pesar que ellos hayan renunciado a la discusión
constitucional no debía suponer dejar fuera del marco constitucional el asunto de
la violencia política. En ese orden, la nueva Constitución creada suponía reformar y
transformar las relaciones sociales y la misma organización estatal, por tanto, usar
este argumento con la nalidad de convocar a los grupos subversivos para que
pudiesen plantear su esquema político en el seno de la Asamblea Constituyente era
partidos políticos como son Izquierda Unida y el Apra, de cierto modo, elitizan su participación política
porque no logran “engarzar” con el sentimiento y demanda popular. Este ambiente político imposi-
bilita el diálogo y la participación del sector popular, asimismo, disuade la participación de Sendero
Luminoso en los diálogos constitucionales y políticos. Entonces, el distanciamiento del sector “radical”
se torna visible cuando decide excluirse o “automarginó” del proceso constituyente el PCP-Patria Roja,
de este modo dicho proceso iba perdiendo fuerza y legitimidad (Pease, 1981, p. 36). Este escenario fue
propiciado por la misma dinámica política y constitucional que en ese momento se dio, al parecer, los
constituyentes no tomaron en serio el proceso de elaboración del texto constitucional.
(20) Esta organización cada vez va tornándose más violenta, es así que hacia 1984 “realiza voladuras
de instalaciones y atentados y se extiende a Huancayo, Arequipa, Trujillo, Cusco y Chiclayo” (Oviedo,
1984, p. 110). El método que emplea son los coches-bombas y asesinatos en masa, adicional a ello, la
proyección ideológica se realiza a través de los siguientes diarios: Voz Rebelde, El diario y Cambio.
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una oportunidad para desarticular ideas y razones que predicaban estos grupos,
a la vez, hacerles comprender que mediante las herramientas constitucionales y
democráticas es posible cambiar las relaciones de poder y la estructura del Estado.
5.2. La posición de la violencia política en el proceso de discusión,
redacción y expedición del texto constitucional de 1993
El segundo momento constituyente se produjo en 1993, con la
característica de que los medios utilizados para la creación o cambio constitucional
fueron antidemocráticos, ello debido al golpe de Estado realizado por Alberto
Fujimori en alianza con las fuerzas armadas-militares, el 5 de abril de 1992. El
Congreso Constituyente Democrático encargado de la redacción de la carta de
1993, estuvo conformado por 80 parlamentarios
(21)
de diversas las políticas, sin
embargo, con una notable y amplia mayoría de los representantes de Cambio
90-Nueva Mayoría (organización del gobierno), quienes al nal pusieron más
contenidos en la carta constitucional. Esta situación contrasta con el signicado
de una constitución que debe implicar un amplio proceso de participación social
y política de la población.
El texto constitucional de 1993,tomó distancia y se opuso de manera
rme hacia el fenómeno de la violencia política. Mantuvo su propuesta de la
pena de muerte por la comisión del delito de terrorismo, lo cual demuestra que la
opción planteada y defendida por los constituyentes de 1993 es retribucionista y
punitiva, esto es, privilegia el castigo como única forma de solucionar la crisis social
originada por los grupos subversivos, entonces, las formas de diálogo o adopción
de soluciones democráticas quedaron relegadas.
En los debates constitucionales las alternativas aplaudidas fueron la
aplicación de la pena de muerte a los terroristas, así como la imposición de penas
severas como la cadena perpetua. Dicho proceso constituyente permaneció
cerrado al diálogo sobre el problema de la violencia política tanto a los subversivos,
así como a la población. En ningún momento del congreso constituyente se previó
la apertura del debate hacia la negociación y acuerdo de paz con quienes se habían
(21) Este hecho antidemocrático viene acompañado del control de las instituciones públicas del Esta-
do, a consecuencia de que “Fujimori y su cúpula cívico-militar quebraron el orden democrático, redacta-
ron ilegalmente el Poder Judicial y los medios de comunicación, persiguieron a sus opositores políticos,
constituyeron comandos militares que actuaban al margen de la ley, entre otros delitos contra la de-
mocracia y los derechos fundamentales” (Gamio, 2009, p. 38; Burt, 2011; Rénique, 2015). Enfáticamente
la década de gobierno liderada por Fujimori no fue calicada de democrática, es así que se considera
“el gobierno peruano de la década de 1990 era todo menos democrático”, es más, “se trataba de un
régimen que había eliminado de hecho la división de poderes, con una mayoría parlamentaria servil y
dispuesta a aprobar leyes anticonstitucionales, que dominaba el Poder Judicial y el Ministerio Público
y controlaba los medios de comunicación con más impacto social (la televisión y la prensa amarilla)
mediante el soborno a sus propietarios” (Arias, 2005, p. 19 - 20).
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alzado en armas
(22)
, entonces, el factor común fue recrudecer e inar el rango de las
penas por el delito de terrorismo, así como garantizar la intervención policial y militar
para eliminar la subversión, esta opción primó en los debates constitucionales de
1993
(23)
. En ese sentido, la actitud retribucionista y punitiva es la que ganó terreno
durante la discusión y redacción del texto constitucional
(24)
. En suma, el momento
de creación constitucional de 1993 no sirvió para promover la inclusión y el debate
profundo sobre la cuestión de la crisis social, en este caso, la violencia política.
Así, con dicha política adoptada es claro que la agenda de reconciliación y
construcción de la paz quedó estancada
(25)
, ya que los miembros del Congreso
Constituyente estuvieron más atentos a sancionar la violencia política, mientras
el gobierno estaba más preocupado por democratizar su presencia en el poder y
menos interesado por cuestiones vinculadas a la violencia política. Con esto queda
claro que el nacimiento de la Constitución como un espacio amplio deliberación
fue simplemente anulado, es más no hubo esfuerzos sucientes por trabajar los
temas recalcitrantes en dicho momento, esto trajo como consecuencia que la
deliberación fuese frustrada.
5.3. Un balance de ambos procesos constituyentes y énfasis en los
puntos de quiebre en la discusión constitucional
En ambos procesos constituyentes observamos que la discusión sobre la
(22) La posición más clara y, en cierto modo, aceptable fue la de Henry Pease García, quien sostenía
que el logro de la cultura de paz así como la consolidación de los valores democráticos, no pasa por in-
troducir penas severas para sancionar a los responsables de los crímenes cometidos por Sendero Lumi-
noso; concretamente, indicaba que “la paz es obra de la justicia y no del odio o la venganza”. En cambio, la
oposición mostró en todo momento que la imposición de la pena de muerte por el delito de terrorismo
era el camino más viable, en ese sentido, se insertaron cláusulas constitucionales que sancionen con
penas elevadas el delito de terrorismo (Pease, 2001, pp. 2775 y 2776).
(23) Hay que tener presente que el Congreso Constituyente Democrático de 1993, encargado de re-
dactar nueva Constitución, scalizar y legislar, estaba compuesto por una mayoría de parlamentarios
pertenecientes al fujimorismo, en ese tiempo estaba en el poder el partido político Cambio 90-Nueva
Mayoría, por ende, la capacidad de inuir y decidir la agenda de discusión constitucional estaba en ma-
nos de Alberto Fujimori. Como éste estaba a favor de militarizar la lucha contra el terrorismo no se discu-
tieron opciones alternativas como la pacicación vía acuerdos de paz, teniendo en cuenta que Abimael
Guzmán fue captura y pedía diálogo. Cabe indicar que el 12 de setiembre de 1992, aproximadamente,
a las 8:40 de la noche la Delta de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) comandado por
el general Alberto Ketín Vidal Herrera captura a Abimael Guzmán Reynoso, entonces, el máximo líder y
cabecillo de Sendero Luminoso fue capturado. Otro cabecilla que es captura por el mismo año es Víctor
Polay Campos quién fue líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). De este modo am-
bos líderes de organizaciones más temibles fueron puestos a disposición de la justicia, además, hay un
claro debilitamiento de dichas fuerzas.
(24) En el seno de la población esta situación de la violencia política también estuvo algo inestable, es
decir, no hubo posición clara al respecto, sin embargo, mientras se elaboraba la Constitución de 1993,
de algún modo, seguía en pie y vigente la política de la mano dura como “la única respuesta no solo a la
violencia terrorista, sino a cualquier problema” (Degregori, 2014, p. 122).
(25) Esta situación, se puede apreciar, al menos en relación con el sector que sí quería ingresar a un
escenario democrático.
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cuestión de la violencia política no tuvo la acogida y atención necesaria dentro de
la agenda constitucional. Tal es así que, especialmente en el proceso constituyente
de 1979, en los debates constituyentes no se hace mención y tampoco se trabaja el
factor de la violencia política, e inclusive, un sector radical de la izquierda decide no
participar en la misma, con lo cual quedó deslegitimado dicho proceso. En el caso de
1993 la discusión sobre la violencia política en el seno del constituyente se focaliza
en adoptar sanciones penales contra los subversivos y la elaboración del texto
constitucional se da en un momento de ruptura democrática (golpe de Estado).
Entonces, estas particularidades dan cuenta que los procesos constituyentes se
han realizado evitando el asunto de la violencia política.
Las actitudes exhibidas en ambos procesos constituyentes son: (i) evitar la
discusión del asunto de la violencia política, (ii) expedición de normas penales para
sancionar los grupos del orden subversivo, y, (iii) ausencia de grupos subversivos
en el debate constitucional (aunque esto se debió en mayor medida a su decisión
de no participar).
Las peculiaridades y la naturaleza de los procesos constituyentes –lo que
en sí mismo representa– fueron desaprovechadas por las actitudes asumidas por
sus congresistas. Tal es así que el asunto de la violencia política no fue tratado
seriamente en la dimensión constitucional cuando ello era necesario y urgente
porque el país atravesaba un cuadro dramático al enfrentarse a dicho problema
que era inminente y real.
En ese orden de cosas, durante el desarrollo de ambos procesos
constituyentes, dos situaciones realmente excepcionales entran en colisión o
enfrentamiento: democracia (representada por el acto de creación de nueva
Constitución) y violencia política (subversión), sin embargo, por falla de la dinámica
democrática y el recrudecimiento de las fuerzas subversivas, quedó un hoyo
insuperable en los procesos constituyentes en relación a la cuestión de la violencia
política, lo cual imposibilitó que el diálogo y consenso.
Tenemos que recordar que la Constitución, ante todo, es una estructura básica
que organiza el poder para hacerlo más democrático y legítimo, además, logra
hacer conuir diversas fuerzas políticas y sociales, solo en estas circunstancias la
deliberación pública podrá ser democrática, de lo contrario, la violencia política y
los desacuerdos constitucionales se ahondan.
En ese orden, el quiebre y el desacuerdo constitucional se tornaron
crónicos cuando el espíritu de la regulación constitucional recogida en los textos
constitucionales en relación a la violencia política fue retributivo y punitivo, ya
que solo buscaba sancionar a los culpables. Entonces, la losofía que inspira a
los constituyentes de 1979 y 1993 es que el debate constitucional es inservible
para luchar contra el terrorismo, siendo la legislación ordinaria la más capaz para
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solucionar dichos problemas, adicionalmente, la democracia también cae en saco
roto porque no existe voluntad para mitigar el proyecto ideológico subversivo
en base a los recursos constitucionales y democráticos, sino que se piensa que la
eliminación de la violencia política pasa por usar más violencia
(26)
.
Otro asunto que agravó más la situación, en especial, en los inicios de la
década de los noventa es la agresión sistemática de derechos por parte del Estado.
Este hecho consistió en: (a) el atentado promovido por el Grupo Colina en los Barrios
Altos (asesinato de un niño de 8 años de edad) y La Cantuta (la masacre y muerte
de 9 estudiantes y un profesor), (b) la detención extrajudicial del General Robles
Espinoza por acusar al grupo Colina de graves violaciones a los derechos humanos,
(c) prácticas de amedrentamiento contra Mariela Barreto y Leonor La Rosa por
acusar al Servicio de Inteligencia Nacional de promover y materializar el atentado
contra los derechos humanos de la sociedad civil, y, (d) la muerte de Pedro Huilca
Tecse (líder de CGTP), entre otros hechos que ocurrieron a raíz de que el Estado
asumiera la lucha contra el terrorismo mediante mecanismos excepcionales.
También, se produjo el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 –fractura el orden
democrático– con el único afán de legitimar el gobierno de Fujimori. En suma, todo
esto evidencia que la política asumida por el régimen respecto al terrorismo osciló
entre la “indolencia” y “violencia desenfrenada” (Contreras y Cueto, 2004, p. 360)
(27)
.
En síntesis, la potencialidad de los procesos constituyentes fue
desaprovechada porque la capacidad democrática de los mismos no fue
considerada en su máxima expresión, al menos, así se exhibió frente al tratamiento
de la violencia política. Entonces, el campo democrático que ofrecían dichos procesos
constituyentes fue desarticulado y lo que sucedió es que tanto el Estado así como los
subversivos adoptaron acciones radicales. Por un lado, el Estado imponía una política
de la “irracionalidad” reaccionando con la inación de la legislación penal –incrementar
el rango de años sobre delitos vinculados con el terrorismo–. Las penas o sanciones
que proponía son “cadena perpetua” o la aplicación de la gura de “traición a la patria”
(26) En todo esto, también, queda claro que el empleo de políticas estatales represivas contra la sub-
versión fueron denominadores comunes (emplearon mecanismos de excepción constitucional), se ma-
niestan bien temprano porque se expidieron normas de carácter penal para sancionar a los terroristas
convictos, concretamente, en “1981 se dio la primera ley que condenaba a diez o veinte años” (Contreras
y Cueto, 2004, p. 352). Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori, en cierta
medida, mantuvieron cerrada los canales democráticos y hubo falta de voluntad política para lidiar
contra la insurgencia a través de los mecanismos constitucionales.
(27) Inclusive, las propuestas de acuerdo de paz fueron desoídas por el gobierno de Fujimori, además
el conjunto de acciones que se implementa son: (i) la instalación de tribunales militares conocidos como
“tribunales sin rostro” o “jueces sin rostro” (la acción de estos tribunales era juzgar, pero no se proponía
el respeto de los derechos humanos, es más, inocentes fueron condenados por estos), (ii) en 1996 se
creó una comisión de revisión de casos que fueron juzgados por terrorismo, esta acción, hacia el año
1999 había progresado en la revisión de 80% de los casos, de los cuales se liberó a 469 y alrededor de
531 fueron absueltos por el Poder Judicial (Contreras y Cueto, 2004, p. 372). Este tribunal (sin rostro) fue
desinstalada en 1997.
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(Contreras y Cueto, 2004, p. 372). También, acudió al uso de mecanismos constitucionales
extraordinarios. Por otro lado, las acciones tomadas por los grupos radicales se tornaron
más radicales y la violencia fue escalando cada vez más. Todo esto condujo a que el
orden democrático y el mismo proceso constituyente fuese destrozado.
6. La deliberación necesaria para fundar textos constitucionales
democráticos ¿Cuánta deliberación era necesaria para garantizar
que los textos constitucionales de 1979 y 1993 fuesen redactados
en términos democráticos?
Es difícil establecer la cantidad de deliberación que se requiere para
fundar textos constitucionales democráticos, ello debido a que la elaboración
de una nueva Constitución supone la concurrencia de diversos factores sociales
y políticos. Lo que resulta posible es indicar las condiciones mínimas en que
debe desarrollarse el proceso de elaboración de la Constitución. Tal es así que
la “deliberación necesaria” para adoptar textos constitucionales democráticos
requiere de: (i) presencia y participación de actores sociales y políticos, (ii) lograr
consenso sobre los contenidos de la nueva Constitución, (iii) establecer principios
comunes que rijan a la sociedad, (iv) desarrollar un esquema de organización del
poder que sea democrático, entre otros. En estos puntos debe descansar el debate
constitucional a n de crear textos constitucionales democráticos.
Con el afán de comprender la dinámica de la adopción de textos
constitucionales democráticos, debemos analizar si los procesos constituyentes
de 1979 y 1993 garantizaron la deliberación pública suciente dando como
resultado la creación de constituciones democráticas. Lo cual supone responder a
la interrogante de ¿si dichos procesos constituyentes han sido lo sucientemente
deliberativos para garantizar o fundar constituciones democráticas? La respuesta
que podemos ofrecer a dicha interrogante oscila en dos ámbitos: (i) la Constitución
de 1979 fue elaborada con la concurrencia de diversas fuerzas políticas y
sociales que le dieron cierta legitimidad, sin embargo, no fue lo sucientemente
deliberativa porque el asunto de la violencia política no estuvo dentro de la
agenda constitucional, y, (ii) la Constitución de 1993 no fue producto de la
conuencia de fuerzas democráticas, tampoco contó con la deliberación necesaria
sobre cuestiones sociales y mucho menos sobre el tema de la violencia política.
Entonces, ambos procesos constituyentes fracasaron en sus intenciones de fundar
constituciones democráticas porque no concurrieron los actores sociales y políticos
existentes en ese momento, además, en la agenda constitucional no se discutieron
temas vinculados con el factor de la violencia política, por tanto, todo esto hizo
inviable el consenso constitucional deseado.
La teoría constitucional considera que el proceso de elaboración de un texto
constitucional es el momento más democrático que un país puede experimentar,
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es la democracia en acción. La creación constitucional busca establecer. mediante
debate profundo y claro, los objetivos comunes que la colectividad desea alcanzar
y satisfacer con un nuevo texto constitucional, adicionalmente, establece que la
organización del poder sea democrática y que los derechos estén garantizados. La
voluntad constitucional signica que es el producto del intercambio de ideas y que
todos los posibles afectados o comprometidos en la decisión constitucional tengan
la oportunidad de expresar y poner en discusión su propia agenda ideológica y las
expectativas jurídicas. Pese a las dicultades que puedan mediar, la deliberación
necesaria para fundar textos constitucionales democráticos debe respetar este
mínimo de condiciones que se requieren que concurran en el acto de la génesis
constitucional.
La deliberación requerida al fundar constituciones democráticas se
basa en el consenso y la participación de los actores sociales destacados de
una sociedad, además, las reglas de juego del proceso constituyente deben ser
claras y transparentes. Entonces, en los debates constitucionales de 1979 y 1993
no participaron todos los sectores de la población peruana, en especíco, los
grupos que integraron la izquierda radical y aquellos que formaban parte de SL
o MRTA fueron renuentes al mismo, adicionalmente, por falta de tino en el seno
de los procesos constituyentes no se abordó con claridad y con razones sólidas
el asunto de la violencia política. Esto conduce a sostener que no hubo suciente
deliberación para encarar el problema de la violencia política, ya que por un lado
no participaron estos grupos y, por otro lado, las reglas del proceso constituyente
no estaban claras en relación al rol y la forma de abordar el problema de la violencia
política.
7. Conclusiones
La posición acerca la violencia política en la elaboración y discusión
constitucional fue inconsistente. No hubo predisposición abierta para enfrentar el
programa político de los subversivos dentro del debate constitucional, es más ni
siquiera estuvo en la agenda constitucional del constituyente de 1979, lo mismo
sucedió con la Constitución de 1993. Entonces, aquello que se predica en la teoría
constitucional, que la génesis de la Constitución es un momento oportuno para
articular las divergencias axiológicas, ideológicas y políticas que se suscitan en la
sociedad, fue vedado. Mucho más dramático aún es que el debate constitucional
(proceso constituyente) no garantizó el ascenso de la racionalidad y el debate sobre
las razones que justican la violencia política y la inviabilidad de sus estrategias
para alcanzar el poder.
El proceso de elaboración de una Constitución representa la máxima
expresión democrática, Todos los agentes y sectores de la población deberían
tener un espacio para expresarse sobre los asuntos que les atañen en el marco
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del proceso constituyente. Sin embargo, en los debates constitucionales de 1979 y
1993 algunos partidos políticos no participaron. Adicionalmente, no se pudo ubicar
en la agenda constitucional el asunto de la violencia política –no se discutió sobre
sus razones y las implicancias constitucionales que tenían los subversivos–, estos
hechos demuestran que la deliberación pública no fue plenamente democrática.
Los procesos constituyentes (tanto del 79 y 93) fueron desaprovechados desde la
perspectiva constitucional para enfrentar y entender la dinámica de la violencia
política. Entonces, la opción que primó entre los diseñadores constitucionales para
afrontar la violencia política exhibió un carácter punitivo, es decir, la imposición
de sanción penal radical (pena de muerte y cadena perpetua) para desarticular y
vencer el terrorismo.
Es incierto establecer la cantidad de deliberación necesaria para que las
constituciones resulten democráticas, sin embargo, algunas cualidades que debe
poseer un texto constitucional democrático son: garantizar el involucramiento de
todos los sectores de la sociedad y organizar el poder en clave democrática, en estos
aspectos, mínimamente, descansa el carácter democrático de una Constitución. El
proceso de redacción constitucional supone un espacio de discusión y negociación
robusta donde los actores políticos, la sociedad civil y el Estado buscan crear un clima
de transformación social en benecio del país, por ende, la deliberación requerida
o deseada es aquella donde se presenta la ampliación de los contenidos de la
agenda constitucional para abrir las puertas constitucionales a la mayor cantidad
de intereses de la población Esto se torna más relevante cuando se constata que las
constituciones son producto de las circunstancias, pero su objetivo es permanecer
en el tiempo, es decir, muestran vocación de “estabilidad y permanencia” (Bernal,
2018, p. 302).
Referencias bibliográcas
ARAGÓN REYES, Manuel. (2013). Estudios de derecho constitucional. Madrid: Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
ARIAS QUINCOT, César. (2005). La difícil transición democrática. Lima: Friedrich Ebert
Stiftung.
BERNAL PULIDO, Carlos. (2018). Derechos, cambio constitucional y teoría jurídica.
Escritos de derecho constitucional y teoría del derecho. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia.
BONILLA, Heraclio. (2009). La trayectoria del desencanto. El Perú en la segunda mitad
del siglo XX. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos y Universidad de
Ciencias y Humanidades.
El Proceso Constituyente y la Violencia Política: Los Debates Constitucionales de 1979 y 1993 Frente a la Subversión
290
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
BURDEAU, Georges. (2002). “Una supervivencia: la noción de Constitución”. En
Revista Peruana de Derecho Público, Administrativo y Constitucional. Año 3, N° 4, pp.
91 – 103.
BURt, Jo. (2011). Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la
dictadura de Fujimori. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y otros.
Congreso Constituyente Democrático. Diario de debates-Debate constitucional de
1993, Tomo V.
CONTRERAS, Carlos, y CUETO, Marcos (2004). Historia del Perú contemporáneo. Lima:
Instituto de Estudios Peruanos y otros.
DE OTTO, Ignacio. (2010). Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona:
Editorial Ariel S.A.
DEGREGORI, Carlos. (2014). Heridas abiertas derechos esquivos. Derechos humanos,
memoria y Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos.
_______________(2013). El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969 –
1979. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
FERRAJOLI, Luigi. (2009). “La democracia constitucional”. En Christian Courtis
(Compilador), Desde otra mirada. Textos de teoría Crítica del Derecho. Buenos Aires:
Eudeba, pp. 431 – 447.
FIORAVANTI, Mauricio. (2004). “Estado y Constitución”, en El Estado moderno en
Europa. Instituciones y derecho. Madrid: Editorial Trotta, pp. 13 – 43.
GAMIO, G. (2009). Tiempo de memoria. Reexiones sobre derechos humanos y justicia
transicional. Lima: IDEHPUCP, Instituto Bartolomé de las Casas y Centro de Estudios
y Publicaciones.
GARCÍA, Domingo y EGUIGUREN, Francisco. (2008). “La evolución político-
constitucional del Perú 1976-2005”. En Estudios Constitucionales, Año 6, Número 2,
pp. 371 – 398.
GARCÍA, Eduardo. (1991). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.
Madrid: Editorial Civitas S.A.
GARZÓN VALDÉS, Ernesto. (2004). Calamidades. La responsabilidad humana ante la
atrocidad. Madrid: Gesisa.
GONZÁLES MANTILLA, Gorki. (1990). Pluralidad cultural, conicto armado y Derecho
en el Perú: 1980-1993. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
Galimberty R. Ponce Flores
291
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
GONZÁLES, Raúl. (1988). “La violencia en el Perú”. En Diego García (Editor), Democracia y
violencia en el Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), pp. 19 – 33.
HATUN WILLAKUY (2008). Versión Abreviada del Informe Final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación Perú. Lima: Gráca Delvi S.R.L.
HEILMAN, Patricia. (2018). Rebeliones inconclusas. Ayacucho antes de Sendero
Luminoso, 1985 - 1980. Lima: La Siniestra Ensayos.
LUMBRERAS, Luis. (2006). Violencia y mentalidad colonial en el Perú. Fundamentos
para una crítica de la razón colonial. Lima: Instituto Nacional de Cultura-Dirección
Regional de Cusco y Universidad Nacional de San Marcos-Fondo Editorial de la
Facultad de Ciencias Sociales.
MANRIQUE, Nelson. (2015). El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980
– 1996. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
MANSILLA, C. (2000). “La violencia política en el Perú: un esbozo interdisciplinario
de interpretación”, en Estudios Políticos, Número 25, sexta época.
MCCLINTOCK, César. (1988). “Perspectivas para la consolidación democrática en
el Perú”. En Diego García (Editor), Democracia y violencia en el Perú. Lima: Centro
Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), pp. 35 - 77.
OVIEDO, C. (1989). Prensa y subversión. Una lectura de la violencia política en el Perú.
Lima: Mass Comunicación Editores.
PEASE, Franklin. (1999). Breve historia contemporánea del Perú. México: Fondo de
Cultura Económica.
PEASE, Henry. (1981). “La constituyente de 1979 en el proceso político peruano”. En
Perú: Constitución y sociedad política. Lima: Desco - Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo, pp. 13 – 54.
PEASE, Henry y ROMERO, G. (2013). La política en el Perú del siglo XX. Lima: Fondo
Editorial de la Ponticia Universidad Católica del Perú.
RÉNIQUE, José. (2015). Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la revolución en el Perú.
Lima: La Siniestra Ensayos.
RUBIO, Marcial. (1986). “Militares y Sendero Luminoso frente al sistema democrático
peruano”. En Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Número 53, setiembre-
octubre.
SÁNCHEZ, M. y J. Ríos (2018). Breve historia de Sendero Luminoso. Madrid - Lima:
Catarata y Revuelta Editores.
El Proceso Constituyente y la Violencia Política: Los Debates Constitucionales de 1979 y 1993 Frente a la Subversión
292
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
SCHNEIDER, Hans. (1991). Democracia y Constitución. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales.
TELLO, María. (1989). Sobre el volcán. Diálogo frente a la subversión. Lima: Centro de
Estudios Latinoamericanos.
___________(1991). Perú: el precio de la paz. Lima: Ediciones PETROPERÚ.
TUESTA, Fernando. (1985). El nuevo rostro electoral. Las municipalidades del 83.
Lima: Desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
UGARTECHE, Óscar. (1999). La arqueología de la modernidad. El Perú entre la
globalización y la exclusión. Lima: Desco.
WEBB, Richard. (1999). Una economía muy peruana. Ensayos sobre economía y
sociedad. Lima: Congreso de la República.
ZAGREBELSKY, Gustavo. (2008). “La ley, el Derecho y la Constitución”. En Jus-
constitucional. Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Lima. N° 6, Junio, pp. 323 – 335.
Galimberty R. Ponce Flores
293
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
La Ecopedagogía como Derecho Emergente
LA ECOPEDAGOGÍA COMO DERECHO EMERGENTE
LA ECOPEDAGOGÍA COMO DERECHO EMERGENTE
Yuri Angeles Mercado
(1)
Universidad Veracruzana, México
Resumen: Un derecho emergente que construya la vía para el acceso a derechos
humanos como la salud y la justicia, es la educación para una ciudadanía planetaria.
La ecopedagogía es un modelo educativo que en su ejercicio conmina a la reexión
y práctica de que busca formar ciudadanos que construyan sociedades donde los
sectores vulnerables (mujeres, indígenas y niños) cuenten con la posibilidad de
vivir en ambientes ecológicamente sanos, socialmente justos y económicamente
equilibrados. Que las escuelas de todos niveles, principalmente las públicas
se ocupen de involucrar positivamente a los niños y jóvenes en la resolución
de problemas sociales, ambientales y económicos es un grito emergente de la
humanidad.
Abstract: An emerging right that builds the pathway to access to human rights such
as health and justice is education for a planetary citizenship. Ecopedagogy is an
educational model that in tehir exercise contends with the reection and practice
of basic elements in real contexts that seeks to form citizens who build societies
where vulnerable sectors (women, indigenous and children) have the possibility
to live in an environment ecologically healthy, socially just and economically
balanced. That schools at all levels, mainly public schools, are responsible for
involucrate childrens and youngs in solving social, environmental and economic
problems is an emerging cry of humanity.
(1) Ingeniera en Agroecología. Maestrante en Educación para la Interculturalidad y sustentabi-
lidad. Asesora del Instituto de Juventud y Encargada de Cultura Ambiental del Municipio de Puebla
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • UNSAAC
Nov. 2018 - Octubre 2019
ISSN 2519-7592 Vol. 4 • Nº 11 • Págs 293-306
Recibido 19/06/2019 Aprobado 10/09/2019
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La Ecopedagogía como Derecho Emergente
1. La mochila de historias que sustentan la petición
Son las 11:40, es una mañana soleada en el municipio de Cuautinchan en el
Estado de Puebla, en el salón de 5to semestre de un bachillerato ubicado a 600m de
un pequeño río, está por comenzar la clase; en este mismo momento, otro grupo de
jóvenes, de otro bachiller del municipio de Venustiano Carranza enclavado en una
zona selvática, vecino de inmensos y frondosos cafetales se dispone también a iniciar
su clase; la misma imagen de jóvenes animando un salón pero el escenario ahora, es
el municipio de Zacatlán, situado justo en el corazón de un bosque … es hora de la
clase de Biología, el profesor después de dar los buenos días indica: “el tema del día
es Biodiversidad, por favor, cierren las cortinas, vamos a ver un documental de National
Geographic y al terminar discutiremos para que mañana me traigan un ensayo…”
Las aves, los árboles y mezquites, las ardillas, lagartijas, conejos y onzas,
se quedan afuera de esas aulas, sobreviviendo al ritmo del progreso, y esperando
que esos jóvenes salgan de esas clases magistrales entendiendo que ellos, las
comunidades de seres vivos que conviven cada día en el mismo espacio que han
habitado sus abuelos y tatarabuelos también son biodiversidad y son tan valiosos
como los curiosos osos panda de la China o los canguros australianos…
Otro día, otra escena y escenario…Es una mañana húmeda en verano, de
los pocos días en que a pesar de ser un sitio árido hay suciente humedad para
que proliferen los hongos, una pareja de ancianos aprovecha para recolectar …
es la hora de entrada del bachiller en la comunidad de Almoloya en el municipio
de Cuautinchan; muchos chicos pasan sin reparar en los ancianos, algunos los
ven extrañados, los menos, saludan apresuradamente… La profesora de ecología
y sustentabilidad, también coincide en el camino con los ancianos, los observa,
después les pregunta con qué n recolectan aquello…maravillada de lo que
escucha, les pide permiso de enviar algunos alumnos a platicar con ellos. Al llegar
al salón, indica tomar una libreta y anotar: “¿qué plantas silvestres utilizan y para
qué? ¿qué plantas tienen en sus solares y con qué n? ¿se acuerdan de algún platillo
que comieran de pequeños y que hoy ya no se coma? ¿existe alguna planta silvestre
o animal que antes abundara y que hoy ya no exista”. Los alumnos tendrían que
organizarse para ir en parejas a visitar a sus abuelos y hacerles estas preguntas (esta
práctica sencilla de salir del plantel para hacer una actividad extramuros de manera
sorpresiva sería impensable en una ciudad grande como la ciudad de Puebla por
ejemplo) y así lo hicieron… al día siguiente en el salón compartirían lo aprendido.
Los resultados: una lista de 8 plantas silvestres que no conocían, 5 plantas
de los solares que no sabían que tenían uso, 2 plantas que ya no hay en los cerros, 3
platillos que ya nadie come, un grupo de jóvenes maravillados por los conocimientos
descubiertos, reconectados con sus abuelos y un grupo de abuelos sabios felices
por haber podido transmitirles a los más jóvenes los secretos de sus años …
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Yuri Angeles Mercado
Son los albores de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla
(UIEP), inicia la difusión de las primeras carreras implementadas, Desarrollo
Sustentable y Lengua y Cultura, un grupo de profesores entusiastas sale a los
bachilleratos de la región a presumir a sus recién paridos programas académicos…
los estudiantes de bachillerato decepcionados, preguntaban por qué no había
informática, contaduría, comunicación…ellos querían estudiar algo que les diera
las posibilidades de salir de manera inmediata de la sierra, de vivir en edicios y
tener ocinas y camionetas…fue difícil convencerlos de inscribirse.
Muchos de los primeros licenciados interculturales, llegaron ahí más
por falta de opciones que por gusto, en las primeras generaciones el índice de
deserción era alto, muy alto (46% anual aún a 7 años de su creación cuando tuve la
oportunidad de ser directora de planeación y evaluación) y aunque hoy en día el
trabajo de los egresados y nuevos vínculos institucionales y sociales han logrado
la consolidación de otras cuatro licenciaturas más y una disminución signicativa
de la deserción, no se ha logrado su objetivo primordial: arraigar a los jóvenes y
detonar desarrollo local y regional, con ello tampoco se ha frenado el deterioro
ambiental y cultural de los territorios de la región donde la universidad se asienta.
Estas historias breves, son parte de la mochila de historias que he logrado
acumular en mi andar entre escuelas y parcelas de zonas rurales y urbanas, públicas
y privadas en mis diferentes papeles y momentos: como alumna, como maestra,
como directora y como madre …
2. El derecho emergente a una pedagogía enfocada al cuidado de
la Tierra y de los seres humanos
Un derecho emergente que construya la vía para el derecho humano
a la salud es la educación para una ciudadanía planetaria. La ecopedagogía,
es un modelo pedagógico que en su ejercicio conmina a la reexión y práctica
de elementos básicos para que todos los seres humanos, pero sobre todo los
más vulnerables: mujeres, indígenas, niños cuenten con la posibilidad de vivir
en contextos ambientalmente sanos, socialmente justos y economicamente
equilibrados.
Nuestro medio ambiente, el conjunto de los elementos que permiten la
sobrevivencia humana en la Madre Tierra, está cada vez más deteriorado, y pocos
han entendido que el deterioro del estado de la naturaleza va en detrimento
directo de la calidad de vida de los hombres. Por ello conmino como una petición
urgente para el acceso al derecho humano a la salud y una vida digna, a que todos
los niños tengan acceso a una ecoformación que poco a poco anque, apoyada
en procesos interculturales, humanitarios, sustentables y justos, las bases para un
mejor mundo para todos quienes habitamos esta Tierra.
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La Ecopedagogía como Derecho Emergente
Entre días similares a los narrados en párrafos anteriores, comencé hace un
par de años a pensar en alguna o algunas formas para hacer que los niños y jóvenes
anhelen ser biólogos, ecólogos, antropólogos, no solo ingenieros mecatrónicos
o publicistas y más aún que desde cualquier profesión u ocio que les llene el
corazón cuiden nuestra casa común, la Tierra.
Antes de las ideas me asaltan muchas preguntas ¿Por qué muchos jóvenes
de zonas ricas en biodiversidad y con numerosas posibilidades de desarrollar
proyectos comunitarios crecen desdeñando la riqueza de sus ecosistemas? ¿Por
qué muchos jóvenes de las zonas rurales anhelan concluir la educación básica
para irse de sus comunidades a buscar el éxito en las grandes urbes? ¿Por qué
las carreras de áreas biológicas y sociales tienen cada vez menos auge entre los
jóvenes? ¿Por qué los jóvenes desconocen el vasto conocimiento ecológico de sus
abuelos si día a día conviven con ellos? ¿Cuántas plantas más ya no conocerán los
jóvenes que hoy están en las aulas de los bachilleratos y preparatorias ni sus hijos
y nietos?
Muchas son las razones de esta “laguna de conocimiento generacional”,
entre ellas, que le han vendido a los mayores la idea de que sus conocimientos
no sirven: la escuela dice que solo la medicina cientíca es válida y conable;
la FAO y los técnicos de las dependencias proclamaron durante décadas que la
buena alimentación se basa únicamente en los huertos de hortaliza (brócoli,
zanahoria, colior -y otras plantas no endémicas de su región-). Las instituciones
han invalidado sus saberes.
El sistema de vida occidental, privilegia la urbanización, centra la calidad de
vida en los edicios y ocinas, se habla solo del lado bonito y cómodo de este sistema,
poco se exhibe y menos se discute la sobreexplotación de los mantos acuíferos,
la insuciencia alimentaria, la desnutrición, la propagación de monocultivos y su
culpa en la infertilidad de los suelos y en la pandemia de cáncer, la proliferación
de plagas y enfermedades agrícolas, pérdida de biodiversidad, la extinción de ora
y fauna son temas solo de libros de poca circulación, de investigaciones sociales
con pocos lectores, poco se ocupan de ello las instituciones, las políticas públicas.
Somos sociedades producto del desarraigo, del olvido de los vínculos de respeto y
amor.
¿Cómo pedirle a la madre tierra una oportunidad? ¿cómo queremos
aprender a salvaguardar los mal llamados recursos naturales si no nos sentimos
parte del mismo entramado de vida? ¡¿Cómo le pedimos a las nuevas generaciones
que deendan lo que no conocen, lo que no aman?!
De entre estas preguntas siento urgente, tajante conectar desde
pequeños a los niños y jóvenes con la tierra, o quizá lo propio sea decir “no romper
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Yuri Angeles Mercado
ni distraer el vínculo que todo niño posee con su biólogo interior” y que los adultos y
las instituciones educativas cortamos en aras del orden y la pulcritud.
Los programas educativos actuales, están allanando el camino para que
las empresas del fracking, la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas envasen los
tesoros de nuestras sierras y bosques y vomiten sus venenos sobre los ríos sin que
nadie se los impida.
Contextualizar la educación en el medio rural, discutir en las escuelas de
las zonas urbanas la degradación ambiental que causa nuestra vida citadina, son
demandas legítimas que aluden a la defensa de la vida.
No solo los biólogos, ecólogos, antropólogos y anexas pueden cuidar a
la Tierra, toda persona cualquiera que sea su talento y ocupación debe y puede
cuidar el delicado ritmo de nuestro planeta y sus ecosistemas. Todos, incluidos los
ingenieros en mecatrónica pueden ayudar a cuidar la vida.
Pero por qué tanto en las ciudades como en el campo es aún bajo el
porcentaje de personas que se ocupa (y no sólo se preocupa) de cuidar el medio
ambiente. Hay una frase que dice nadie ama lo que no conoce, yo le agregaría que
lo que no ama y no siente parte de sí mismo, todos conocemos a las ores, hemos
escuchado alguna vez en la vida el canto de las aves pero no los amamos porque
nadie o muy pocos estamos conscientes de lo importantes que son para nosotros
y nosotros para ellos, nosotros disfrutamos de la existencia gracias a muchas de
sus funciones, tristemente ellos de nosotros reciben “explotación” término fuerte
y egoísta (en mi opinión), nosotros somos peligrosos para la existencia de los
ellos que estuvieron antes que nosotros en el camino de la evolución, nosotros
exterminamos bosques, desecamos ríos.
Los seres humanos también construimos, sí, construimos enormes
edicios y centros comerciales, creamos aviones y naves espaciales, exploramos
el espacio exterior pero no hemos logrado tornar el agua salada en agua dulce
y potable, no hemos logrado detener la extinción masiva de especies ¿Qué
haremos cuando agotemos o envenenemos por completo los mantos acuíferos?
¿Quién se ha ocupado (de nuevo insisto, no solo hay que preocuparse) de hablar
de estas cosas con los niños y jóvenes? A nosotros, los adultos del hoy, ¿quién nos
enseñó estas cosas?, ¿quién nos provocó estas dudas y cuándo? En un ejercicio
rápido, ¿quién de los que me lee pensó en su vínculo con la naturaleza cuando
era niño o joven? ¿Quiénes lo pensaron ya por ahí de la universidad o todavía
más adelante?
Chomsky en Esteva (2011) postulaba que nuestros padres y abuelos
le compraron tanto al sistema la idea de que solo la escuela educa a los niños
y jóvenes, que le conrieron toda la conanza y responsabilidad en la labor, no
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La Ecopedagogía como Derecho Emergente
se involucraron y autocensuraron sus conocimientos sobre el amor y respeto a
la madre tierra, sobre las formas amigables de producir sin químicos, haciendo
policultivos, la milpa y el cafetal diversicado y los resultados hoy saltan a la vista.
La Lista Roja de la UICN, que es la fuente más completa de información
sobre el riesgo de extinción de especies de plantas, animales y hongos, ahora
incluye 85.604 especies, la mayoría de nosotros no alcanzaremos ni a conocerlas
antes de que se extingan (UICN, 2016).
En agosto del año 2017 (el día 8 para ser exactos) hemos sobrepasado la
capacidad regenerativa de la Tierra. Esta fecha marcó el punto de inexión entre lo
que consumimos y lo que es capaz de regenerar el Planeta cada año, según datos
de la Global Footprint Network (GFN), para el análisis de la huella ecológica. De
continuar con el ritmo de “desarrollo” (o modelo de consumo actual), la humanidad
necesitaría 1.6 planetas para satisfacer su demanda de recursos naturales. El Día de
la Sobrecapacidad de la Tierra, implica que la demanda anual de recursos naturales
de la población mundial excede lo que la tierra puede regenerar en ese año. Este
“décit ecológico” fundamentalmente se debe a que emitimos más dióxido de
carbono a la atmósfera de lo que los océanos y bosques pueden absorber y a que
agotamos las pesquerías y talamos los bosques más rápido de lo que se pueden
regenerar (WWF, 2017).
El agua dulce y limpia que podemos usar para consumo humano está
también en límites cercanos al agotamiento, los hielos polares se están derritiendo
y pocos muy pocos están trabajando para revertir todo esto.
3. La hipótesis
El arraigo a la Tierra en su sentido ambiental y socio cultural, se fortalece o se rompe
en casa y en la escuela desde los años más tiernos de la infancia. Esta ruptura tiene
como consecuencia muchos de los problemas socioambientales que hoy tienen
al planeta enfermo y ponen en riesgo nuestra propia sobrevivencia como especie.
3.1 Las formas de enseñar-aprender ecología y algunas posibles
respuestas
La gran mayoría de escuelas en México no cuenta con elementos que
propicien el amor a la tierra, son pocas las áreas verdes, menos aún las parcelas
escolares o los jardines botánicos y ni qué decir de los programas de ciencias
naturales que desde la educación básica nos enseñan a servirnos de la Tierra y no a
cuidarla, respetarla y amarla.
Leo los libros de texto gratuito de mis hijos y recuerdo una cita de Ángela
Antunes para el prefacio del libro “Pedagogía de la Tierra” de Moacir Gadotti (2000):
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“En la escuela había visto una Tierra tan diferente …
aprendimos que es uno de los nueve planetas que giran en torno al
sol y que es una gran esfera rocosa … su interior es muy caliente y su
corteza rica en minerales y vegetales. Los mares y océanos ocupan la
mayor parte de su supercie. Los hombres y las mujeres que habitan
este planeta son un éxito…construyen todo tipo de máquinas
para tierra, aire y agua. Poco me enseñaron de como la Tierra fue
dominada, sometida, esclavizada, dividida en países con inmensas
y terribles fronteras. No me hablaron de un planeta despedazado,
mutilado y estéril por la lógica de un sistema de producción que no
ve a la naturaleza como parte de nosotros y que poco se preocupa
por su destrucción. No me explicaron la relación entre las precarias
condiciones de vida y la política económica industrial y ambiental.
Me eximieron con ello de toda responsabilidad en cuanto al desagüe
a cielo abierto, a la basura acumulada en las calles. Oí, escribí. Muy
poco fue lo que sentí. Menos aun lo que vivencié”.
Me leí en ella y vinieron a mi mente las caras de sorpresa e incredulidad
de mis primeros alumnos interculturales, sorprendidos al escuchar sobre la
sostenibilidad y que tanto, trata de imitar o basarse en los saberes tradicionales,
en la certeza y sabiduría de sus abuelos totonacos evidenciada en los cafetales
diversicados que se resistieron a tornarlos monocultivos.
4. Mis primeros pasos conscientes hacia la ecopedagogía
Con esta carga de dolores e ideales, comencé en 2015 mi proyecto
de maestría (en Educación para la interculturalidad y sustentabilidad) en dos
bachilleratos de Cuautinchan, un municipio muy cercano a la capital del Estado de
Puebla, el cual fue un gran señorío prehispánico y sitio de gran importancia por su
ubicación estratégica durante la colonia.
Este otrora próspero municipio, hoy no ofrece prácticamente nada a sus
jóvenes, los campos agrícolas están abandonados, la actividad ganadera se limita
al traspatio no es una actividad económica que brinde sustento a las familias. La
mayoría de los adultos y jóvenes a partir de los 18 años se trasladan diariamente a
la ciudad para ganarse la vida como albañiles, obreros y empleados de comercios
de mediana talla.
Aunque la migración permanente no es signicativa, casi ninguno de
los habitantes en edad productiva obtiene sus ingresos dentro del municipio y
menos visualizan en su imaginario de futuro su permanencia en él. Los jóvenes
que tienen, aunque con mucho esfuerzo, la oportunidad de prepararse en el nivel
medio superior, anhelan dejar este lugar para no volver.
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Mayores elementos representativos de esta incongruencia e insensibilidad
que me preocupaba, encontré en el programa de biología para quinto semestre de
bachillerato al comenzar a preparar mi propuesta de trabajo “ecopedagógico” con
los jóvenes.
En el proyecto, intervine, los programas de Biología II (quinto semestre)
y Ecología y Sustentabilidad (sexto semestre), con actividades especícamente
de refuerzo. Deplorable encuentro lineamientos tan absurdos como que para la
unidad de biodiversidad en una zona rica en biodiversidad, se vea en el aula un
documental sobre el tema para posteriormente buscar en “fuentes conables”
información de especies en peligro de extinción y dinámicas evolutivas, (de ahí mi
relato inicial) ¿por qué no en lugar de correr las ventanas e impedir la luz del sol
para ver el ciclo de vida de los elefantes africanos, salen los profesores a caminar
con sus estudiantes para dar valor a los zacatuches, lagartijas, felinos, mamilarias
y orquídeas y tantas otras especies vegetales y animales de su entorno? ¿por qué
las “fuentes conables” no son sus padres y abuelos, los que llevan más de una
generación observando el ritmo de la vida en su comunidad?
Con este programa de estudios, promotor de lo ajeno, la buena voluntad y
el honestamente poco entusiasmo inicial de los jóvenes de los dos bachilleratos más
grandes del municipio, comencé a intervenir con actividades lúdicas y orientadas
al compartir generacional de conocimientos las actividades de las asignaturas del
área biológica del último año de bachillerato.
Comencé a tratar de desarrollar estrategias eco pedagógicas como las que
postulan Gadotti, Gutiérrez y Zingaretti, Bo y Morin, esa pedagogía que basada
en el juego y la convivencia constante y amorosa con la Madre Tierra apuesta por
despertar en los niños y jóvenes una “ciudadanía planetaria” que no es otra cosa que
“una sociedad que no humille a nada ni a nadie, que ejerza la ciudadanía de manera
cotidiana, que participe en la vida colectiva tratando de mejorar las condiciones de la
alteridad” (Zingaretti, 2008).
La ciudadanía planetaria es una consecuencia inexcusable de esta
percepción generalizada de los seres humanos de vivir en un mundo interconectado.
Si Gaia, como arma Lovelock (1989: 80 y ss), es un sistema complejo que se
autorregula de forma inteligente, nosotros, como parte de él, debemos contribuir
a su equilibrio dinámico y no al deterioro de sus condiciones que son, nalmente,
el requisito de nuestra supervivencia como especie (Novo y Murga, 2010). Esta
ciudadanía, es la que quiero ayudar a construir.
5. El trabajo con los jóvenes de Cuautinchan
De los chicos que integraban mi grupo de estudio (46 jóvenes de entre
17 a 19 años, originarios del municipio), la gran mayoría se preparaban para el
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ingreso a la educación superior guiándose más por el listado de las carreras mejor
pagadas que circulaba en Facebook y las comodidades que les mostraban como
la serpiente a Adán y Eva los medios de comunicación que por sus vocaciones y
pasiones. Cuando yo les cuestionaba sobre cómo se proyectaban a sí mismos en
5, 10 y 15 años, los imaginarios de futuro incluían viajes, ocinas, coches del año,
esposos guapos.
Cinco jovencitas especícamente, debatían con sus familias entre lo que
anhelaban ser y lo que les generaría mayores ingresos y por ende -decían sus
familias- calidad de vida, una de ellas incluso se matriculó para estudiar química
y no antropología como anhelaba porque casi todos en su círculo familiar y social
le decían que no tendría de que vivir; otra dudaba entre enfermería y biología,
una más entre comunicación y desarrollo sustentable, otras dos entre ingeniería
en alimentos o mejor trabajar que tirar el dinero a la basura, un joven entre
administración y agronomía.
Después de dos semestres de incitarlos a cuestionar el sistema educativo
y económico, de hacerlos jugar en el pasto cada jueves, de instalar un huerto, una
parcela y una unidad de producción de huevo de rancho y una jornada municipal
por el medio ambiente, estos seis indecisos eligieron la opción de su corazón
enlándose a prepararse en carreras vinculadas con el manejo amoroso de la
naturaleza y de los hombres, 3 familias instalaron también su producción de huevo
y casi todos me prometieron cuidar la tierra y enseñar a todos los que pudieran a
cuidarla, -no sé si lo estarán haciendo en todo momento pero sé que se muchas
cosas se movieron en su interior- lo creí ya casi al nal de nuestros “encuentros
eco pedagógicos” cuando dejaron de preguntar si respondían con el corazón o la
cabeza mis preguntas agitadoras.
6. Lo que reina en las instituciones educativas y sus objetivos hoy
Recientemente en nuestro estado se invitaba animosamente a que 200
mil jóvenes ingenieros vengan a cubrir la demanda de ingenieros de Audi y las
nuevas empresas instaladas tanto en la capital como en el nuevo nodo tecnológico
de San José Chiapa, desde luego es “positivo” a simple vista el hecho de la creación
de empleos pero aquí viene el cuestionamiento incomodo de mi sentipensar: ¿por
qué no se impulsó y fortaleció la vocación agrícola y agroindustrial de la región
de San José Chiapa en lugar de volverla el sillicon valley poblano? ¿de verdad esos
jóvenes ingenieros tendrán sueldos y prestaciones de ley que les permitan calidad
de vida? ¿qué implican para los impulsores de este tipo de desarrollo el bienestar y
la calidad de vida? ¿no era opción empoderar a la región desde su vocación original
para que no solo los jóvenes ingenieros sino también los viejos campesinos
tuvieran ingresos para sostenerse dignamente? ¿el impacto ambiental de estas
empresas de verdad será mitigado en el corto plazo?
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Es alarmante desde mi punto de vista, como tantas vueltas al sol después
de que Marx postuló que el capitalismo creó a la educación como el aparato que
moldearía a la gente bajo normas prescritas por él, para incorporarlo al mercado
de trabajo bajo sus especícas condiciones, sometiéndose a su régimen de trabajo
y modo de vida; la fórmula de este sistema educativo y su paradigma siga vigente.
Chomsky señala también al respecto, que para México, la escuela ha
tenido la misma vocación que en el viejo continente, la educación y la policía como
los dos instrumentos principales en la construcción de los Estados nacionales y así
lo es lamentablemente para el mas de 70% de población que vive sin estabilidad
económica y social en nuestro país, sin capacidad de maniobra para cambiar su
situación por más que en ello se empeñen, nuestro sistema funciona, funciona
como una maquinaria perfecta para quienes lo idearon y sus herederos que lo
lideran.
Desde mi locus de enunciación, he visto que la educación en su marco
general ha sido la horma por la cual se ha “modelado” una ciudadanía de
“características especícas” acordes a cada grupo político en turno, puesto que es
el aparato político en el poder quien se encarga de los contenidos curriculares,
es decir, que se enseña sólo a lo que a sus intereses conviene, es juez y árbitro
en decidir qué se aprenda y qué no. Los grupos políticos en sus diferentes turnos
al poder, ostentan la legitimidad de omitir datos e incluso desechar asignaturas
completas si las consideran no anes o útiles a sus objetivos, así como de impulsar
modelos educativos, sean o no, acordes culturalmente a nuestro país y regiones.
7. Más pistas sobre la anti pedagogía ecológica
A casi un año de concluido el proyecto con los jóvenes de Cuautinchan
y después de electrizarme con el discurso de los 200 mil ingenieros, realicé,
aprovechando el vínculo profesional y afectivo que el programa de liderazgo
para jóvenes indígenas de la UDLAP y la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica me han permitido con jóvenes de distintos puntos geográcos y
culturales, una encuesta para tener más elementos de juicio sobre mi hipótesis
de que la educación formal que se brinda en las escuelas no propicia el vínculo
responsable y crítico de los niños y jóvenes hacia la Madre Tierra y que esto, tiene
como consecuencia muchos de los problemas socioambientales que hoy la tienen
enferma y ponen en riesgo nuestra propia sobrevivencia como especie.
La muestra consistió en 84 personas, de las cuales una vive en Francia, una
en Panamá, una en Perú, una en Guatemala, dos en España, dos en Estados Unidos,
cinco en Ecuador y 71 en México (pertenecientes a 14 estados y 19 municipios
diferentes); las edades van desde los 13 a los 54 años, que aunque no están
representados de manera equitativa, son una muestra pequeña pero signicativa
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de cómo las formas de enseñanza-aprendizaje de la ecología de una generación
a otra, han tenido nula evolución y han formado ciudadanos poco preocupados
por la Tierra, así como también aportan una idea clara de cosas que hace falta
hacer y fomentar para revirar el camino de la sociedad homocéntrica hacia una
ecocéntrica.
Fue revelador y reconfortante que más del 80% de los encuestados
propone que la ecología “se viva” y no solo se lea o se observe en una pantalla.
Proponen huertos, viveros y jardines botánicos, proponen viajes temáticos
enfocados al conocimiento de la naturaleza y la escucha de los más viejos, ya
que carecieron de estos espacios y experiencias en su infancia y juventud, y los
consideran hoy, estrategias a seguir para que el arraigo a la Casa Común como la
llama Bo, se erija como un nuevo paradigma de existencia justa para todos los
que la habitamos.
8. La propuesta/contrapropuesta
Ante este panorama de desigualdad, pero a la vez de esperanza inamada
por jóvenes que despiertan del letargo y se organizan para darle la mano al
prójimo, que proponen que “el compromiso social” sea una asignatura obligatoria
que se imparta desde los primeros grados escolares, apuesto aún más a la práctica
cotidiana de la ecopedagogía, al fortalecimiento del vínculo amoroso que todos
los seres humanos traemos de nacimiento.
Propongo la creación de más áreas verdes en las escuelas y las calles,
propongo la convivencia intergeneracional respetuosa y el diálogo de saberes como
generadores de conocimiento, propongo más ecología divertida y productiva en las
escuelas, propongo huertos escolares y jardines botánicos, que los niños cosechen
sus alimentos para que saboreen distinto los vegetales, para enamorarlos de la
naturaleza y llevar la ética del amor y el cuidado consigo a todas partes.
Propongo que los “Derechos naturales de los niños” que Gianfranco
Zavalloni comienza a compilar en Italia y que Rubem Alves retoma en Brasil, sean
un decálogo a seguir por las familias y escuelas de formación básica públicas y
privadas, decálogo que deende:
1. El derecho al ocio. Períodos de tiempo que no estén planicados por
los adultos, tiempo para distraerse.
2. El derecho de ensuciarse. Jugar con la arena, la tierra, la hierba, las
hojas, las piedras, el agua, hacer barro.
3. El derecho de oler. Sentir el placer del olor, reconocer los aromas de la
naturaleza, de las comidas.
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4. El derecho al diálogo. Tener la oportunidad de hablar, de ser escuchado
y también de escuchar a los demás.
5. El derecho a utilizar las manos. Utilizar el papel de lija, encolar, modelar
barro, ligar cuerdas, usar el tacto para reconocer los materiales.
6. El derecho a un buen comienzo. Tomar alimentos sanos desde el
nacimiento, beber agua fresca y respirar aire puro.
7. El derecho a la calle. Jugar libremente en la plaza, caminar por la calle,
poder disfrutar de los pueblos y de las ciudades.
8. El derecho a lo salvaje. Construir una cabaña en el bosque, jugar al
escondite entre las cañas y trepar a los a árboles, bañarse en los ríos,
saltar desde lo alto, caer y levantarse de nuevo.
9. El derecho al silencio. Sentir soplar el viento, el cantar los pájaros, el
borboteo del agua, el rumor de un bosque, la calma.
10. El derechos a los matices. A ver el amanecer y el ocaso y admirar por la
noche la luna y las estrellas.
Sin duda para que estos Derechos sean disfrutados por nuestros
niños hay mucho trabajo por hacer más allá de las aulas, entre ello recuperar la
seguridad y la paz positiva, una paz verdadera basada en la justicia, pero estoy
segura que las generaciones de niños y jóvenes que gocen de estos derechos y
experiencias, se formarán desde aprendizajes signicativos y serán ciudadanos
planetarios, responsables de sí mismos, de su madre la Tierra y de sus hermanos
los hombres.
Bibliografía
BOFF, Leonardo. 2017. La casa común, la espiritualidad, el amor. México, Ediciones
Dabar.
ELORZA MORALES, Miguel Ángel. 2013. Educación libertaria y comunalidad.
México, Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca S.C. / CIPO-RFM.
GADOTTI, Moacir. 2002. Pedagogía de la Tierra. México-Argentina, Editorial Siglo
XXI.
NOVO, María y Murga, Angeles. 2010. Educación ambiental y ciudadanía planetaria.
Rev. Eureka Enseñ. Divul. Cien., Nº7 Extraordinario, pp. 179-186. España, Universidad
de Cádiz.
306
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS AÑO LXXI N° 11 / 2019 ISSN 2519-7592
Yuri Angeles Mercado
UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 2016, Informe
anual.
ZINGARETTI, Humberto. 2008. La ecopedagogía y la formación de los niños. En X
Congreso Nacional y II Congreso Internacional “REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO
XXI”. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
307
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CONSEJO EDITORIAL
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Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Año LXXI – Nº 11
CUARTA ÉPOCA
2019
PÁVEL HUMBERTO VALER BELLOTA (Doctor)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
JORGE POLO Y LA BORDA GONZALES (Doctor)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
JOSÉ BÉJAR QUISPE (Doctor)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
WILBERT BUSTAMANTE DEL CASTILLO (Magister)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
MARCO MARROQUÍN MUÑIZ (Magister)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
ERNESTO LECHUGA PINO (Magister)
Universidad San Martín de Porres, Perú
MARÍA CANDELARIA QUISPE PONCE (Doctora)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Tribunal Constitucional del Perú. Centro de Estudios Constitucionales
JOSÉ MANUEL MAYORGA ZÁRATE (Magister)
Ministerio Público, Perú
LISBETH NÚÑEZ ANDÍA (Magister)
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Perú
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MYRIAM E. YATACO CAVILO (Magister)
New York University, EUA
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
ANTONIO CARLOS WOLKMER (Doctor)
Universidade La Salle, Brasil
PATRICIA GÓMEZ (Magister)
Universidad de Buenos Aires, Argentina
MARKONI GONZALES PICHIGUA (Magister)
Universidad de Paris 13, Francia
JUANA DEL CARPIO DELGADO (Doctora)
Universidad Pablo de Olavide, España
FRANCISCO LETAMENDÍA BELZUNCE (Doctor)
Universidad del País Vasco, España
FRANCISCO JAVIER CABALLERO HARRIET (Doctor)
Universidad del País Vasco, España
HUGO ENRIQUE ORTIZ PILARES (Doctor)
Universidad de Alicante, España
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
José Bejar Quispe
Director de la Escuela Profesional de Derecho
Marco Antonio Marroquín Muñiz
Director del Departamento Académico de Derecho
Jorge Polo y La Borda Gonzales
Docentes nombrados
Alfredo Fernández Ttito
Carlos Quispe Álvarez
Dariberto Palma Barreda
Darwin Alex Somocurcio Pacheco
Edith Chuquimia Hurtado
Elías Julio Carreño Peralta
Guido Muelle Villena
Jorge Polo y La Borda Gonzales
José Béjar Quispe
Juan Enrique Torre Rueda
Liliana Luna Zúñiga
Marco Antonio Marroquín Muñiz
Miriam Helly Pinares Silva
Pável Humberto Valer Bellota
Pedro Crisólogo Aldea Suyo
Silvia Elena Aguirre Abarca
Víctor Germán Boluarte Medina
Walter Heraclio Sarmiento Enciso
Wilbert Bustamante del Castillo
Wilfredo Uscamayta Carrasco
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Docentes contratados
Cerana Antonieta Zuñiga Leva
Clorinda Pozo Roldán
Eduardo Carlos Jayo Silva
Edward Joseph Aranzabal Delgado
Elvis Oroz Figueroa
Ericson Delgado Otazú
Guido Rodríguez Cárdenas
Jenny Elizabeth Suca Lima
Jim Franz Chevarria Montesinos
José Luís Zambrano López
Juanita Soledad Holgado Quehuarucho
Katherin Fanny Latorre Acurio
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Luís Ángel Aragón Carreño
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Ney Alencastre Álvarez
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Yolanda Yunguri Fernández
Yovanh Mendoza Gamboa
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Zynthia Gastañaga Rodríguez
Centro Federado de Estudiantes de Derecho
Roberto Alexis Miranda Chanco (Presidente)
Douglas Andy Sinche Huaman (1° Vicepresidente)
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Vanesa Escobar Marcavillaca (Comisión de Publicaciones)
Estudiantes Representantes ante los Órganos de Gobierno Universitario
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Personal administrativo
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